Génesis de la venta de armas legales a los ilegales

Imagen de La Corte Suprema de Justicia de Colombia.
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Colombia, 14 agosto de 2021.- La venta de armas legales y sus respectivos permisos a personas involucradas con el crimen urbano del Valle de Aburrá no es un asunto nuevo ni un invento del exgeneral Jorge Horacio Romero Pinzón, quien es investigado por la Fiscalía General de la Nación por hechos de corrupción que incluyen irregularidades en la adjudicación de contratos y distribución de combustible.

Análisis Urbano tiene conocimiento de que la venta irregular de armas de fuego legales y sus respectivos permisos se inició desde el año 1993 en Medellín a sujetos que hacían parte de la organización creada para perseguir a Pablo Escobar denominada Los Pepes (Perseguidos por Pablo Escobar) conformada por paramilitares -en su mayoría- que obedecían órdenes de Carlos Castaño, alias Doble Cero y alias Berna.

Gracias a esa connivencia entre las fuerzas militares y hombres como Carlos Mauricio García Fernández (alias Doble Cero), las autodefensas pudieron desarrollar sus actividades ilícitas no solo en Medellín, sino en el Urabá antioqueño y en el departamento de Córdoba. García Fernández, excomandante del Bloque Metro de las AUC, fue teniente del Ejército Nacional y se unió a alias Berna para enfrentar al Cartel de Medellín y eliminar al capo Escobar. Diferencias ideológicas los convirtieron en enemigos y fue el propio alias Berna quien ordenó su asesinato, consumado en mayo de 2004 en Santa Marta, año en que también fue baleado Carlos Castaño en la vereda El Tomate, de San Pedro de Urabá.

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Muchos exmilitares terminaron sirviendo a causas paramilitares, subversivas y narcotraficantes. No se sabe a ciencia cierta el número, pero, por ejemplo, posterior a la desmovilización de los paras en 2003 se conocieron más de ochocientas denuncias en la Fiscalía por nexos entre agentes del Estado y autodefensas.

Imagen de la BBC.

Esa confabulación entre militares y autodefensas fue denunciada por defensores de Derechos Humanos como Jesús María Valle Jaramillo, quien manifestó en diferentes oportunidades que existía una hermandad entre los organismos armados del Estado y los ilegales. Por esa razón fue asesinado en febrero de 1998 por sicarios de la banda la Terraza, enviados por alias Berna y obedeciendo órdenes de Carlos Castaño.

La alianza entre sectores de las Fuerzas Militares y el paramilitarismo habría permitido que se hayan utilizado armas legales en muchos de los asesinatos que cometieron la banda La Terraza y otras bandas que estuvieron al mando de alias Berna y su organización criminal (que posteriormente sería denominada como la Oficina del Valle de Aburrá, una diferente a la Oficina de Envigado creada por Pablo Escobar).

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En 1994, el comandante de la Cuarta Brigada era el general Jorge Enrique Mora Rangel, el gobernador de Antioquia el conservador Juan Gómez Martínez y el alcalde de Medellín el también conservador Luis Alfredo Ramos Botero. Para el periodo 1995-1997 fueron elegidos Sergio Naranjo para la alcaldía de Medellín y Álvaro Uribe Vélez para la gobernación de Antioquia. El general Carlos Alberto Ospina reemplazó al general Mora en la comandancia de la Cuarta Brigada. Por esos días se empezó a entretejer el fenómeno ilegal conocido como autodefensas, que en principio se negaron a ser denominados como paramilitares.

Desde finales del año 2003 aumentaron la venta de armas de fuego y de permisos especiales para porte a personas ligadas a actividades criminales. Ese año, en noviembre, se desmovilizó en Medellín el bloque Cacique Nutibara de las autodefensas, proceso que culminó con la entrega de las armas por parte del bloque Elmer Cárdenas en agosto de 2006. En ese periodo se registró la desmovilización de 32 mil integrantes de esos grupos que obedecían órdenes de alias Berna.

La extradición en mayo de 2008 de Diego Fernando Murillo Bejarano (alias Berna, alias don Berna o alias Adolfo Paz) no diezmó el negocio y por el contrario, con la posterior disputa entre quienes querían reemplazarlo en el mando de la Oficina, aumentó. Alias Valenciano y alias Sebastián se pelearon la hegemonía y en Medellín se urdió una nueva guerra.

Para comprar un arma de fuego en la Cuarta Brigada, se decía (entre 2004 y 2011), que bastaba con afirmar a los militares que se era comerciante, por ejemplo, vendedor de frutas en una carreta (sí, así tal cual, vender frutas en una carreta era suficiente para demostrar que el solicitante era comerciante), y pagar 7 millones de pesos a Indumil y otros 7 millones de pesos al Departamento de Control Comercio de Armas (DCCA). Así se compraba un arma y el permiso para portarla.

No era difícil por dos razones, la primera, porque quienes -ahora se sabe con certeza- eran consumados delincuentes, para esa época no tenían antecedentes ni eran buscados por las autoridades; y la segunda, porque había que tener plata y eso para los miembros del crimen urbano y rural no es óbice. Realmente los valores tanto del arma de fuego como del permiso eran y son menos onerosos, pero los precios incluyen la “liga”. Análisis Urbano tiene información confiable que advierte sobre la ocurrencia de hechos similares en otras jurisdicciones militares del país.

Cabe aclarar que Indumil -Industria Militar- es la entidad encargada de fabricar y comercializar armas, municiones, explosivos y accesorios por mandato constitucional; y la DCCA, por su parte, es la entidad que controla y autoriza la venta de esas armas, municiones y explosivos. Las dos entidades hacen parte de las Fuerzas Militares.

La rentabilidad depende de la demanda y como quienes producen y venden las armas son los mismos encargados de ejercer el control, el negocio se hace jugosamente rentable y se convierte en un poderoso imán para la corrupción. No en vano son “considerables -las- ganancias que se generan en el monopolio doméstico de las líneas de abastecimiento militar”, advierte un informe de Small Arms Survey, organización creada en 1999 cuyo objetivo es generar información imparcial, fidedigna y relevante para el diseño de políticas en materia de armas pequeñas y violencia armada.

La violencia asociada con la delincuencia común, el narcotráfico, la mafia, la criminalidad contribuye a la inseguridad. Conflicto y violencia criminal son amenazas para la seguridad humana. “Colombia tiene un inmenso mercado ilegal de armas, con una compleja red de vendedores y compradores, muchos de ellos impulsados por el narcotráfico”, señala el informe de Small Arms Survey.

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La tenencia de armas de fuego en nuestro país no es un derecho, es una concesión del Estado a los civiles. En Colombia, caracterizado por ser uno de los países más violentos del mundo, con un conflicto armado prolongado en el tiempo (con o sin Acuerdo de Paz), no podría ser un derecho, como sí lo es en Estados Unidos, gracias a la segunda enmienda, introducida en la Constitución en 1791.

La legislación nacional para el control de armas de fuego es muy restrictiva y solo el Gobierno puede introducir al país, exportar, fabricar y comercializar armas, municiones, explosivos y las materias primas, maquinaria y artefactos para su fabricación. Asimismo, ejerce el control sobre tales actividades, según el artículo 2 del decreto ley 2535 de 1993, reglamentado a su vez por el decreto 1809 de 1994.

Pero eso solo ocurre en el papel, porque para conseguir un arma de fuego en Medellín, por ejemplo, solo se requiere dinero. Los delincuentes quieren las armas y tienen la plata para comprarlas. Según el estudio de Small Arms Survey: “El mercado legal de armas en Colombia está entre los más transparentes y bien regulados del mundo, aunque el cumplimiento de las normas es irregular”.

El lucrativo negocio de venta de armas legales a bandidos seguiría en la sombra, de no ser porque en abril de 2016 se descorrió el pestillo que dejó al descubierto ese contubernio reprochable y criminal.

Informantes anónimos indicaron que en el Ejército Nacional personas sin escrúpulos estaban vendiendo armas y otorgando permisos para porte y permisos especiales a particulares que no cumplían con los requisitos legales. Esos particulares serían en su mayoría miembros de grupos al margen de la ley. Por esa razón, el batallón de contrainteligencia militar N.7 inició una investigación que denominó “Misión Galicia”.

Según inteligencia militar, la Cuarta Brigada otorgó 330 permisos especiales en el año 2016; 299 permisos especiales en 2017; y 280 en 2018. Una consulta aleatoria arrojó que de cien personas a quienes se les otorgó el permiso, sesenta tenían algún antecedente judicial.

Sin embargo, solo hasta el año 2018 la Fiscalía General de la Nación supo de la investigación que adelantaba inteligencia militar. El ente acusador solicitó apoyo castrense porque descubrió una irregularidad: en las capturas de ese año, a señalados cabecillas de la denominada Oficina les fueron halladas armas de fuego legales que contaban con permisos especiales expedidos por la DCCA.

“El otorgamiento deliberado y sin control de permisos para porte y permisos especiales para porte de armas de fuego al interior de la Cuarta Brigada, el Departamento de Control Comercio de Armas (DCCA) y algunas seccionales de Control Comercio de Armas, generó que un alto porcentaje de integrantes de los diferentes combos delincuenciales que integran el GDO La Oficina, pudieran acceder a comprar un arma de fuego con papeles legales. Esto se evidencia en la cantidad de integrantes de esa organización capturados en los últimos dos años, que tenían un arma de fuego con permiso de porte y permiso especial de porte”, se lee en el informe de contrainteligencia militar.

La captura de Sebastián Murillo Echeverri, alias Lindolfo o alias Sebitas, de 35 años, en febrero de 2018, despertó las primeras sospechas. Para las autoridades, alias Lindolfo -condenado en septiembre de ese mismo año a 18 meses de prisión- era en ese entonces el principal cabecilla de la Oficina y el también líder de la banda Caicedo, con la que traficaba estupefacientes y cobraba extorsión y deudas de la mafia.

Al momento del arresto en un apartamento de El Poblado -edificio Orión-, alias Lindolfo portaba una pistola con permiso para porte y tenencia y otro especial que le autorizaba llevarla consigo. Dos de sus guardaespaldas también portaban armas con permiso de la DCCA: alias Fantasma (Cristian Duque Echeverry) y alias el Mexicano (Diego Zapata Martínez).

Igual sucedió en la captura de Juan Carlos Castro, alias Pichi Belén o Pichi Castro, de 44 años de edad. El hecho ocurrió en agosto de 2018 en un predio del municipio de Tolú, Sucre. Alias Pichi se encontraba allí con cuatro personas más, entre ellos alias Yuca, su guardaespaldas de confianza. Para las autoridades, alias Pichi Belén era el líder de la banda Belén San Bernardo, de la comuna 16, y mano derecha de alias Tom, señalado líder de los Chatas y de la Línea mayoritaria de la Oficina o Alianza Criminal del Norte, capturado en el municipio de El Peñol en diciembre de 2017.

Alias Pichi Belén, quien trabajó para alias Berna y posteriormente recaló en la facción de alias Sebastián, fue capturado en 1996 y fue condenado a 17 años de prisión por concierto para delinquir. Tras su salida de prisión, fue la pieza clave para expulsar a la banda de los Pesebreros de la comuna 16.

Juan Carlos Castro estaba registrado en Cámara de Comercio de Medellín como comerciante de vehículos, ropa y artículos de cuero y al momento de su captura le fue hallada una pistola Jericho con permiso especial vigente.

En el rastreo efectuado por la Fiscalía figuran los siguientes cabecillas de bandas de Medellín, a quienes se les otorgó permiso para porte de armas y permisos especiales concedidos por la Cuarta Brigada:

Alias Tom, con un permiso para porte en 1997; alias Valenciano (Maximiliano Bonilla), con permiso para porte en 2001; alias Montañero (Ferney Moreno), con permiso para porte y especial en 2006; alias Tyson (Javier Posada) con permiso para revólver en 2006; alias Cesarín (Hernán Giraldo) con permiso para revólver en 2001; alias Gancho (Jader Botero) con cinco permisos desde 2001; alias Adiel (Adiel Covaleda) con tres permisos para pistola y revólver; alias el Francés (Andrés Monsalve) con permiso para revólver; alias la Cachona (Robinson Mejía) con permiso para revólver; alias Ronco (Mauricio González) con permiso para pistola; alias Vladimir (Vladimir Moreno) con permiso para revólver; alias Ratón (Hernán Villa) con permiso para revólver, alias Memín (Hernán Sánchez) con permiso para revólver; alias Camilo Chata con permiso para pistola; alias Maicol (Luis García) con permiso para revólver; alias Yordi o el Gomelo (Juan Pablo Taborda) con permiso para revólver; alias Tatú (Javier Marín) con permiso para revólver; alias Cepillo (José Giraldo) con permiso para revólver; alias Chelbun (Camilo Pineda) con permiso para revólver; alias Cheo (Walter Salazar) con permiso para revólver; alias Diadema (Julián Agudelo) con permiso para pistola; alias Chichón (Frank Jonny Salazar) con dos permisos para revólver; alias Guayabo (Jairo Ardila) con permiso para dos pistolas; alias Chicho (Mauricio Zapata) con permiso para tres pistolas; alias Lindolfo (Sebastián Murillo) con tres permisos para pistolas, y alias Pichi Belén (Juan Castro) con permiso para pistola.

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La Fiscalía también encontró que para muchos de estos permisos en la Cuarta Brigada se llevaba un registro en cuadernos, a la vieja usanza, cuyos datos no quedaban en el sistema. Entre 2016 y 2018 se tramitaron 65 permisos especiales para porte de armas en la Cuarta Brigada que, según la investigación, fueron para personas con antecedentes judiciales.

Sin embargo, un empresario es quien asegura que Romero, siendo comandante de la Cuarta Brigada, organizó una reunión con varios empresarios de la ciudad de Medellín, tanto del sector público como privado. Fue en enero de 2016. Palabras más, palabras menos, les dijo que los permisos especiales para adquisición o renovación de armas de fuego los iba a manejar el exoficial directamente.

exgeneral Jorge Horacio Romero Pinzón. Foto Ejército Nacional.

También una mujer habría aseverado que, una vez acordado un ilícito con Romero para la renovación de un arma de fuego y el permiso para una pistola, en la Cuarta Brigada la recibió un uniformado que también trabajaba con la expedición ilegal de salvoconductos y que le dijo no saber nada del general Romero. Al final pagó 11 millones de pesos por un permiso –solo por el permiso- para una persona que tenía antecedentes por narcotráfico.

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En otro escándalo al que vincularon exgeneral tiene que ver con la concesión de permisos para polígonos de tiro y la venta de armas para estos. Uno de ellos es denominado El Viejo Oeste, de propiedad de un exfutbolista. Se asegura que allí iban los cabecillas de la Oficina del Valle de Aburrá a practicar tiro. Es lo que se dedujo luego de que en las afueras fuera herido a balazos, en mayo de 2018, Mauricio Zapata Orozco, alias Chicho, señalado cabecilla de la Terraza.

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El permiso para este polígono se habría gestionado durante la comandancia del general Romero y le fueron vendidas 10 armas de fuego a su propietario. Pero es un club tiro legalmente establecido y hasta el momento la Fiscalía no ha podido hallar vínculos con personas que estén involucradas en actividades ilegales.

En 2018, el exgeneral Romero inició su periplo por la Tercera División del Ejército, cuya jurisdicción son los departamentos de Valle del Cauca, Cauca y Nariño. En febrero de ese año fue capturado alias Lindolfo. A este y a sus escoltas les hallaron tres pistolas con permisos expedidos por la Novena Brigada, con sede en la ciudad de Neiva, Huila. Seis meses después fue capturado alias Pichi Belén en Tolú, Sucre. El nombre del exgeneral Romero saltó a la palestra pública, pues lo señalaban de nuevo de ser el líder de una red criminal que vendía permisos a cabecillas de la Oficina del Valle de Aburrá. A alias Pichi le fue hallada una pistola con permiso que también fue expedido en Neiva.

Después del escándalo, todo parecía indicar que la baja llegaría para el exgeneral Romero, pero no. El recién nombrado comandante del Ejército, exgeneral Nicacio Martínez, lo asignó, en enero de 2019, como Jefe del Comando de Apoyo Integral y Desarrollo, unidad que cuenta con un presupuesto mayúsculo para proyectos militares en todo el país.

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La búsqueda del ente investigador sigue. Y son al menos siete generales los que estarían involucrados en la entrega de estos permisos, de ser ciertas las denuncias, y son precisamente los excomandantes de la Cuarta Brigada en los últimos diez años.

Valga recordar quiénes fueron los comandantes de la Cuarta Brigada en la última década:

– General Alberto José Mejía Ferrero, 13 de noviembre de 2010 – noviembre de 2011.

– General Nicacio de Jesús Martínez Espinel, noviembre de 2011 – noviembre de 2013.

– General Néstor Rogelio Robinson Vallejo, noviembre de 2013 – 3 de diciembre de 2015.

– General Jorge Horacio Romero Pinzón, diciembre de 2015 – 21 de diciembre de 2017.

– General Juan Carlos Ramírez Trujillo, diciembre de 2017 – diciembre de 2018.

– General Juvenal Díaz Mateus, diciembre de 2018 – 14 de diciembre de 2020.

– General Fredy Marlon Coy Villamil, diciembre de 2020 – a la fecha.

A la fecha, agosto de 2021, al general Romero Pinzón no se le ha iniciado un proceso penal por la presunta venta de salvoconductos a cabecillas del crimen organizado en el Valle de Aburrá.

Espere la segunda parte de este informe especial: Ex general Romero: apenas un eslabón en la cadena de irregularidades que se visten de camuflado

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