Por: Yurany Alzate ( @yuranyAlzate1 )
El total de las 4.099 personas de más de 30 veredas que fueron desplazadas en Ituango, desde finales de julio, ya retornaron a sus territorios, cabe resaltar que una vez más regresan sin garantías a las viviendas.
Desde el domingo 1 de agosto comenzaron a regresar a sus tierras las familias que tuvieron que abandonar forzosamente los hogares tras fuertes amenazas de paramilitares de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o Clan del Golfo y disidencias del Frente 18 de las FARC.
En contexto
Ituango sufre la guerra, el abandono estatal y la presencia de ilegales armados
Se vieron empujados a volver por las pésimas condiciones humanitarias que afrontaban en los albergues provisionales y carpas que se dispusieron para ellos en el casco urbano del municipio de Ituango.
Una vez más las familias de esas veredas tienen que regresar sin que se les asegure la vida, la integridad física y psicológica, como lo denunció el Proceso Social de Garantías para Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (PSG).
Recordemos que los grupos criminales continúan en la zona, pero aún así, ni el Gobierno Nacional, departamental o local generan acciones pertinentes que en realidad aseguren una vida libre de violencias para las familias que habitan esos territorios de Ituango.
Como lo dijo la activista, ambientalista y defensora de los derechos humanos, Isabel Cristina Zuleta, el 25 de febrero de este año cuando también tuvieron que salir las familias de las veredas de Ituango por las mismas amenazas que vivieron hace un par de semanas “El desplazamiento forzado no se resuelve con presionar a las comunidades para que retornen sin garantías, las administraciones no deben convencer a las comunidades, por el contrario deben hallar salidas definitivas a una crisis humanitaria de muchos años.”
Foto: Yonay Tuberquia (@yonaytu)
Hoy nos preguntamos ¿Por qué las familias una vez más tienen que regresar a sus hogares con el miedo latente a que los grupos armados los ataquen? ¿Por qué no hay un Estado que les asegure que pueden estar en sus tierras sin tener que volver a salir? ¿Por qué no escuchan las denuncias de las organizaciones defensoras de derechos humanos como el PSG?
Como ya lo habíamos informado en Análisis Urbano, en menos de 16 meses se han presentado 3 desplazamientos en Ituango. Cabe establecer que las mismas personas que habitaban las más de 30 veredas que hoy volvieron fueron las que salieron en las otras dos ocasiones, es decir, por tercera vez retornan a sus hogares sin garantías.
Además, si bien el 25 de febrero se realizó el Comité de Justicia Transicional en ese municipio, un espacio donde participaron diferentes entidades como Procuraduría, Alcaldía, Dirección de Derechos Humanos de Antioquia, Ejército y varios integrantes de la comunidad, hoy las y los líderes denuncian que ese pliego de peticiones que exigieron en ese encuentro se quedó en el papel, porque hasta hoy la respuesta institucional continúa siendo la misma: aumentar la fuerza militar y dar recompensas para quien entregue a 5 personas que según las autoridades fueron las que desplazaron a las más de 4 mil personas.
Ante eso, Lina María Zuleta líder de Ituango, estableció que “capturar a 5 personas no soluciona todo lo que está sucediendo en el municipio y sobre todo hay que mirar el sistemático abandono del Estado”, un abandono que se evidencia año tras año con cada desplazamiento que viven las y los campesinos de esa zona de Antioquia.
Por otra parte, Yesid Zapata del PSG, indica que “gracias a que el gobierno de Iván Duque continúa oponiéndose al desmantelamiento del paramilitarismo estos grupos se fortalecen y es ahí donde con este tipo de acciones generan terror en la comunidad.”
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Hoy para las familias desplazadas en Ituango pesa más la preocupación por sus siembras y los animales, que el miedo a la muerte que aún ronda por sus veredas. Frente a la situación que vive el municipio, el Ministro de Defensa, Diego Molano, dijo que se reforzaría la presencia militar con 250 efectivos, algo que como comenta Yesid Zapata, no ha solucionado el problema de ninguna parte del país.
La presencia estatal debe ir más allá de un militar o un policía, porque como lo establecieron las personas campesinas que fueron desplazadas de Ituango, necesitan que se les garantice una vida digna y esa dignidad también consiste en tener carreteras buenas, oportunidades educativas, laborales y sobre todo que se les cumpla con el desarrollo de infraestructura que se les prometió.
Recordemos que Ituango pertenece a los 322 municipios priorizados para el posconflicto por el Gobierno, mediante Decreto Ley 893 de 2017, en virtud del Acuerdo de Paz, pero hoy las personas que habitan ese territorio continúan en peligro ¿por qué tanta revictimización?
Ahora quedan muchas preguntas, entre ellas ¿Quién y cómo se les va garantizar la vida teniendo en cuenta que los grupos armados ilegales de la zona continúan en la lucha por territorio? ¿Cuándo tendrán que salir de nuevo de sus hogares gracias al abandono del Estado?
El desplazamiento forzado en Ituango es un delito que no para y todo porque como lo plantea Yesid Zapata “el gobierno de Iván Duque, está incumpliendo los Acuerdos de Paz y son las familias las que quedan en medio de la guerra.”
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