La imagen del presidente interino de Venezuela con dos jefes paramilitares fue un escándalo internacional, en septiembre de este año. Cañizares fue quien hizo la denuncia. Es defensor de derechos humanos y lidera la búsqueda de desaparecidos en el Catatumbo.
Cúcuta es una ciudad que no le guarda secretos a nadie, asegura Wilfredo Cañizares cuando se le pregunta cómo obtuvo las fotos donde aparece el autoproclamado presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, con El Brother y El Menor, dos comandantes del grupo paramilitar Los Rastrojos.
Era el 22 de febrero, día del concierto Venezuela Aid Live que se hizo en la frontera entre Colombia y Venezuela. Llegó Juan Guaidó y fue recibido con aplausos y el saludo del presidente Iván Duque. A lo largo de ese día a Cañizares le llegó información de que el político de la oposición venezolana había entrado por el corregimiento de Aguaclara. “Es lo primero que nos llama la atención. Esa es la ruta de Los Rastrojos, controlan la vida y la muerte ahí. No se puede pasar con una caravana como si nada. Me puse a averiguar con gente de Puerto Santander y efectivamente cruzó esa zona. Hicimos esa primera denuncia durante el concierto y, por supuesto, nadie nos oyó”.
Cañizares conoce como pocos las dinámicas de violencia en el Catatumbo. Nació y ha vivido sus 55 años entre Ocaña y Cúcuta, y como defensor de derechos humanos ha investigado la conformación de grupos armados en esa región y su distribución a lo largo de la frontera con Venezuela. Por eso señaló, tras la llegada de Guaidó, que por allá no se podía cruzar sin haber hecho un acuerdo con Los Rastrojos.
La confirmación de su primera denuncia le llegó a finales de agosto. Alguien lo abordó y le pidió que lo acompañara porque querían corroborar la identidad de unas personas en unas fotografías. Era Guaidó abrazado con dos de los jefes del grupo armado. Wilfredo las publicó el 12 de septiembre de 2019 en su cuenta de Twitter y de inmediato se convirtieron en un escándalo nacional e internacional.
Pero no se quedó solo con la foto. Fue a ese territorio y habló con la gente, reconstruyó el camino que había tomado Guaidó y encontró que, por órdenes de Los Rastrojos, nadie en Puerto Santander estaba autorizado a salir de sus casas durante el tiempo que duró el paso del presidente interino venezolano.
La denuncia que hizo en redes tuvo repercusiones en su seguridad. Arreciaron las amenazas —pues su trabajo como defensor siempre lo ha puesto en riesgo—, tuvo que salir durante tres semanas de Cúcuta.
“Con la Mesa Nacional de Garantías de Defensores de Derechos Humanos incluso pensamos en que me sacaran del país y estuve a un pelo de irme, porque la situación estaba realmente pesada. En Puerto Santander empezaron a preguntar quién había entregado la información y mataron a un poco de gente”, asevera.
Desde la incursión paramilitar en Norte de Santander, en 1999, no se sentía tan acorralado. Sin embargo, decidió quedarse en Cúcuta a pesar del riesgo. Si se va por las amenazas, dice él, tendría un gran impacto sobre las organizaciones de víctimas y comunidades que trabajan con la Fundación Progresar, organización de la que fue miembro fundador hace casi veinte años y hoy dirige.
Progresar recibió en 2018 a más de 4.500 víctimas del conflicto armado, sobre todo por desaparición forzada. Trabaja en quince municipios de Norte de Santander y los 17 miembros que la conforman acompañan a más de 600 familias en la búsqueda de sus seres queridos desaparecidos. El equipo de la fundación ha sido víctima de robo de información y seguimientos, pero aun así continúan.
Este año su nombre fue conocido a escala nacional por las denuncias que hizo de Guaidó, pero hay un largo trabajo como defensor de derechos humanos que lo ha convertido en fuente de consulta, porque de memoria puede decir en qué parte de la zona están el Eln, el Epl, las disidencias de las Farc, Los Rastrojos y los Gaitanistas, todos los grupos armados que se disputan el control de la frontera.
Cañizares sostiene que ser defensor de derechos humanos en el Catatumbo es vivir todo el tiempo al límite. Asumió la dirección de Progresar en el momento más fuerte de la violencia en la región. Sufrió un atentado en el 2001 y siempre estuvo en las listas de amenazados que sacaba el Bloque Catatumbo en esa época. Las Farc también declararon a Progresar como objetivo militar por sus denuncias de reclutamiento a menores. “Yo tengo veinte años de no ir a cine en Cúcuta, de no ir al estadio o un evento público los fines de semana; no salgo después de las 6:30 p.m. ni tengo vida social, pero lo he asumido y naturalizado”.
Su pasado también lo lleva a comprender mejor las dinámicas del conflicto. En sus últimos años del colegio se vinculó al Partido Comunista y en 1984 entró a militar en el Epl hasta su desmovilización, en 1991. “En ese momento estuvimos empujando el desarme, la constituyente y los acuerdos de paz con el M-19 y el PRT”. Agrega que, contrario a muchos de sus compañeros que volvieron a las armas, él se dedicó a trabajar por la reconciliación y los derechos humanos. Hoy su obsesión es presionar a la institucionalidad para que localicen, busquen e identifiquen a las personas desaparecidas por el conflicto.
“Es un drama muy duro. No hay peor dolor que buscar a un familiar que no dejó rastro. Es muy doloroso ver a esa familia sola de un lado a otro pidiendo apoyo, exigiendo y buscando sin ninguna respuesta”, señala.
En tantos años, Progresar solo ha logrado encontrar a dos o tres personas desaparecidas, pero tienen información y localización de fosas comunes y lugares donde se supone que están enterradas la mayoría de víctimas. Sin embargo, es como darse contra la pared, según dice él, porque las autoridades no se movilizan para la búsqueda.
Las pequeñas victorias tanto para Progresar como para las familias está en que se active, por ejemplo, ese mecanismo de búsqueda o que un fiscal los escuche; pero el logro más grande ha sido cohesionar a los familiares para hacer incidencia y que muchas de las mujeres que encabezan la búsqueda se hayan convertido en lideresas.
Tomado de El Espectador
