Berlín, 12 enero.- Rupert Stadler, expresidente del fabricante alemán de automóviles Audi, negó este martes todos los cargos al declarar por primera vez en el juicio por el escándalo de la manipulación de emisiones en esta marca del grupo Volkswagen.
Ante la Audiencia de Múnich (sur de Alemania), Stadler aseguró que las acusaciones en su contra son «arbitrarias» e «infundadas», además de ignorar los hechos, y acusó al fiscal de «parcialidad» en la causa.
El juicio, que arrancó en septiembre y se prolongará hasta 2022, trata de esclarecer las responsabilidades dentro de Audi del escándalo de las emisiones que afectó a todo el grupo Volkswagen, el mayor fabricante de vehículos de Europa.
El exdirectivo está en concreto acusado de un presunto delito de fraude, con falsedad en las certificaciones de los vehículos y publicidad ilegal. Se enfrenta a una pena de cárcel de hasta 10 años.
La Fiscalía le acusa de haber tenido conocimiento de la manipulación al menos desde que se destapó el escándalo en Estados Unidos, en septiembre de 2015, y haber autorizado, sin embargo, que se siguiesen vendiendo modelos de Audi manipulados. Stadler lo negó este martes tajantemente.
También se sientan en el banquillo de los acusados otros tres ex altos cargos del fabricante de vehículos, entre ellos el exresponsable de Desarrollo de Motores de Audi hasta 2009, Wolfgang Hatz, que ha permanecido durante meses en prisión preventiva.
CINCO AÑOS DESDE QUE SE DESTAPÓ EL ESCÁNDALO
El juicio arrancó exactamente cinco años después de que se descubriese el escándalo, que afecta a unos 400.0000 vehículos de Audi, y apenas unas semanas después de que se conociese el doble procesamiento del hasta entonces presidente del grupo Volkswagen, Martin Winterkorn, acusado de fraude y manipulación de mercado.
En septiembre de 2015, las autoridades medioambientales de Estados Unidos acusaron al grupo Volkswagen de manipular las emisiones de distintos motores diésel para hacer ver que cumplían los límites de contaminación, en concreto, los niveles de óxidos de nitrógeno (NOx).
En los siguientes meses se constató que 11 millones de vehículos del grupo Volkswagen en todo el mundo contaban con un «software» ilegal que hacía que sus motores emitiesen por debajo de los límites, pero sólo cuando se encontraban en un banco de pruebas. En carretera la contaminación era mucho mayor.
El «software» desconectaba los filtros del tubo de escape en muchas más ocasiones de lo legalmente permitido, logrando una mayor potencia en los vehículos, pero con un mayor coste medioambiental.
El escándalo derivó en múltiples causas judiciales para el fabricante. Diversas estimaciones apuntan a que el escándalo le ha costado ya a Volkswagen unos 32.000 millones de euros (38.910 millones de dólares) en multas, indemnizaciones y reparaciones.
Los clientes afectados, por un lado, exigieron compensaciones tanto a título individual como en grandes causas colectivas en diferentes jurisdicciones.
Los accionistas, por su parte, denunciaron a la dirección por ocultarles información crítica para poder evaluar el precio de las acciones. Varios gobiernos forzaron al grupo a reparar los vehículos afectados.
