Toronto (Canadá), 20 abril.- La compañía de ingeniería y construcción SNC-Lavalin anunció este martes que el Banco Mundial (BM) levantó las sanciones que le había impuesto en 2013 por el pago de sobornos en Bangladesh y Camboya, lo que permitirá a la firma canadiense obtener contratos de proyectos financiados por la entidad.
En abril de 2013, el BM sancionó a SCN-Lavalin y a 100 de sus afiliadas con una prohibición de 10 años para participar en sus proyectos por el pago de sobornos para obtener contratos para la construcción de un puente y una autopista en Bangladesh y la electrificación rural en Camboya, ambos financiados por la institución.
El Banco Mundial señaló entonces que la prohibición podía ser reducida a 8 años «si las compañías cumplen todas las condiciones del acuerdo» firmado entre el BM y SNC-Lavalin tras descubrirse los sobornos.
El presidente y consejero delegado de SNC-Lavalin, Ian Edwards, señaló este martes en un comunicado que «desde 2012, SNC-Lavalin ha hecho sus deberes”.
“Durante casi 10 años, evolucionamos gracias a una honesta reflexión, trabajo duro y un compromiso sostenido por todos nuestros empleados», afirmó Edwards.
«Ya no dejaremos que los eventos del pasado nos definan hoy en día ni lo que intentamos conseguir en el futuro», agregó.
SNC-Lavalin indicó que desde 2012 nombró un director ejecutivo que responde directamente al consejo de dirección y que el departamento legal renovó a todo su equipo de gestión y miembros del consejo de dirección, entre otras medidas.
El fin de la prohibición permitirá a SNC-Lavalin hacerse potencialmente con jugosos contratos.
El BM tiene previsto financiar este año proyectos por valor de hasta 160.000 millones de dólares, en respuesta a la crisis mundial causada por la pandemia.
SNC-Lavalin, la principal firma de ingeniería y construcción de Canadá, ha estado vinculada a numerosas polémicas tanto en el país norteamericano como en el extranjero.
En 2012 se supo que la compañía había pagado sobornos a la familia del ya fallecido dictador libio Muamar el Gadafi para conseguir contratos en el país africano. En 2019, SNC-Lavalin llegó a un acuerdo con las autoridades canadienses para abonar una multa de 280 millones de dólares canadienses (222 millones de dólares estadounidenses) y reconocer el fraude.
El nombre de SNC-Lavalin también apareció en una de las peores crisis del Gobierno del primer ministro canadiense, Justin Trudeau.
En 2019, el Gobierno de Trudeau aprobó de forma solapada medidas para permitir que empresas que se enfrentan a acusaciones criminales puedan acogerse a un acuerdo de enjuiciamiento diferido con la Fiscalía y evitar tener que acudir a juicio, lo que beneficiaba a SNC-Lavalin.
Tras aprobar la medida, Trudeau presionó a quien era entonces su ministra de Justicia y fiscal general, Jody Wilson-Raybould, para que ofreciera un acuerdo a SNC-Lavalin, quien se enfrentaba a una condena de corrupción y la prohibición de 10 años para participar en contratos públicos por los sobornos pagados a Gadafi.
Wilson-Raybould se negó, así que Trudeau y otros altos funcionarios presionaron sin éxito a la ministra para que SNC-Lavalin obtuviera el acuerdo de enjuiciamiento diferido. Finalmente, Trudeau la sustituyó al frente de la cartera de Justicia y posteriormente fue expulsada del Partido Liberal del primer ministro.
