Esta tercera y última parte del informe “Génesis de la venta de armas legales a los ilegales” tiene datos adicionales sobre el general Romero, pero además contiene una invitación, un llamado urgente a los entes investigadores para que indaguen, profundicen, hurguen en el seno, en el interior de las Fuerzas Militares y destapen el entramado de corrupción que la corroen y que parece tener vida propia. No es suficiente con desenmascarar oficiales individualmente y pedir sus cabezas, también es perentorio, necesario, inaplazable indagar en toda la institución hasta encontrar el origen, el cáncer que la está carcomiendo, y extirparlo totalmente.
En contexto Génesis de la venta de armas legales a los ilegales
Un gran número de uniformados ha optado por recorrer el camino de la criminalidad. Sí, hacen parte del Estado, juran defender la patria, se visten de camuflado, son funcionarios públicos privilegiados, pero de pronto son arrastrados por “espíritus del mal” que los convierten en enemigos de quien les da de comer a ellos y a sus familias y terminan persiguiendo intereses mezquinos. Es absurdo. La ambición, dirán unos. La estupidez, otros.
El pasado 1 de agosto fueron condenados siete militares: Juan Camilo Morales Provea, Yair Stiven Gonzáles, Juan David Guaidia, José Luis Holguín, Óscar Eduardo Gil, Deyson Andrés Isaza y Luis Fernando Mangareth, todos ellos soldados adscritos al batallón de Alta Montaña en Génova, Quindío. El juez 1 promiscuo del circuito de Apía, en Risaralda, condenó a los primeros seis a 16 años de prisión por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado. El último estará 8 años en la cárcel. La Fiscalía demostró que estos uniformados agredieron sexualmente a una niña de 12 años, de la comunidad indígena Embera, en hechos ocurridos el 21 de junio de 2020 en el corregimiento Santa Cecilia del municipio de Pueblo Rico, Risaralda.
Un caso deplorable, reprochable. Pero no nos referimos a esta clase de militares.
Hay cerca de mil exmilitares condenados por falsos positivos, todos cometidos entre 2001 y 2008 en Colombia. Dice Human Rights Watch (HRW) que esa fue la época en la que ocurrieron más casos. El 2007, el más letal, con 777 muertes. En Antioquia se registraron 297 ejecuciones extrajudiciales ese año. Era el segundo mandato de Álvaro Uribe, el ministro de Defensa era Juan Manuel Santos y el comandante del Ejército era Mario Montoya Uribe. De este último, el fiscal Francisco Barbosa aseguró el 1 de agosto de 2021 que le serán imputados 104 homicidios como determinador, dentro del episodio conocido como falsos positivos, entre los cuales hay cinco menores de edad.
El 15 de julio de 2021, el Juzgado Único Especializado de Yopal, Casanare, condenó a 40 años de prisión al coronel (r) Juan Carlos Castañeda Villamizar por su participación en los actos de tortura, homicidio y desaparición de 54 personas entre los años 2002 y 2003.
Según la Fiscalía, Castañeda Villamizar, siendo comandante del Batallón N.44 Ramón Nonato Pérez, con sede en Tauramena, Casanare, urdió un plan criminal junto al entonces alcalde del municipio de Recetor, Flaminio Cocinero Costo, que fue ejecutado por las autodefensas de Héctor Germán Buitrago Parada, alias Martín Llanos, contra los pobladores de Chámeza y Recetor, en Casanare.
Es este uno de los pocos casos en los que la justicia actuó en torno a los falsos positivos y condenó a un oficial de alto rango del Ejército, toda vez que la mayoría de condenados son de bajo rango, comandantes de unidades, de escuadra, soldados. Los oficiales están en la parte más alta y a la Fiscalía se le hace más difícil alcanzarlos. En 2012, la Corte Penal Internacional (CPI) señaló en un informe que existen bases razonables para creer que los falsos positivos en Colombia fueron cometidos como consecuencia de una política adoptada por altos mandos en ciertas brigadas del Ejército.
Por eso aplaudimos la tarea que adelanta la JEP. Una investigación de ese tribunal arroja una cifra preliminar de 6.402 víctimas fatales de falsos positivos ocurridos entre el año 2002 y el 2008 en nuestro país. Para la Fiscalía esa cifra apenas llega a 2.248 casos y para la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos -CCEEU-, son 5.763 hechos. Los departamentos con más casos son: Antioquia, Casanare, Cesar, Huila, Guajira, Meta, Norte de Santander, Arauca, Boyacá, Caquetá, Guainía, Guaviare, Sucre y Putumayo. Y las divisiones militares más comprometidas son la Primera, Segunda, Cuarta y Séptima del Ejército.
En julio de 2021, la JEP imputó “hechos y conductas” al general Paulino Coronado Gámez, comandante de la Brigada 30, a los coroneles Rubén Darío Castro Gómez, Santiago Herrera Fajardo, Álvaro Diego Tamayo Hoyos y Gabriel de Jesús Rincón Amado; y al mayor Juan Carlos Chaparro Chaparro y a cinco militares más. El objetivo es que reconozcan su participación en 120 asesinatos de personas en estado de indefensión registradas en el Catatumbo, Norte de Santander, presentadas como bajas en combate entre 2007 y 2008. Los militares estaban asignados a la Brigada Móvil 15 y el batallón de Infantería N.15 Francisco de Paula Santander.
Días después, la JEP requirió a los coroneles Publio Hernán Mejía Gutiérrez (2002 – 2004) y Juan Carlos Figueroa (2003 – 2005), comandantes del Batallón La Popa, y a los mayores José Pastor Ruiz Mahecha, Heber Hernán Gómez Naranjo y Guillermo Gutiérrez Riveros. Son 15 militares en total, involucrados en los asesinatos de 323 personas en el departamento de Cesar.
Sin embargo, si estos militares reconocen su participación en los hechos, serán apenas sancionados. Si no lo hacen, cada caso se remitirá a la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP y serán sometidos a un juicio adversarial que de resultar contrario a sus intereses les significaría ser condenados hasta a 20 años de prisión.
Es una etapa perversa, enferma, sangrienta, lamentable de nuestra historia como República, pero tampoco nos referimos a esa clase de militares.
Hablamos de esos oficiales y suboficiales castrenses revestidos con la autoridad para manejar presupuesto. Ellos no deberían manejar dinero. Lo debe hacer un civil, una persona externa a la institución, una entidad del Gobierno Nacional. Y no porque sea impoluta la Administración Pública, sino porque los militares tienen las armas del Estado y “roban” legal y peligrosamente armados.
Los casos en los que han sido condenados militares por esta clase de actuaciones también se cuentan con los dedos. Por ejemplo, el pasado 21 de febrero, un juez del Circuito Penal de Villavicencio, Meta, condenó a 15 años de prisión al coronel retirado Roberto Dussan Mejía por los delitos de concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en celebración de contratos.
Cuando Dussan Mejía era director de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares en la regional de los Llanos Orientales, junto con una abogada de la entidad, a cambio de dádivas del 5% y 7%, participaron en la adjudicación de contratos para el suministro de dotación, bienes y servicios para algunos batallones en el centro y oriente del país. Los contratos analizados por los peritos judiciales ascendieron a 9.000 millones de pesos. Por los mismos, el coronel en retiro y otras personas recibieron coimas por 800 millones de pesos, según pudo demostrar la Fiscalía General de la Nación. Hay indicios de irregularidades en otros 40 contratos. El exoficial aceptó su responsabilidad en los hechos de corrupción.
En abril de 2021 se conoció de otro caso, pero apenas está en etapa de acusación. Se trata del coronel en retiro Juan Manuel Ordóñez Vallejo, quien fue asegurado por un juez ante la solicitud de la Fiscalía, que lo señala de su autoría en los delitos de concierto para delinquir, cohecho propio, peculado por uso, falsedad material en documento público y administración desleal.
Ordóñez Vallejo, siendo subcomandante del Batallón Rifles del Ejército Nacional, estaría involucrado en presuntas irregularidades en la prestación de servicios de seguridad. El ente acusador encontró que entre el 30 de diciembre de 2016 y 14 junio de 2017, el entonces oficial habría ordenado a las tropas de su unidad militar custodiar los yacimientos de dos empresas mineras en Puerto Libertador (Córdoba), así como las oficinas administrativas ubicadas en Medellín (Antioquia).
Al parecer, estas actividades fueron sustentadas con un supuesto convenio suscrito entre el Ejército Nacional y las compañías que requerían acompañamiento. Sin embargo, el coronel Ordoñez Vallejo no tenía autorización del Ministerio de Defensa ni estaba facultado para realizar este tipo de acuerdos. Tampoco podía disponer de uniformados, vehículos, armas y munición.
El entonces subcomandante presuntamente recibió $7’000.000 por el servicio ilegal concertado. Asimismo, hay indicios de que este convenio sería uno de los 18 falsos acuerdos celebrados de manera ilícita para vigilar zonas de explotación minera.
En las verificaciones realizadas se constató que las empresas involucradas habrían registrado en los informes contables egresos por $904’712.878 con el ítem de: “contribuciones por seguridad al Ejército Nacional”. Está acreditado que este dinero no lo recibió el Ejército Nacional ni estuvo representado en donaciones de material de campaña e intendencia, logística, mantenimiento de vehículos, equipos de comunicaciones o construcciones en las instalaciones militares.
Dussan Mejía no aceptó los cargos. Por este hecho, 10 personas más, entre militares y particulares, han sido judicializados.
No mencionaremos las chuzadas que realiza el Ejército a políticos y dirigentes de la oposición, a periodistas y defensores de derechos humanos. Hace un año, en agosto de 2021, fueron retirados de esa institución los coroneles Milton Eugenio Rozo Regado, Hugo Armando Díaz Hernández, Juan Pablo Prado Torres, Julio Tobías López Cuadros y Helmont René Ramos Naranjo; así como los mayores Eduardo Torres Díaz, Hernán Rolando Villamil Ortegón y Mauricio Quintero Arias. El presidente Duque ordenó entonces adelantar una rigurosa investigación sobre labores de inteligencia del Ejército en los últimos 10 años. El ahora exgeneral Nicacio Martínez, comandante del Ejército para esos días, está involucrado. Sin embargo, la Fiscalía entrevistó solo a seis oficiales. No ha pasado nada desde entonces.
Toda una olla podrida resulta ser el Ejército Nacional. Y no estamos manchando el nombre de la Institución, lo hacen sus propios hombres.
“Fueron expedidos cuando yo ya no estaba en la Cuarta Brigada”: Exgeneral Romero
Regresando al caso Romero, recién llegado a Medellín, el exgeneral fue el protagonista de un hecho que llamó la atención de algunos empresarios de la ciudad. El exoficial los habría convocado para hacerles un anuncio importante en torno a la seguridad. Romero no estuvo, pero les dejó el mensaje: los permisos para el manejo de las armas los iba a tramitar él. La razón, había un desorden muy grande en la Cuarta Brigada y él, el general Romero, estaría al frente de las diligencias, que ahora les saldría más económica. Al parecer, el general sabía de la “mafia” que estaba manipulando los permisos y quería quedarse con el negocio. Ahora sería un intermediario entre el Departamento de Control Comercio de Armas -DCCA-, competente para controlar y autorizar la venta de armas, municiones y explosivos, y los empresarios.
El entonces comandante fue señalado de usar información de seguridad nacional para conocer las debilidades y fortalezas de los comerciantes y así ofrecerles paquetes que incluían entre cinco y diez armas de fuego, situación que según el denunciante ponía en riesgo la integridad de los empresarios y sus familias, hasta el punto de ser el mismo exoficial quien estaría generando el peligro para que sus “clientes” entendieran la necesidad de adquirir el armamento.
Leer Ex general Romero: apenas un eslabón en la cadena de irregularidades que se visten de camuflado
Otro hecho significativo tiene que ver con un alijo de coca que sería entregado a una banda criminal con asiento en Buenaventura y sucursales en Tolima, Caldas, Antioquia y Bogotá. Uniformados del Ejército descubrieron en Medellín a integrantes de esa estructura, denominada la Empresa, que llevaban el cargamento para la ciudad de Cali. Los implicados fueron trasladados al búnker de la Fiscalía en el barrio Caribe, en la capital antioqueña. El general Romero Pinzón habría hecho presencia en el lugar y habría cuestionado al oficial que estuvo al mando de la captura por haber realizado el procedimiento. Pero los detenidos, quienes quedaron en libertad, no llevaban droga, sino dinero en efectivo, cerca de 400 millones de pesos. ¿Qué interés tendría el general Romero en esa diligencia?
La Fiscalía no ha podido conseguir pruebas en estos casos, tal vez porque el general Romero fue muy cuidadoso o porque esos hechos no ocurrieron.
Ante el señalamiento por la venta de salvoconductos a cabecillas de la Oficina, el exgeneral dijo a los medios de comunicación que en su condición como comandante de la Cuarta Brigada no era de su competencia ordenar o expedir salvoconductos, función que le corresponde a “un comité que estudia y avala dichas solicitudes en el marco de la ley”. Además, que los permisos especiales que se mencionan en una importante revista del país, “fueron expedidos cuando yo ya no estaba en la Cuarta Brigada de Medellín, ya estaba en la Tercera División en Cauca y Nariño”.
El comité al que se refirió el exgeneral está conformado por el comandante de la brigada, el jefe del Estado Mayor, el jefe de la seccional de control comercio de armas, un oficial de Inteligencia y el asesor jurídico. Este grupo se reúne una vez cada 15 días y es el que aprueba o no el otorgamiento del arma, el salvoconducto y el permiso.
Más hechos relevantes
** El 9 de julio de 2019, el exoficial fue llamado a calificar servicios.
** En horas de la mañana del jueves 8 de agosto de 2019, en Bogotá, fue capturado el exgeneral Romero.
** Ese mismo día, 8 de agosto, ante un Magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá con Función de Control de Garantías, la Fiscalía Tercera Delegada, le formuló imputación a Jorge Horacio Romero Pinzón como presunto autor del delito de concierto para delinquir agravado (art. 340 inciso 3 y 342 CP), coautor del ilícito de interés indebido en la celebración de contratos (art. 409 CP), coautor de cohecho propio (art. 405 CP), y coautor de peculado por apropiación en favor de terceros (art. 397), con las circunstancias de mayor punibilidad previstas en los numerales 1º, 9º y 10 del artículo 58 del Código Penal, cargos que no fueron aceptado por éste.
** Al imputado se le impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento de reclusión, el 12 de agosto de 2019.
** El 22 de noviembre de 2019 la Fiscalía radicó el escrito de acusación ante la secretaría de primera instancia de la Corte Suprema de Justicia.
** El 3 de diciembre de 2019 la Sala Especial de Primera Instancia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, se llevó a cabo la audiencia de formulación de acusación, en la que la Fiscalía luego de anunciar la readecuación típica de la conducta, acusó a Jorge Horacio Romero Pinzón, como autor del delito de concierto para delinquir agravado en concurso sucesivo y heterogéneo, coautor de 26 ilícitos de interés indebidos en la celebración de contratos, coautor de 20 cohechos propios y coautor de un peculado por apropiación, con las circunstancias de mayor punibilidad consagradas en el artículo 58 numerales 1, 9 y 10 del Código Penal.
** La audiencia preparatoria se llevó a cabo en diez sesiones desarrolladas durante los días 10 de febrero, 10 de marzo, 9 de junio, 2 de julio, 13 de julio, 28 de julio, 20 de agosto, 1 de septiembre, 4 de septiembre y 4 de noviembre de 2020. En la última sesión la Sala Especial de Primera Instancia de esa corporación, resolvió las solicitudes probatorias elevadas por las partes, decretando algunas de las requeridas por la Fiscalía e inadmitiendo otras, misma decisión respecto de las solicitadas por la defensa.
** En junio de 2020, la Procuraduría General de la Nación citó a audiencia pública al excomandante Romero por presuntas irregularidades en el suministro de combustible de la unidad militar y en la expedición de permisos de tenencia de armas.
El órgano de control reprochó a Romero Pinzón porque habría permitido el uso indebido, durante febrero y mayo de 2016, del combustible destinado a la brigada para garantizar la movilidad de los vehículos que prestaban los servicios a la Cuarta Brigada. Al parecer existieron consumos exagerados que no correspondían con los kilómetros recorridos; se depositaba en canecas y no en los vehículos a los que se relacionaba el cobro, e incluso se cargaba su uso a aquellos cuyos recorridos eran mínimos o nulos.
En un segundo cargo la Procuraduría reprochó al general retirado por presuntamente omitir denunciar el apoderamiento ilegal del combustible durante el periodo en que se desempeñó como jefe máximo de esa unidad militar (2015-2017) y del cual, al parecer, tuvo pleno conocimiento, logrando afectar con ello el patrimonio público y minar la confianza y el respecto que como comandante infundía en sus subalternos. Estas presuntas faltas de Romero Pinzón fueron calificadas de manera provisional como gravísimas a título de dolo.
En un tercer cargo, el órgano de control advirtió una presunta falta disciplinaria relacionada con una extralimitación de funciones del general Romero al arrogarse en forma directa el estudio de los documentos para la expedición de permisos de tenencia y porte de armas, así como la revalidación de ellos, con el supuesto fin de definir a quiénes le negaba o expedía los salvoconductos, función que le correspondía al Departamento Control Comercio de Armas, Municipios y Explosivos y al jefe de Estado Mayor. La presunta falta fue calificada provisionalmente como grave a título de dolo.
** El viernes 8 de enero de 2021 el exgeneral Romero Pinzón quedó en libertad por orden de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá. El magistrado Alberto Poveda anunció que ya habían transcurrido más de 240 días desde que la Fiscalía presentó el escrito de acusación en su contra y no se había iniciado la audiencia de juicio oral. Por lo tanto, quedó libre por por vencimiento de términos. Romero estaba recluido en la Escuela de Caballería del Ejército Nacional, en Bogotá.
** El lunes 22 de febrero de 2021, la Fiscalía anunció que impuso medidas con fines de extinción de dominio a inmueble que pertenecería al exgeneral Romero. Según los elementos de prueba obtenidos por el ente investigador, un bien ubicado en un condominio de Cali, Valle del Cauca, fue adquirido con los dineros que Romero Pinzón habría recibido por el presunto direccionamiento ilegal de contratos en la Cuarta Brigada.
En ese sentido, una fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio de la Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre el inmueble. La propiedad afectada, avaluada en cerca de mil millones de pesos, fue entregada para su administración a la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
** El proceso penal por concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, cohecho propio y peculado por apropiación en favor de terceros avanza en la etapa de juicio en la Corte Suprema de Justicia.
