Bogotá, 3 diciembre.- La Contraloría colombiana imputó a 28 personas, entre ellas dos exgobernadores del departamento de Antioquia y a dos exalcaldes de Medellín, por sus presuntas responsabilidades por malas decisiones administrativas en la construcción de la central eléctrica Hidroituango (noroeste).
La medida, de carácter fiscal, fue tomada por el detrimento de 4,1 billones de pesos (unos 1.182 millones de dólares) por presuntas irregularidades en la ejecución del proyecto.
Así lo informó la Contraloría (tribunal de cuentas) en un comunicado en el que detalló que entre los imputados están los exgobernadores de Antioquia Sergio Fajardo (2012-2015) y Luis Alfredo Ramos (2008-2011), al igual que los exalcaldes de Medellín Aníbal Gaviria (2012-2015) y Alonso Salazar (2008-2011).
«(La) Contraloría profirió 28 imputaciones a personas naturales y jurídicas por 4,1 billones de pesos, por malas decisiones administrativas, constructivas, de ejecución y control en el proyecto Hidroituango», indicó la entidad.
La medida también alcanza a diez miembros de la junta directiva de Hidroituango, dos exgerentes de Empresas Públicas de Medellín (EPM), al igual que contratistas de la obra.
Este valor resulta de un lucro cesante calculado en 1,1 billones de pesos (unos 317,1 millones de dólares) y una pérdida del valor del proyecto por cuantía de 2,9 billones de pesos (unos 836 millones de dólares).
FALLAS EN EL PROYECTO
Cuando la Contraloría inició el proceso de responsabilidad fiscal por estos hechos fueron vinculados 34 supuestos responsables, pero ahora la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción indicó que «28 fueron imputados y a los 6 restantes se les archivaron las diligencias al no haber incidido de manera determinante en la causación del daño».
Para el organismo de control, las fallas del proyecto Hidroituango son resultado de una «cadena de errores» cuyas consecuencias fueron «el incumplimiento del objetivo principal del proyecto, el desmesurado aumento de sus costos y la grave contingencia que sufrió en 2018».
La emergencia en Hidroituango comenzó el 7 de mayo de 2018 por un derrumbe que taponó el túnel que desvía las aguas del río Cauca, el segundo de mayor cauce en el país, que quedaron represadas en un embalse en construcción.
Ante el peligro de que el caudal rompiera la presa, los ingenieros decidieron inundar el cuarto de máquinas cuya construcción estaba bastante avanzada y sacar el agua de manera controlada.
La situación obligó a las autoridades a evacuar en su momento a unos 113.000 habitantes de Puerto Valdivia y Puerto Antioquia, así como de los municipios Cáceres y Tarazá, situados a orillas del Cauca.
CONSECUENCIAS DE LOS ERRORES
La Contraloría consideró que los errores cometidos en el proyecto Hidroituango, trajeron tres graves consecuencias como el hecho de que se incumplió el objetivo principal del proyecto, que era generar energía ya contratada y acordada para el año 2018 «lo que produjo el lucro cesante señalado de 1,1 billones de pesos».
Igualmente, se produjo un «desmesurado aumento de los costos de Hidroituango» porque inicialmente estaba pactado en 6 billones de pesos (unos 1.729,8 millones de dólares) y, por las fallas e «improvisaciones, terminó costando cerca de 13 billones de pesos (unos 3.748 millones de dólares), por la destrucción del valor del proyecto a junio de 2019».
Otra de las consecuencias fue la «grave contingencia que en abril de 2018 amenazó con causar una calamidad pública en el área de influencia del proyecto y por la que se tuvieron que invertir recursos en más obras».
«Considerando todo lo anterior, tras analizar cuidadosamente cada uno de los hechos, en el caso del proyecto Hidroituango, la Contraloría determinó que frente a sus consecuencias existen responsables individuales que, respetando el Estado de Derecho, cuentan con las debidas garantías para su defensa», puntualizó el contralor colombiano, Carlos Felipe Córdoba.
 por presuntas...){kind=link}