Quibdó (Colombia), 12 marzo de 2022.- Lo que empezó en Colombia como un proceso ilusionante, pionero en el mundo, de que las propias víctimas tengan voz y voto en el Congreso, para muchos candidatos hace agua tras una campaña sin recursos y con amenazas que los llena de desesperanza por la oportunidad perdida de hacer historia.
“Esto ha sido un proceso simbólico. Este es el único país del mundo que le dio derechos de participación a las víctimas pero a qué costo”, asegura a Efe Fabián Gómez (nombre cambiado por su seguridad), un líder social del selvático departamento del Chocó. Simbólico, pero también “mezquino con las víctimas”, “desigual” y lleno de falencias.
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Este joven afro cree, aún sin saber cuántas personas votarán por él mañana, que no se volvería a presentar a una elección así; no le merece la pena tanto esfuerzo, sufrimiento y exposición.
“Nosotros hemos estado en desigualdad todo el tiempo, el Gobierno nunca cumplió con los anticipos a la población víctima, nos dejó solos”, lamenta este candidato, que cree que “el Gobierno no ha tenido un interés real para que lleguemos a la Cámara (de Representantes)”.
Es uno de los casi 400 candidatos a las llamadas “curules de paz” en Colombia, uno de los 16 escaños en la Cámara que se eligen este domingo por primera vez en el país y para los que solo podrán votar en las zonas rurales, normalmente muy aisladas, que estuvieron (y siguen estando) más afectadas por el conflicto armado.
Pero en su zona, una de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP) del Chocó, en el noroeste de Colombia, casi todos saben quién va a ganar: James Hermenegildo Mosquera, un candidato que se inscribió como víctima el 2 de noviembre, aludiendo amenazas unos días antes de un grupo guerrillero y en tiempo récord (menos de 10 días) tuvo su condición de víctima certificada por la Unidad Nacional de Víctimas (UNV).
CLIENTELISMO y ABUSO DE PODER
Durante las elecciones, otros candidatos se quejan que mientras ellos no han tenido recursos para ir a hacer campaña a las zonas alejadas, bajo la atenta mirada (y exigencias) de los paramilitares y la guerrilla, Mosquera ha llegado a los pueblos repartiendo dinero y exhibiendo poder, a pesar de que los candidatos de paz tienen un límite de gasto fijado.
Un documento que pudo comprobar Efe de la Alcaldía de Istmina certifica que Mosquera no reside allá, a pesar de que así lo afirmó para poder participar en las elecciones, y que tampoco sucedieron los hechos por los que alega que es víctima.
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Sí está involucrado en un proceso de peculado por apropiación por llevarse más de 1.000 millones de pesos (casi 280.000 dólares) en la ejecución de un contrato de prestación de servicios adjudicado por un ente público, según la Fundación Paz y Reconciliación (Pares).
Detrás de este caso, como ha pasado en otras CITREP, hay, según el candidato, las mismas familias políticas que gobiernan en Colombia, y partidos tradicionales que tienen toda una estructura construida en los territorios para comprar votos.
VOTAR EN LAS ENTRAÑAS DE COLOMBIA
Esta votación -que solo se realizará en dos ciclos políticos- da poder extra a algunos territorios, pues cuentan con sus elecciones territoriales habituales a la Cámara y una silla más, que debería ser para las víctimas, lo que quieren aprovechar algunos.
Además, se desarrollan en zonas complicadas donde para llegar hay que hacer varias horas de trocha o de viaje por río o por mar.
En Andagoya, la cabecera municipal de Medio San Juan, en el Chocó, se preparan desde pronto este sábado para mandar todo el material electoral por barco a municipios como Noanamá, San Jerónimo o el resguardo indígena de Unión wounaan, al que se tarda hasta cuatro horas en llegar.
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Esas dificultades alarman a algunos observadores internacionales, como los que acompañan a la ONG MOE Colombia, que aseguraron hoy en un informe que una candidata les dijo que no hay seguridad de “que esos votos sean robados, o que nunca lleguen a su destino”.
UNA CAMPAÑA DIFÍCIL
A esas mismas zonas han tenido que ir los candidatos, casi con sus propios medios, a hacer campaña. En el Chocó, donde hay fuerte presencia de paramilitares del Clan del Golfo, de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y de otros grupos criminales, todos los candidatos se mueven con esquema de seguridad.
Gómez dice que su campaña ha sido “sin garantías en un territorio rural disperso, sin garantías cuando te encuentras todos los días con los paramilitares, con la guerrilla en el territorio y tienes que pedirles permiso para entrar en los pueblos”.
A él lo ayudó la Iglesia y algunos amigos que le regalaron un tanque de combustible, le prestaron un motor de lancha para poder recorrer la gran mayoría de municipios del departamento que solo tienen acceso por río o un carro para las trochas (caminos) que llevan a los otros.
Además, una vez que llegaban, lamenta que la gente no conocía sobre estas elecciones porque el Gobierno no ha hecho pedagogía entonces “llegas a las comunidades y la gente te dice: ‘hijodeputa político embustero’. Sin saber de dónde vienes”. Le confundían con los políticos tradicionales de siempre.
“Este proceso se chamboneó (lo hicieron descuidadamente), nos cogieron a todos de conejillos de indias”, asegura el candidato. Era una oportunidad única para darle voz a las decenas de miles de víctimas que han sido ninguneadas tras el conflicto y de llevar la voz de los territorios que siguen sufriendo el abandono estatal.
“Ojalá haya cambio en Colombia porque las víctimas no aguantamos más un Gobierno que le guste más la guerra que las condiciones en los territorios”, dice, aún con algo de esperanza.
Con información de EFE
