Arauca, Colombia, 22 enero de 2022.- Pobladores de la localidad colombiana de Saravena, en el departamento de Arauca, fronterizo con Venezuela, se manifestaron este viernes en las calles, vestidos de blanco, para rechazar la violencia guerrillera tras el atentado terrorista que dejó un muerto y cinco heridos.
Un carro bomba estalló el miércoles por la noche en una zona céntrica de Saravena, donde funcionan comercios y oficinas, y aunque al parecer tenía como blanco la sede de la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra, los mayores daños los sufrió la agencia local del estatal Instituto Colombiano Agropecuario (ICA).
Los lugareños, que además llevaban banderas y globos blancos, llegaron al parque principal de la población en donde pidieron a los grupos armados cesar la violencia y no involucrar a la población civil en el conflicto armado, agravado por la guerra que libran en Arauca disidencias de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) por el control territorial.
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Esa lucha se recrudeció en los últimos meses y en lo que va de año han sido asesinadas unas 40 personas en Saravena, y en los vecinos municipios de Tame, Fortul y Arauquita, según la representante legal de la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra, Sonia López.
El alcalde de Saravena, Wilfredo Gómez, dijo a periodistas que la movilización es una petición de los araucanos de ser excluidos de un conflicto armado del cual han sido víctimas.
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«Esperamos que sirva para algo, la verdad, después de salir de un covid-19, después de salir de restricciones producto de calamidades públicas, ahora con este tema del conflicto social, los comerciantes están muy afectados», aseguró.
La ONU dijo ayer que más de 1.500 personas han tenido que huir de sus casas en varios municipios de Arauca desde que comenzaron los ataques y choques entre el ELN y disidencias de las FARC.
A raíz de la difícil situación de violencia, la Gobernación de Arauca impuso el jueves un toque de queda nocturno en Fortul, Saravena, Arauquita y Arauca, la capital departamental.
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Arauca es un departamento con gran riqueza petrolera y ganadera en el que desde hace más de 30 años el ELN controla prácticamente todas las actividades económicas mediante extorsiones y secuestros, un «negocio» que le quieren arrebatar las disidencias de la FARC dedicadas también al narcotráfico, aprovechando la cercanía de la frontera con Venezuela.
EFE
