Colombia, 2 abril de 2021.- El informe anual sobre la situación de los derechos humanos en Colombia fue emitido este 30 de marzo del año en curso.
Ocurre en la era de Joe Biden como presidente de Estados Unidos de América, el informe no deja bien librado al gobierno colombiano que encabeza el presidente Iván Duque Márquez.
El informe expresa con profundidad lo difícil de la situación humanitaria en Colombia, además el problema carcelario y la participación de miembros de la fuerza pública en el asesinato de ciudadanos.
Contexto
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También habla de lo que organizaciones armadas como Las AGC, El ELN, Las Disidencias de las Farc hacen en el territorio nacional.
Gobierno o sus agentes cometieron actos arbitrarios y homicidios
El Departamento de Estado basa una parte del informe de 43 páginas citando al CINEP, plantea que del 1 de enero al 19 de agosto del año 2020, se registraron 15 casos de asesinatos perpetrados por agentes estatales, para esto cita varios ejemplos:
- “En junio, un grupo de soldados del ejército presuntamente mató en una comunidad rural al líder Salvador Jaime Durán en el departamento de Norte de Santander.
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La asociación comunitaria respondió deteniendo a seis soldados del ejército a quienes, identificado como responsable de la matanza, finalmente entregando a los soldados a la Fiscalía General de la Nación. Según informes de prensa, los oficiales del ejército dijeron que estaban en la zona realizando operaciones de seguridad y defensa cuando fueron atacados. La investigación sobre el homicidio continuó a finales de agosto.”
- “El 8 de septiembre, policías presuntamente mataron al civil Javier Humberto Ordóñez Bermúdez en Bogotá. Según informes de prensa, Ordóñez bebía en público en violación de las restricciones de COVID-19 y los oficiales le dijeron que sería multado por intoxicación pública.
Un video del incidente muestra a los oficiales de policía usando Taser choques y golpeando a Ordóñez para sujetarlo. Ordóñez murió más tarde en el hospital, y una autopsia reveló que la golpiza fue la causa de la muerte.
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El Presidente Duque, el Ministro de Defensa, y otros funcionarios del gobierno condenaron el asesinato, y Las autoridades detuvieron a los dos policías presuntamente responsables.
El asesinato de Ordóñez provocó manifestaciones generalizadas.
Estructuras armadas cometieron numerosos asesinatos, la falta de presencia del Estado permitió que ocurrieran
Bajo Cauca: muchos grupos de control, ninguno legítimo
Para El Departamento de Estado los grupos armados ilegales, incluyendo a los disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Ejército de Liberación Nacional (ELN) y organizaciones paramilitares y mafiosas siguen operando en el territorio nacional.
“Los grupos armados ilegales, así como los narcotraficantes, fueron perpetradores importantes de abusos contra los derechos humanos y crímenes violentos y cometidos actos de ejecuciones extrajudiciales e ilegales, extorsión y otros abusos, como secuestro, tortura, trata de personas, atentados con bomba, restricción a la libertad de movimiento, violencia sexual, reclutamiento y uso de niños soldados, y amenazas de violencia contra periodistas, mujeres y defensores de derechos humanos.
El Gobierno investigó estas acciones y procesó a los responsables en la medida de lo posible.”
Destacada labor de La JEP
JEP: falta de articulación en el Estado colombiano para evitar los crímenes de los ex-FARC
Sobre la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, considera el Departamento de Estado que está dando “pasos efectivos para responsabilizar a los perpetradores de violaciones graves de los derechos humanos de una manera de conformidad con el derecho internacional.”
Resalta el Caso 003, “centrado en ejecuciones extrajudiciales o «falsos positivos» cometidos por la Primera, Divisiones Segunda, Cuarta y Séptima del Ejército.
Al 31 de agosto, la JEP informó había recibido 250 «versiones voluntarias» en el caso de los presuntos autores relatando sus versiones de los hechos ocurridos durante el conflicto. Tal
El testimonio llevó a los investigadores a descubrir una fosa común de presuntos falsos positivos. víctimas en el departamento de Antioquia.
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El 25 de julio, el general retirado del ejército William Henry Torres Escalante admitió su responsabilidad por falsos positivos ante el JEP y se disculpó con los familiares de las víctimas.”
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En el año 2019 se presentaron denuncias sobre órdenes militares para duplicar resultados operativos
“En 2019 hubo denuncias de que las órdenes militares que instruían a los comandantes del ejército a duplicar los resultados de sus misiones contra guerrillas, organizaciones criminales y Los grupos armados ilegales podrían aumentar el riesgo de víctimas civiles.
Una independiente comisión establecida por el presidente Duque para revisar los hechos relacionados con estas presuntas órdenes militares presentaron un informe preliminar en julio de 2019 concluyendo que las órdenes no permitieron, sugirieron o resultaron en abusos o conducta criminal, y que las reglas operativas y la doctrina de las fuerzas armadas estaban alineadas con los derechos humanos y principios del derecho internacional humanitario. En septiembre se había elaborado un informe final no ha sido emitido.
Organizaciones de derechos humanos, víctimas e investigadores gubernamentales acusaron a algunos miembros de las fuerzas de seguridad gubernamentales de colaborar o tolerar la actividad de bandas del crimen organizado, que incluían a algunos ex paramilitares miembros. Según la Fiscalía General de la Nación, entre enero y
En septiembre, nueve miembros de las fuerzas de seguridad gubernamentales fueron acusados formalmente de tener vínculos con grupos armados ilegales.” Concluye el Departamento de Estado.
Tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes o Castigo
En el informe se plantea que El CINEP informó que “hasta agosto, las fuerzas de seguridad fueron presuntamente involucrado en seis casos de tortura, incluidas nueve víctimas. Los miembros de las fuerzas militares y policías acusados de tortura generalmente fueron juzgados en civiles en lugar de tribunales militares.
El CINEP informó que las pandillas del crimen organizado y los grupos armados ilegales fueron responsables por seis casos documentados de tortura hasta agosto.”
Sistema carcelario inhumano
El Departamento de Estado recoge las investigaciones, análisis y denuncias de ONG que le hacen seguimiento al tema carcelario, sobre esto informa que “hubo numerosas denuncias de violencia sexual y física cometida por guardias y otros internos.”
Condiciones de prisiones y centros de detención
Con la excepción de algunas instalaciones nuevas, las prisiones y los centros de detención eran duros y potencialmente mortales debido al hacinamiento, condiciones sanitarias inadecuadas, atención médica y falta de otros servicios básicos. La mala formación de los funcionarios seguía siendo un problema en todo el sistema penitenciario.
Condiciones físicas: Existía hacinamiento en las cárceles de hombres y mujeres.
El Instituto Nacional Penitenciario (INPEC), que opera las cárceles nacionales y supervisó las cárceles, se estimó que había 106,700 personas encarceladas en 132 cárceles a una tasa de aproximadamente un 29 por ciento sobre la capacidad.”
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Sobre la masacre de internos en La Modelo de Bogotá, afirma el Departamento de Estado que pudieron ser ocasionados por el “intento de fuga tuvo lugar durante disturbios coordinados con otras 19 cárceles que ocurrieron en aparente respuesta a las condiciones de salud y saneamiento exacerbado por el encierro del COVID-19 y la suspensión de las visitas a la prisión.
Sin embargo, recordó el informe de noviembre de Human Rights Watch que denunció que las muertes eran compatibles con homicidio intencional.
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Con corte a julio, la Fiscalía reportaba 471 investigaciones activas por amenazas a defensores de derechos humanos y hubo tres condenas durante el año en casos de amenazas a estos defensores. Además, el informe reconoce el carácter independiente del defensor del Pueblo, que promueve y monitorea el ejercicio de los derechos humanos.
En el extenso informe presentado por El Departamento de Estado de los Estados Unidos queda mal parado el gobierno colombiano por la falta de garantías reales que debe brindar a todo el país para que no se repitan lamentables hechos de violencia. Es claro que se coincide con los planteado en el informe de los EE.UU. sobre la grave crisis humanitaria.
También alarma e inquieta el contundente informe de la ONU que deja entrever el oscuro panorama que vive el país. La presentación de 892 eventos de violencia armada ocurridos en el país durante lo que va del 2021, más de 300 homicidios intencionales en persona protegida, 137 Amenazas individuales/colectivas, 32 Secuestros, 26 masacres, 21 desplazamientos masivos con más de 8.000 personas víctimas, más de 20 casos de reclutamiento forzado (subregistro) y un aumento de todas las dinámicas de violencia que impiden la consecución de la paz.
Violencia y desprotección: el informe de la alta comisionada de la ONU sobre la situación de DD. HH. en Colombia
En conclusión, el año 2020 fue difícil en lo concerniente al orden público que lo agravó la pandemia del coronavirus, la violencia y criminalidad se tomaron a Colombia, crimen urbano, crimen urbano-rural, crimen trasnacional con rostro mexicano e insurgencia compiten abiertamente con el Estado por el control económico, político, social, cultural y territorial, ¿Estado fallido?.
Informe anual del Departamento de los Estados Unidos (versión en ingles)
Informe anual del Departamento de los Estados Unidos (versión en español)
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