Bogotá, agosto 20 de 2021- La Comisión de Seguimiento a la Ley de Víctimas conformada por las, indicó que al paso que va esta ley, se estaría indemnizando a los afectados en por lo menos 60 años. Se requieren, para 2031, más de $328,3 billones para ejecutar 19 medidas.
El cálculo del organismo de control incluye medidas como indemnización administrativa y colectiva, que requieren de $65 billones para su ejecución: vivienda ($51 billones), alimentación ($27 billones), y retornos y reubicaciones ($15 billones), entre otras.
Frente a las políticas sociales continuas, la entidad reveló que se tiene un cálculo de $86 billones para salud y $31,6 billones para educación. Todo esto sin contemplar los recursos que destinan las entidades territoriales a la ejecución de la política pública ni el costo de la etapa post fallo de la restitución de tierras.
Para la Contraloría, es necesario que el Gobierno nacional revise el costeo realizado en el marco del CONPES 4031 de 2021 (solo asigna $142 billones) a la luz de los universos pendientes de atención y evalúe nuevas fuentes de financiamiento para cubrir las medidas reconocidas a la población víctima.
En sus informes de seguimiento, la Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras reconoce que el Gobierno ha realizado un esfuerzo cercano a los $135 billones, desde el año 2012 hasta el 2021, para la reparación integral de las víctimas.
Sin embargo, ese esfuerzo ha sido insuficiente para atender el crecimiento del universo de víctimas que hoy supera los 9 millones, de las cuales 7,3 millones son sujetos de atención.
