“Cualquiera pone personas a caminar con unas armas”: general Néstor Robinson Vallejo
Redacción Análisis Urbano
En los últimos días circuló en internet un video en el que se veían integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) aparentemente “patrullando”, en horas de la madrugada y con armas de alto calibre, en el barrio Altos de Niquia, a un kilómetro del batallón de Ingenieros Pedro Nel Ospina del Ejército Nacional, del municipio de Bello. La cinta muestra cómo las personas, en un acto de propaganda armada, dejan banderas con su insignia subversiva y hacen un par de grafitis con sus iniciales.
Esta incursión supuestamente miliciana alertó a las autoridades de Medellín y acto seguido los voceros de la ley y el supuesto orden procedieron a dar sus opiniones. De acuerdo a las declaraciones emitidas, aparentemente la aparición del grupo con el emblema guerrillero prendió las alarmas frente a tres posibles hechos, el último de ellos planteado, de manera un tanto irrisoria, por el general Néstor Robinson Vallejo, comandante de la Cuarta Brigada del Ejército:
Primero, la subversión, desde la época de las milicias, puede estar, nuevamente, haciendo presencia en las laderas y barrios populares de Medellín. Segundo, realmente nunca se fue y lo que hizo para garantizar su operatividad y supervivencia fue volver su modelo original clandestino y compartimentado en lo urbano, sin perder su accionar. Y tercero, según el general, “No hay una evidencia física de presencia del ELN en Bello ni el área metropolitana. Cualquiera pone a personas a caminar con unas armas”.
En conclusión, cualquiera de estas tres premisas sólo llevan a los mismo: las operaciones militares, o intentos de recuperación de territorio a través de retomas armadas por parte de la fuerza pública, son un fracaso; y lo son aún más en Medellín en donde las autoridades aparentemente hacen del territorio paisa una especie de tablero del famoso juego de mesa Risk, en donde remueven un ejército por otro.
En esta ciudad aparentemente, removieron a un grupo miliciano y en su lugar dejaron instalado un grupo paramilitar, que aún hoy, con otras siglas, opera por barrios populares, laderas, corregimientos y hasta en el centro de la ciudad. De otra forma no adquiere sentido la declaración del general Néstor Robinson Vallejo cuando dice que “Cualquiera pone a personas a caminar con unas armas”. ¿Cualquiera? Cualquiera puede ser un tendero, un vecino, un vendedor de periódicos, un columnista, un abogado, un estudiante, un ingeniero, un miliciano, un policía, un mafioso, un paramilitar o un comandante de la IV Brigada del Ejército Nacional.
O tal vez lo que el comandante quiso decir, sin encontrar el modo de explicarse bien, por lo vergonzoso del asunto, fue que cualquier grupo armado ilegal de esos que controlan en un 70%Medellín, y el total del municipio de Bello, tienen el poder y el control territorial, que no ostenta la fuerza pública, para poner a unos muchachos y muchachas a desfilar con armas de alto calibre en una muestra de poder que, sea o no guerrillera, sólo indica una cosa: hay personas armadas ilegalmente allí.
La falla militar
Desde AnalisisUrbano.com se replicó el video por considerarlo noticioso, sin embargo, y aunque se conocía la existencia del mismo hacía dos meses, este portal web no hizo propia la primicia. Por el contrario, se esperó para ampliar un poco la información pero el sitio web prensapaisa.blogspot.com, portal de noticias de amplia circulación de información y asidua visita de lectores, publicó el video. AnalisisUrbano.com, entonces retomó el link de Prensa Antioqueña y, como se escribió anteriormente, lo replicó.
La respuesta no se hizo esperar, y las autoridades salieron a desmentir, desviando el debate fundamental que es la presencia de los grupos armados en la ciudad metropolitana, y se centraron en el hecho de si el video era nuevo o viejo, o si era el ELN o no. Así mismo, sin prueba alguna y denotando la animadversión antipatía que siente por Luis Fernando Quijano, director de AnalisisUrbano.com, y por la ong defensora de derechos humanos CORPADES, el comandante de la VII División del Ejército, brigadier general Leonardo Pinto, con vanidad mccarthista, declaró ante el periódico El Colombiano: “No creo en la información de Corpades; Quijano es una persona manipuladora de la información”.
El general Leonardo Pinto al parecer desconoce la directiva presidencial 07 del 99, en la cual ordena a “todos los servidores públicos”, categoría de la cual hace parte el general, abstenerse de: “Cuestionar la legitimidad de las organizaciones de Derechos Humanos y sus miembros, que actúan de acuerdo con la Constitución y las leyes; realizar afirmaciones que descalifiquen, hostiguen o inciten al hostigamiento a las mismas organizaciones; y emitir declaraciones públicas o privadas que estigmaticen la labor propia de estas organizaciones”. Igualmente, la directriz ordena que ”todos los servidores públicos abstenerse de hacer falsas imputaciones o acusaciones que comprometan la seguridad, así como la honra y el buen nombre de las organizaciones de Derechos Humanos y sus miembros”.
Tal vez es un nuevo caso de pésima comprensión lectora por parte de un miembro de la fuerza pública, en este caso del general Leonardo Pinto. Sin embargo, AnalisisUrbano.com explica, a modo de manual de comprensión de la norma para el Dummie ejército, que esta directriz lo que ordena es abstenerse del señalamiento público a los defensores de derechos humanos, indicando así mismo que el modo de proceder en lugar de la estigmatización, es “en caso de conocimiento de algún hecho delictivo cometido por miembros de estas organizaciones, es un deber informar a la autoridad judicial competente”.
No está de más recordar también la directriz 012 del 2010 de la Procuraduría General de la Nación, la cual insta al general Pinto y al resto de miembros de la fuerza pública y autoridades nacionales, entre otros, a “respetar y garantizar la labor de los y las defensoras de derechos humanos y a abstenerse de hacer falsas imputaciones o acusaciones que comprometan la seguridad, la honra y el buen nombre de los defensores de derechos humanos (…)”. También solicita acatar lo señalado en la Directiva Presidencial 07 de 1999 y en la 09 de 2003 del Ministerio de Defensa.
De acuerdo a esta última, en teoría, el general Juan Pablo Rodríguez Barragán, comandante general de las Fuerzas Militares, debería hacer el llamado de atención al subalterno brigadier general Pinto, ya que según la directriz del Ministerio de Defensa, el comandante tiene el deber de “Impartir las instrucciones necesarias para que el personal de la Fuerza Pública se abstenga de hacer declaraciones infundadas que puedan exponer la integridad de líderes sindicales o Defensores de Derechos Humanos”.
Las declaraciones tanto del comandante de la VII División del Ejército, general Leonardo Pinto, y del general Néstor Robinson Vallejo, comandante de la Cuarta Brigada del Ejército sólo desviaron la atención del problema real: las laderas de Medellín y el valle de Aburrá se rigen bajo otra ley y otro orden del cual la fuerza pública es el gran ausente.
El ELN llevó a cabo lo que se conoce como una actividad de propaganda armada y fue hecha los primeros días del pasado mes de julio, en simultáneo con Cúcuta, Bogotá y Arauca, en conmemoración de los 50 años de existencia que cumple el grupo subversivo. La actividad, interpretando los hechos, se puede tomar como una muestra de poderío de este grupo para presionar sobre los diálogos que está sosteniendo con el Gobierno Nacional. Las facciones milicianas de esta guerrilla son conocedoras, por su amplia experiencia, de la guerra urbana ya que, en últimas, fueron ellos, las milicias de las Farc y los Comandos Armados del Pueblo (CAP), quienes resistieron por más de un año el embate militar de la fuerza pública.
Por tal razón y en la misma línea de los diálogos de paz que se sostienen tanto con el ELN como con las FARC, la institucionalidad del ‘Medellín Metropolitano’ y la departamental debería estar planteándose la propuesta de los diálogos urbanos metropolitanos como salida real al conflicto urbano de Medellín y su área metropolitana, propuesta que hace más de un año lanzó la ong CORPADES en una rueda de prensa.
Estos diálogos deberían tener cabida para todos los actores de la guerra, pero no en una mesa conjuntan pues deben tenerse siempre presente las diferencias de historia, origen e ideología, sino en mesas distintas de diálogo y posible negociación.
Es un error pensar que la acción de los grupos guerrilleros sólo se da en los espacios rurales; como es un error creer que los paramilitares se desmovilizaron. Sin embargo, son errores recurrentes en los que cae, de manera continua, la fuerza pública, tanto militar como policial. Tal vez serán grandes fallas en sus labores de inteligencia, negligencia en la forma de operar, corrupción al interior de su estructura o simplemente incapacidad de reconocer el fracaso. No obstante, ya es hora de corregir el actuar y de escuchar a la población civil cansada de las balaceras y de aportar cuotas inocentes a los índices de muertes violentas de la ciudad.
Y, especialmente, ya es hora de prestar atención a las organizaciones que se dedican a la investigación del conflicto urbano, no más distracciones sobre este problema que atraviesa Medellín y su área metropolitana: la salida del conflicto urbano debe ser dialogada y negociada y no a través de la fuerza bruta, que en el caso de los organismos militares de esta ciudad tienen más de la segundo que de lo primero.
O a futuro se saludará bienvenidos al valle criminal de Medellín, o Welcome to Criminal Valley ya que estamos en una ciudad que, aparentemente, se está vendiendo de servicios al extranjero.