El miércoles 16 de marzo un prisionero del centro penitenciario Pedregal fue asesinado. Según la denuncia escrita que envían los presos, y que se hace pública a través de la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades) y la Corporación Nelson Mandela para la Libertad y la Paz (Cnemalipaz), que vienen acompañando el caso, Erber Alonso Bedoya González murió en un procedimiento de requisa en el Patio de Recepción Dos.
De acuerdo a la denuncia, la cárcel Pedregal fue tomada por el Grupo de Reacción Inmediata (GRI) y el Comando Operativo de Remisiones de Especial (Cores), grupos especiales del Inpec que iniciaron las requisas a las 5:00 am. Llegadas las 4:00 pm, la requisa inició en el Patio de Recepción Dos en donde comenzaron desnudando a los internos y posteriormente a desplazarlos hacia otro salón. Erber Alonso Bedoya González se desplazaba despacio debido a una discapacidad que padecía y por la que le insertaron platinas en una de sus piernas. Los prisioneros afirman que el caminar lento desesperó a un guardia que reaccionó propinándole un golpe en la nuca con un bolillo y que después le aplicó una descargar eléctrica.
Bedoya González cayó y empezó a convulsionar, pero -según los internos- nadie del Inpec le prestó atención médica y tampoco dejaron que los compañeros prisioneros lo auxiliaran. Posteriormente fue trasladado a Sanidad de la cárcel pero no hubo forma de reanimarlo, al parecer, el interno llegó sin vida.
Los internos también denuncian que allí estaba presente Imelda López, directora regional del Inpec, y Liliana María Vélez, directora de la cárcel de Pedregal. Esta no es la primera vez que tanto Corpades como el Cnemelipaz denuncian un actuar negligente por parte de la directora López, funcionaria que ya amerita una investigación.
Los prisioneros afirmaron que este operativo de requisa obedece a una serie de represalias que les aplican por las protestas que vienen haciendo debido a las pésimas condiciones de salubridad de la cárcel, el hacinamiento inhumano, y la mala alimentación. Según ellos, ocho días atrás de la muerte de Erber Alonso Bedoya González, precisamente habían realizado una protesta pacífica.
La denuncia finaliza advirtiendo que varios presos fueron testigos del aparente homicidio, y que esperan que no los empiecen a trasladar para no desviar la investigación.
De demostrarse lo anterior, algunos guardias, y hasta las directoras del Inpec y del penitenciario, deberían ser juzgados por homicidio y cómplice del mismo. El Inpec y las cárceles de Medellín deben ser urgentemente intervenidas.
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