Paz sin esclavitud en Colombia

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Apunte Urbano

La trata de personas evidencia la vulneración a los derechos humanos; en Colombia dicha práctica criminal ha sido protegida y desarrollada por mafias y paramilitarismo, en otras palabras, crimen urbano-rural mezclado con paraestado y apoyado por un sector de la institucionalidad, además de la alianza con el crimen transnacional; juntos han convertido la trata de personas en un gran negocio que mueve cifras de dinero nada despreciables.

Nuestro país ratificó el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente de Mujeres y Niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, que ha sido reconocida como la Convención de Palermo, promulgando la Ley 985 de 2005, coherente con el protocolo y que esboza la forma de abordar integralmente este delito.

Esta ley modifica, además, el Código Penal colombiano sobre el tipo punitivo de la trata de personas, e igualmente adiciona otros elementos que son: prevención, asistencia y protección a las víctimas, además de la construcción de un sistema de información, realización de estudios e investigaciones; también apunta a fortalecer una verdadera coordinación entre las entidades que tienen a su cargo la lucha contra este flagelo.

Parece que no importa lo que ha sucedido en el Bronx y el San Berna bogotano —anoto que el Bronx no se acabó, solo se trasladó. ¿A quién se le ocurre pensar que un negocio tan lucrativo, que genera miles de millones de pesos anuales podría acabarse con una intervención mediática?—. Soñar no cuesta nada, en eso somos campeones, en especial la institucionalidad nacional, departamental y local de Colombia.

Tampoco se ha acabado la trata de personas en el Medellín metropolitano, hay venta de virginidades, se trafica en todas las formas con el ser humano, en últimas la región no es el burdel más grande del mundo, pero sí es el más barato y novedoso, por eso el turismo sexual (rumba dura), la pedofilia, la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, la pornografía infantil y la prostitución están ganando un espacio privilegiado bajo la protección de las estructuras paramafiosas de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o Clan del Golfo y la Oficina del Valle de Aburrá, conocida también como la Oficina de Envigado; juntas, y con el servicio permanente de no menos de 500 bandas criminales, han hecho de estos delitos una importante fuente de recursos. ¿Qué ocurrirá cuando se ponga en funcionamiento el puerto de Urabá y el túnel del Toyo con el Valle de Aburrá a tres horas y media del mar? No quiero ni pensarlo.

Bueno sería que el gobierno nacional, en cabeza del presidente Juan Manuel Santos; el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez; el resto de alcaldes del Valle de Aburrá; el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez; el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa; Maurice Armitage, alcalde de Cali; entre otros gobernantes, fueran avezados en estos tiempos de posacuerdos.

Deberían impulsar la construcción de un pacto ciudadano e institucional contra el crimen urbano-rural y su aliados estratégicos en el Estado colombiano, y el crimen transnacional. Solo la acción decidida de la institucionalidad podrá ponerle un freno real a la criminalidad organizada que amenaza la paz en Colombia.

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