Madrid, 29 diciembre.- Los británicos que residen en España y Gibraltar podrán seguir contando con el sistema sanitario y el universitario, así como disfrutar de sus permisos de trabajo o de conducir de manera temporal, una vez que entre en vigor el brexit, y siempre y cuando el Gobierno británico adopte medidas similares en el Reino Unido.
Estas y otras muchas medidas están detalladas en el real decreto aprobado este martes por el Ejecutivo del socialista Pedro Sánchez para adaptar el ordenamiento jurídico español a la nueva situación generada tras el fin del periodo transitorio y la retirada definitiva del Reino Unido de la Unión Europea.
Estas «medidas de adaptación», que pretenden facilitar la vida a los británicos que residan en España y Gibraltar, están sometidas a un plazo limitado y exigen la reciprocidad por parte de las autoridades británicas, por lo que podrían ser suspendidas en dos meses si el Gobierno de aquel país no aprueba unas similares que favorezcan a los españoles.
Además, el real decreto especifica que los gibraltareños que a 31 de diciembre de 2020 estaban registrados como tales, podrán continuar ejerciendo profesiones para las que se exige ser nacional de un estado miembro de la Unión Europea, mantendrán su empleo en la administración pública y podrán seguir investigando en España sin necesidad de nuevos permisos.
Sus permisos de conducir será válido en España hasta el 30 de junio de 2021.
También se permite la continuidad con condiciones de determinados servicios financieros y la actividad de las empresas transportistas entre España y Gibraltar, y se han tomado disposiciones en el ámbito de los servicios aéreos y aeroportuarios.
Sin embargo, “todas estas medidas están sometidas a reciprocidad; si la administración gibraltareña no las aplica, el decreto-ley habilita al Gobierno (español) a suspenderlas para Gibraltar”, insiste el Ministerio español de Exteriores en un comunicado.
España y Reino Unido se encuentran inmersos en una compleja negociación sobre las medidas que regirán la relación con Gibraltar que, según la ministra española de Exteriores, Arancha González Laya, deberán estar acordadas antes del final de 2020.
En varias entrevistas con medios de comunicación, González Laya insistió este martes en que España va a buscar el acuerdo «hasta el último segundo» con el objetivo de encontrar «un encaje» que garantice fluidez en la frontera.
Sin embargo, en declaraciones a Efe en Londres, el ministro de Desarrollo Económico y Telecomunicaciones de Gibraltar, Joseph Bossano, aseguró que es «bastante posible» que no haya un acuerdo fronterizo con España antes del 31 de diciembre, aunque afirmó estar dispuesto a seguir hablando después del 1 de enero para evitar un «impacto negativo» en el comercio.
La afirmación de Bossano choca con la discreción mostrada por la ministra española, quien evitó dar detalles de las negociaciones por considerar que «cuando uno negocia en plaza pública es que ha dejado de negociar».
