Ciudad de Guatemala, 12 may – La Corte de Constitucionalidad de Guatemala, el máximo tribunal del país, avaló este miércoles de manera definitiva una polémica reforma de ley sobre organizaciones no gubernamentales (ONG) promovida en febrero de 2020 por el partido oficial.
La decisión fue anunciada a periodistas por la misma entidad y permite que entre en vigencia la reforma a la ley, cuya normativa habilita la fiscalización de todas las organizaciones no gubernamentales asentadas en Guatemala, además de su anulación por decisión estatal de manera unilateral.
Inicialmente, en marzo de 2020, la Corte de Constitucionalidad había suspendido la ley de manera provisional por un recurso legal de varias entidades y personas particulares, a la espera de un dictamen definitivo que finalmente fue divulgado este miércoles.
La suspensión de la ley por la corte obedecía en 2020 a que «este Tribunal estima que la vigencia de dicho decreto conlleva amenaza de violación de Derechos Humanos».
Sin embargo, casi todos los magistrados titulares que componían la entidad en aquel momento no fueron reelectos en sus cargos en abril pasado para el período 2021-2026 del tribunal, y la decisión de avalar la ley fue tomada este miércoles con el voto de tres nuevos magistrados.
La corte detalló que los magistrados que avalaron la reforma de ley sobre las ONG fueron Roberto Molina Barreto, Dina Ochoa Escribá y Leyla Lemus Arriaga, los tres designados en sus cargos en abril pasado.
La reforma de ley había sido sancionada el 27 de febrero de 2020 por el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, después de que el Congreso de mayoría oficialista la aprobara el 11 de febrero en una extensa jornada parlamentaria.
La decisión este miércoles de la Corte de Constitucionalidad se debe, según su dictamen de más de 60 páginas, a que «los argumentos que sostienen el reclamo» contra la reforma de ley no tienen «fundamento».
CON OPOSICIÓN DE EEUU
Las reformas a la normativa, denominada «Ley de Organizaciones No Gubernamentales», habían sido objetadas en su momento por organizaciones sociales locales y también por altas autoridades tanto en Estados Unidos como en la Organización de Naciones Unidas (ONU).
El subsecretario interino de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos en febrero de 2020, Michael Kozak, manifestó su oposición a la reforma de ley mediante sus redes sociales.
Según Kozak, la reforma de ley propone requerimientos dificultosos para las organizaciones no gubernamentales, que «juegan un papel clave» en la construcción de las diversas democracias.
Una opinión parecida manifestó el 26 de febrero de 2020 el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que instó al presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, a vetar la ley, de modo que la «sociedad civil pueda operar sin miedo» a castigos.
La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACNUDH) de la ONU en Guatemala también había advertido en 2020 sus reservas con respecto a la nueva normativa.
La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en 2019, Michelle Bachelet, de igual forma manifestó en ese año su preocupación por la ley, que introduce «requisitos y controles administrativos aplicables a ONG nacionales e internacionales» que «en la práctica pueden usarse de manera discrecional o arbitraria para limitar» su labor.
El origen de la ley es, según diversas fuentes, un intento de varios diputados de la anterior legislatura (2016-2020) de contrarrestar la lucha anticorrupción emprendida desde 2015 por el Ministerio Público guatemalteco y la ya desaparecida Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala.
Las reformas de ley, originadas en 2017 con el anterior período legislativo, ordenan el «control» de las organizaciones no gubernamentales en el país y su «fiscalización» aún cuando no manejen fondos públicos, entre otras medidas.
«Ninguna donación o financiamiento externo puede usarse para realizar actividades que alteren el orden público», establece la reforma de ley. «Si una ONG utiliza donaciones o financiamiento externo para alterar el orden público, será inmediatamente cancelada», reza la normativa.
EFE
