Trata de personas: impunidad del 96 % en Colombia

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Jenny Alejandra Pinilla.

Por: Claudia Yurley Quintero Rolón

Para Análisis Urbano

Jenny Alexandra Pinilla es una mujer bogotana que se encuentra en la reclusión femenina en Cúcuta desde hace cuatro años. Por un presunto robo de tres millones de pesos y lesiones a un hombre en uno de sus ojos con un producto químico, la justicia la condenó a diez años de prisión. Una condena exagerada comparada con el caso de Fredy Armando Valencia, conocido como el Monstruo de Monserrate, que fue condenado a nueve años y cinco meses por el asesinato sistemático y delitos sexuales a varias mujeres[1].

Pero no solo vemos una pena exagerada, también Jenny Alexandra ha recibido agresiones durante su detención, entre amenazas, falsas denuncias, intimidación y un intento de “plantarle” droga en la prisión donde está recluida. Todo forma parte de un plan para que no pueda recobrar su libertad y se mantenga en “silencio”.

¿A quién le interesa que Jenny se “pudra” en la cárcel? Uno puede atreverse a decir que a quienes les sirve una Jenny presa, muerta o desequilibrada emocionalmente es a los proxenetas que trataron y comerciaron con ella, llevándola con engaños desde Bogotá a Cúcuta en 2013.

Este es el alto precio que tuvo que pagar por atreverse a escapar de la trata de personas, el secuestro y la prostitución forzada, entre otros vejámenes que ella, como tantas otras mujeres sufren en Colombia.

Jenny es cosmetóloga y viajó a Cúcuta convencida de que trabajaría en su oficio. Pensaba que iba a maquillar, arreglar uñas, peluquear. Hasta se endeudó para comprar utensilios para su labor. Todo resultó ser una trampa y fue brutalmente abusada y prostituida.

Jenny y otra mujer cautiva escaparon del burdel donde eran explotadas, ejercieron su legítimo derecho a la defensa y huyeron buscando su libertad sin saber que les esperaría la más misógina de las justicias, esa que castiga duro a las mujeres que se defienden y protege de forma garantista a quienes les explotan.

Fredy Enrique Fonseca Forero, a quien Jenny acusa de su trata, explotación y secuestro, está detenido porque, según la Policía de Colombia, trataba con niñas y  mujeres. Incluso argumenta el portal de noticias Pulzo que Fonseca captaba a  menores de edad, con falsas promesas las llevaba a Bogotá para prostituirlas[2]. Dos de estas niñas fueron rescatadas por la Policía mientras estaban bajo el yugo de Fonseca. Según sus testimonios las mantenía encerradas, drogadas y hasta les hacía brujería.

La Policía afirmó que: “De acuerdo con las investigaciones, la estructura delincuencial atraía a jóvenes entre 15 y 17 años, con avisos clasificados en periódicos locales y regionales, en los que ofrecían oportunidades laborales en centros de estética, como administradoras de establecimientos comerciales, entre otros oficios, con unas remuneraciones mensuales cercanas a los 10 y 13 millones de pesos”[3].

Ninguna entidad del Estado se ha ocupado de ayudar a Jenny, protegerla, defenderla y brindarle el acompañamiento que, como víctima de trata de personas debe tener; tampoco las investigaciones en su caso avanzan, la justicia solo pretende que ella pague caro su delito: “tocar a un tratante”.

La trata de personas es un delito aberrante que destruye muchas áreas de la vida de las víctimas. En la captación, el traslado y la acogida con fines de explotación de una persona, se puede usar la violencia y la coacción, también el engaño o las relaciones de poder para lograrla, en algunas ocasiones las víctimas brindan su  consentimiento, esto no excluye que se cometa el delito. Si el fin es la explotación se constituye en un delito de lesa humanidad. La explotación puede ser sexual, trabajos forzados, matrimonio servil, utilización para cometer delitos o participar de bandas delincuenciales, tráfico de órganos; puede darse en contextos urbanos, rurales y en viajes y turismo (lo que antes se llamó turismo sexual). En Colombia la trata de personas tiene penas hasta de 23 años de cárcel (Ley 985 de 2005) y en 2015, de 237 casos que llevó adelante la Fiscalía General de la Nación, se llegó solo a 9 condenas. La impunidad es de más del 96 %[4].

Dentro de la meta 8.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas 2030, los países signatarios del mundo (entre ellos Colombia) se comprometieron a: “Adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las formas modernas de esclavitud y la trata de seres humanos y asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la utilización de niños soldados y, a más tardar en 2025, poner fin al trabajo infantil en todas sus formas”. ¿Seremos capaces de cumplir éste reto?

Las redes de trata de personas, o bandas criminales organizadas, acumulan poder, justamente “enquistando al poder”, los nexos policiales y políticos son necesarios para sostener un estado de cosas favorables al negocio. Aún detenidos muchos tratantes continúan administrando la red de trata de personas. A su favor tienen autoridades que van favoreciendo su negocio.

La trata de personas es el segundo negocio ilícito que más dinero produce, un kilo de coca se vende una vez, pero una niña o una mujer se vende miles de veces ante la mirada insensible de un Estado que naturaliza este delito.

El informe Transnational Crime and the Developing World[5] refleja a la trata de personas como una de las once economías trasnacionales que está afectando a la humanidad (narcotráfico; tráfico de armas; trata y tráfico de personas; tráfico de órganos; tráfico de bienes culturales; falsificación; comercio ilegal de vida silvestre; pesca y tala ilegal; minería ilegal, y robo de petróleo) todos estos crímenes tienen que ver con la pobreza, la explotación y el menoscabo de los derechos humanos.

“Uno de los mercados criminales de mayor crecimiento es el de la trata de personas. Se trafica con personas para obtener sexo o para obligarlas a trabajar. Más de 21 millones de hombres, mujeres y niños de todo el mundo son víctimas de la trata de seres humanos”, afirmó en la Red Voltaire el periodista Zósimo Camacho[6].

La Organización Internacional del trabajo (OIT) informó en la investigación Ganancias y pobreza: aspectos económicos del trabajo forzoso[7] que la trata de personas (trabajo forzado) produce ganancias de 150 mil millones de dólares y que son 21 millones los esclavizados en el mundo. Solo la explotación sexual produce 99.000 millones, al parecer todo un negocio que “no tiene pierde”.

Jenny hizo parte de las filas de esclavas que engrosan estas enormes sumas de dinero, en un negocio que no discrima raza ni edad, que está acabando nuestra sociedad que naturaliza la explotación y considera necesario reglamentar el derecho a comprar cuerpos. Ojalá algún juez coherente pueda devolverle su libertad que primero fue robada por unos criminales y después por quien debía protegerle: el Estado.

Las víctimas de la trata de personas son invisibles. Víctimas que por vergüenza, coacción, amenaza o desconocimiento no participan de la exigibilidad de sus derechos humanos. ¡Alcemos la voz por ellas!

[1] http://www.elcolombiano.com/colombia/el-monstruo-de-monserrate-fue-condenado-a-9-anos-de-prision-HB4003191.

[2] http://www.pulzo.com/crimen/cayo-otro-alias-pipe-pero-este-dedicado-prostituir-menores-de-edad/280116.

[3] http://www.elespectador.com/noticias/judicial/desarticulan-red-de-trata-de-mujeres-santander-articulo-540242.

[4] Policy Paper DNP 2017.

[5] http://www.gfintegrity.org/storage/gfip/documents/reports/transcrime/gfi_transnational_crime_web.pdf

[6] http://www.voltairenet.org/article196064.html

[7] http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_243308/lang–es/index.htm

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