¿Y la paz en Colombia para cuándo?

Varios desmovilizados de las FARC marchan, en Bogotá, mientras exigen al Gobierno la protección a sus vidas y otros asuntos relacionados con la implementación del acuerdo de paz, en una fotografía de archivo. EFE/Mauricio Dueñas Castañeda
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Ni el Acuerdo de paz ha traído tranquilidad a los colombianos, pues cuando no hay voluntad de cumplir con lo pactado es muy difícil que en los territorios del país se pueda vivir sin miedo.

Por: Yurany Alzate( @yuranyAlzate1 )

Colombia, 14 enero de 2022.- En el año 2016 se firmó el Acuerdo de Paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), hecho que fue un hito para el mundo, pues el país llevaba más de 50 años en un guerra con este grupo armado que dejó miles de víctimas inocentes.

No solo la comunidad internacional se alegró por esa firma, sino que también los colombianos celebraron. En un inicio volvió la esperanza, se fue el miedo y la tranquilidad de recorrer el campo de este país estaba en cada corazón de las personas que vivieron directamente la guerra.

Esa tranquilidad no duró mucho. En el 2021 se cumplieron cinco años de la firma de la paz, pero el pasado violento del país aún está vigente. Volvió a surgir. El año pasado, aproximadamente 46.321 colombianos tuvieron que desplazarse por la violencia que vivían en sus territorios y que ponía en riesgo sus vidas.

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Esa cifra es solo una muestra de lo difícil que es hablar hoy de paz en Colombia. Los homicidios, el desplazamiento forzado, los enfrentamientos entre bandas armadas y la producción de cocaína aumentaron, según múltiples conteos.

El expresidente colombiano Juan Manuel Santos (i), se saluda con el exlider de las FARC Rodrigo Londoño (d). Foto de archivo. EFE/Francisco Guasco

Organizaciones como el Proceso Social de Garantías para Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, han denunciado que el aumento de la violencia en el país se da por la ineficiencia del presidente Iván Duque, quien según denuncian es un crítico del proceso con las FARC, por ello,  no ha sido proactivo en su implementación de la paz.

Cabe también resaltar que después del desarme de las Farc surgieron múltiples grupos, desarticulados y heterogéneos, que intentan usar los símbolos y lenguajes del pasado para justificar su único interés: lucrarse de las economías ilegales sin tener unas autoridades competentes que eviten la expansión de estos por todo el territorio colombiano.

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Entre esos grupos criminales que hoy acechan el país están: las disidencias de las Farc, que son quienes no se acogieron o renunciaron al proceso de paz que en 2016 desmovilizó a 13.000 guerrilleros; el Ejército de Liberación Nacional, el Ejército Popular de Liberación y grupos paramilitares como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) quienes surgieron  las cenizas del movimiento paramilitar colombiano y se convirtieron en la fuerza criminal dominante en Colombia, con un alcance a nivel nacional.

Aunque se puede decir que las AGC son el grupo paramilitar que más fuerza ha tomado en el país, hay otros como Los Rastrojos, fuertes en la frontera con Venezuela, y la Oficina de Envigado, que también delinquen y son responsables de las multiples denuncias que se presentan a diario por la violación a los derechos humanos. 

La delincuencia común también es otra de las problemáticas del país. En Medellín, por ejemplo, hay  alrededor de 350 combos, la mayoría subordinados a entre 15 y 20 bandas criminales. Los niveles de ‘gobierno criminal’ varían mucho a lo largo de la ciudad. En algunos barrios los combos son la autoridad pues, con motivo de algunos tipos de problemas, ejercen más funciones de gobierno que el Estado, así lo establece una investigación de la Universidad Eafit y la Universidad de Chicago e Innovations for Poverty Action (IPA).

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Existe en Colombia una incapacidad histórica del Estado de ejercer control sobre el territorio. Acá la presencia estatal se limita al envío de soldados para las zonas complejas, sin tener en cuenta que las comunidades necesitan otras ofertas institucionales para que los niveles de violencia no aumenten, ni mucho menos la participación de jóvenes en los grupos armados.

Mientras hay un Gobierno indolente que no escucha las denuncias de las organizaciones sociales, las comunidades continúan en zozobra, esperando qué grupo armado ilegal llegará a dañar la tranquilidad, a exponer sus vidas, a desplazarlos de sus viviendas, a reclutar sus hijos o hijas, a desaparecerlos. Continúan con miedo porque en Colombia no hay seguridad.  

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