El capítulo de dolor que se está escribiendo con la sangre de colombianos asesinados (sobre todo los jóvenes) parecía ser historia del pasado. Se había pensado que el macabro recuento de las masacres había quedado en los libros o en bases de datos para consulta. Pero no. En plena pandemia, los grupos armados ilegales de todos los pelambres han recurrido a las matanzas de civiles para amedrentar y para decirles a las poblaciones, a punta de fusil, que quieren mandar en un territorio. Seis masacres se han cometido en los 20 días que han transcurrido en este mes de agosto, que sin duda pasará a la historia.
Estos últimos hechos violentos dejaron 24 víctimas mortales. Entre ellas seis menores de edad, tres comuneros indígenas del resguardo awá de Pialapí Pueblo Viejo, en Nariño, y siete jóvenes menores de 26 años.
Las más recientes masacres sucedieron entre el viernes 21 y sábado 22 de agosto. Tres en menos de 48 horas. El pasado 21 de agosto, al corregimiento El Caracol, de Arauca capital, llegaron con enorme dificultad las autoridades para levantar los cadáveres de cinco personas. Más tarde, en la noche de este mismo día se confirmó el asesinato de seis personas en El Tambo (Cauca). Y a unas horas de la llegada del presidente Ivan Duque a Nariño, el gobernador de este departamento, Jhon Rojas, confirmó la masacre de seis personas, aún por identificar.
Por este motivo, Colombia 2020 indagó con varias instituciones del Estado y con organismos internacionales para presentar ese doloroso panorama de las masacres, pero no obtuvimos respuesta. Así que con información propia y con datos de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes) logramos documentar las 43 masacres sucedidas entre el 11 de enero y el 22 de agosto.
Antes de continuar, aquí hay que hacer un alto. Por las dinámicas propias de este diario, la versión impresa de este artículo alcanzó a registrar, hasta la tarde del viernes 21 de agosto, 41 masacres. Al momento del cierre, se tenía registro de la matanza en Arauca como la más reciente. Nunca nos imaginamos que en menos de 12 horas se presentaran dos crímenes más para que la cifra llegara a las 43 masacres y 181 víctimas mortales. Por este motivo, cabe aclarar que esta versión está actualizada con los últimos registros confirmados.
Durante este período se identificó que Antioquia, Cauca, Nariño, Norte de Santander y Putumayo son los departamentos en los que se han presentado el mayor número de masacres en lo corrido de este año. En estos territorios se presentaron 31 masacres, es decir, el 72 % del total registrado en todo el país. Como es de esperarse, allí se concentra la mayor cantidad de víctimas: 134 de 181, aproximadamente el 74 %.
No es casualidad que estos cinco departamentos sean, además, los más afectados por asesinatos de defensores de derechos humanos. Según la Fiscalía General de la Nación, entre noviembre de 2016 a julio de 2020, en Cauca se presentaron 57 asesinatos a líderes sociales; en Antioquia, 48; en Norte de Santander, 32; en el Valle del Cauca, 26, y en Putumayo, 20.
Y, paradójicamente, en estas cinco regiones se desarrollan los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y están inscritas la mayoría de las familias a los Planes de Sustitución Voluntaria de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), previstos en el Acuerdo de Paz.
Asimismo, cabe resaltar que las víctimas de estas masacres han sido principalmente hombres que habitan en zonas rurales del país. Entre ellos líderes sociales, jóvenes, campesinos, sindicalistas e indígenas.
Además, se encontraron asesinatos múltiples de miembros de una misma familia. Este fue el caso de la masacre en Piamonte (Cauca), en la que acabaron con la vida de cinco miembros de la familia Gasca Ortega. Esto sucedió también en la masacre de Mercaderes (Cauca), en la que asesinaron a cuatro miembros de la familia Narváez Daza.
Hasta ahora las autoridades no han establecido a los autores materiales ni intelectuales de ninguno de estos hechos. Se señalan presuntos autores, pero sin investigaciones concluyentes. En los casos de Samaniego y Cali se ha dicho que hay investigadores élite de la Fiscalía y, como siempre, se han hecho anuncios de investigaciones exhaustivas. En algunos casos se ha dicho que los crímenes obedecen a “ajustes de cuentas” entre narcotraficantes. Los grupos de la disidencia armada de las Farc y las estructuras herederas de la desmovilización paramilitar están en los listados de presuntos autores.
El gobernador de Nariño, Jhon Alexánder Rojas, aseguró que “hay un recrudecimiento de la violencia en varios lugares: Policarpa, Leyva, Tumaco y Llorente. Hay una pérdida de control, porque los espacios que dejó la exguerrilla de las Farc fueron ocupados por delincuentes”.
Tomado de El Espectador
