El procurador Fernando Carrillo Flórez pidió una deliberación transparente para el trámite del proyecto de ratificación del Acuerdo de Escazú y se mostró preocupado ante los aplazamientos del debate en el Congreso.
“Si bien entendemos que hay unos intereses económicos legítimos detrás de la oposición al Acuerdo de Escazú, que se dé el debate abiertamente y que contrastemos las opiniones en un escenario transparente de deliberación porque también, fuera de los intereses legítimos, están todos aquellos que se benefician de la explotación indiscriminada del medio ambiente”.
Al instalar el foro internacional ‘Derecho de acceso a la información medioambiental’ del XIX Encuentro de la Red de Transparencia y Acceso a la Información, del que este año la PGN fue anfitriona, el jefe del Ministerio Público aseguró que la ratificación del acuerdo por parte los países de la región, constituye una prioridad para la defensa del medio ambiente y de sus líderes.
Precisó que el acuerdo no solo representa una disminución sino también la prevención de posibles conflictos ambientales y, lo que resulta más importante, la protección y la prevención de la vida de los defensores de los recursos del planeta.
Carrillo Flórez enfatizó en que la protección de los líderes ambientales “es un gran colofón de lo que va a representar el Acuerdo de Escazú ante la amenaza que hemos venido sufriendo, con un costo y un peaje en términos de vidas de defensores de derechos ambientales en los últimos meses. Hay que ponerle fin a eso”.
Para el Procurador, con la ratificación del acuerdo vendrían posteriores desarrollos legislativos y reglamentarios en materia de fortalecimiento de la institucionalidad ambiental, de la educación, de la capacitación y, sobre todo, de los instrumentos de transparencia y de acceso a la justicia.
El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, adoptado en Escazú (Costa Rica) el 4 de marzo de 2018 y negociado por los Estados con la participación significativa de la sociedad civil y del público en general, confirma el valor de la dimensión regional del multilateralismo para el desarrollo sostenible.
Ante todo, este tratado tiene por objeto luchar contra la desigualdad y la discriminación y garantizar los derechos de todas las personas a un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible, dedicando especial atención a las personas y grupos en situación de vulnerabilidad y colocando la igualdad en el centro del desarrollo sostenible.
Este Acuerdo es un instrumento jurídico pionero en materia de protección ambiental, pero también es un tratado de derechos humanos. Sus principales beneficiarios son la población de nuestra región, en particular los grupos y comunidades más vulnerables. Su objetivo es garantizar el derecho de todas las personas a tener acceso a la información de manera oportuna y adecuada, a participar de manera significativa en las decisiones que afectan sus vidas y su entorno y a acceder a la justicia cuando estos derechos hayan sido vulnerados. En el tratado se reconocen los derechos de todas las personas, se proporcionan medidas para facilitar su ejercicio y, lo que es más importante, se establecen mecanismos para llevarlos a efecto.
