Cortizo pide castigo para responsables de abusos en albergues de menores

Panamá, 17 feb – El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, pidió este miércoles que sean castigados con el «máximo rigor» los responsables de abusos a menores en albergues, en medio del escándalo desatado por un informe parlamentario que documentó esos vejámenes y crecientes protestas públicas contra el ente público responsable de la supervisión de las casas hogares.

«Los autores responsables de los delitos cometidos contra los derechos de las niñas, los niños y adolescentes deben ser castigados con el máximo rigor de la ley, sin contemplaciones», afirmó el presidente panameño.

En una alocución televisada Cortizo, acompañado de la primera dama, Jazmín de Cortizo, dio plazo de 15 días al Ministerio de Desarrollo Social (Mides) para que presente un proyecto de ley que aumente las sanciones por abuso sexual a menores, y prometió recursos al Órgano Judicial para que procese con celeridad los casos sobre violación de los derechos de los niños.

«Pueblo panameño, la primera dama y yo compartimos el dolor y la indignación general provocados por el reciente conocimiento de situaciones que lesionan los derechos fundamentales de menores de edad en nuestro país», expresó Cortizo, en la primera ocasión que se refirió al tema desde que estalló el escándalo la semana pasada.

Cortizo reconoció «la necesidad de fortalecer la protección integral» de los menores en el país.

PROTESTAS POR LOS ABUSOS DENUNCIADOS

Un informe elaborado por una subcomisión parlamentaria y presentado la semana pasada denunció que decenas de niños y niñas, muchos con algún grado de discapacidad, fueron víctimas de abusos sexuales, maltratos psicológicos y físicos, incluida mala alimentación y condición de vida deplorable, desde 2017 en al menos 14 albergues bajo la supervisión del Estado.

Por este escándalo está en el ojo del huracán la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), que tiene entre sus funciones supervisar instituciones de protección o albergues en todo el territorio nacional, tal como lo indica su página web.

Este miércoles continuaron las protestas ante la sede de la Senniaf, en las que activistas de derechos humanos han asegurado que distintas autoridades de esta Secretaría «sabían de los abusos», han exigido que «el Estado deje de ser cómplice» y que dé «respuestas y justicia», como dijo a Efe la abogada y feminista Irma Hernández

Unas dos centenares de personas participaron en la protesta de este miércoles, en la que manifestantes lanzaron piedras a la Policía, que respondió con gases, sin registro de detenidos o heridos.

AUTORIDADES HAN PRESENTADO DENUNCIAS POR LOS ABUSOS

Cortizo recalcó que tanto el Mides como la Senniaf presentaron «en julio de 2020 denuncias criminales ante el Ministerio Público contra quienes resultan responsables, sean ONG’s o fundaciones, por presunto delito en el funcionamiento de albergues».

También instruyó a ambas instituciones «a constituirse en querellantes como partes afectadas en aquellas investigaciones donde haya indicios de violación de los derechos» de los menores.

La Senniaf dijo esta semana en un comunicado que desde el inicio de la administración de Cortizo, en julio de 2019, ocho albergues han sido cerrados en el país «por manejos indebidos registrados, enfrentando procesos y denuncias penales».

Hay ahora 50 albergues en el país con una población de cerca de 1.200 menores. Solo uno es manejado 100 % por el Estado, el resto está en manos de ONG’s y fundaciones y 40 reciben subsidios públicos a través del Mides, añadió la Senniaf.

«Con relación a los subsidios que otorga cada dos años el Estado a las ONG y fundaciones para la administración de los albergues, los mismos serán rigurosamente auditados y fiscalizados, ya que se trata de recursos públicos destinados a la protección» de menores, afirmó Cortizo.

El fiscal general, Eduardo Ulloa, ha dicho que hay tres investigaciones abiertas por el tema de los albergues, que «en su gran mayoría» son manejados «por instituciones privadas, muchas de la cuales reciben subsidios» públicos, de allí que «tiene que ser supervisados por el Estado».