San Salvador, 4 dic (EFE).– La Oficina en Washington de Asuntos Latinoamericanos (WOLA) recomendó este miércoles al Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que determine si se violó o no la Carta Democrática en El Salvador, país donde considera que «el estado de derecho se ha roto».
«El Consejo Permanente de la OEA debería hacer una revisión de la situación política de El Salvador y determinar si ha habido una violación a la Carta Democrática», señaló WOLA en una nota en la que analiza la situación del país en el contexto de un régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022.
Indicó que «El Salvador enfrenta una alta concentración del poder, falta de independencia judicial y un deterioro de las instituciones democráticas».
Agregó que la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos «recobra importancia debido a los fuertes vínculos de (Nayib) Bukele con el Partido Republicano y a círculos cercanos del presidente electo».
«Parece poco probable que el Gobierno de Estados Unidos, bajo cualquier presidente, inste a que se ponga fin al estado de excepción, a pesar de las graves violaciones a los derechos humanos que implica», apuntó WOLA.
Sin embargo, para este ente, existen «acciones urgentes que los tomadores de decisiones estadounidenses deben considerar para atender la crisis de derechos humanos y democracia en el país».
Entre estas señaló que se debe «instar a que se restablezca el debido proceso para los detenidos y oponerse a las reformas constitucionales que permiten la detención arbitraria, la prolongación de la prisión preventiva, entre otras posibles reformas».
Esto último en referencia a la influencia que tiene el presidente salvadoreño en el Congreso, en el que el partido oficialista Nuevas Ideas (NI) y sus aliados poseen 57 votos de los 60 diputados, por lo que «no hay certeza sobre el tipo de reformas a la constitución que podría promover Nayib Bukele».
«Existe el temor de que busque institucionalizar las medidas de seguridad estipuladas bajo el régimen de excepción las cuales son violatorias a los derechos humanos o reformar el sistema republicano de separación de poderes», advirtió WOLA.
El Gobierno salvadoreño atribuye al régimen de excepción, aprobado tras una escalada de asesinatos en marzo de 2022, la reducción de los homicidios hasta una tasa de 2,4 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2023, que en 2019 era de 38 y que venía cayendo desde 2015, cuando superó el índice de 100.
Las autoridades reportan más 86.000 registros de detenciones de supuestos pandilleros, de las que 8.000 personas habrían sido liberadas y que, según Bukele, eran inocentes de los cargos.
Las organizaciones humanitarias han registrado más de 6.400 denuncias de violaciones a derechos humanos y unas 340 muertes de detenidos en custodio estatal, incluso con señales de violencia.
EFE