Colombia, 18 agosto de 2022.- La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios ha manifestado públicamente el alto riesgo en el que se encuentran las comunidades de varios municipios del sur del departamento de Bolívar.
La ubicación geográfica de esta región, la capacidad de recursos naturales como el oro, la siembra de cultivos de uso ilícito y el quiebre montañoso de difícil acceso, hacen de este lugar una zona propicia para el control armado y de gran interés para los actores armados ilegales.
Por esta razón, diferentes vulneraciones a los derechos humanos se vienen ejecutando por peligrosos actores armados en esta zona. El riesgo es latente para los habitantes ubicados en la Serranía de San Lucas, principalmente en los municipios de El Arenal, Montecristo, Morales, Santa Rosa del Sur. Ya hay varias víctimas.
Entre los días 5 y 10 de agosto, cerca de 732 personas comprendidas en 149 familias de las comunidades de Mina Sinaí, municipio de Arenal (108 personas, 23 familias), Mina Repollo, Mina Viejo, Mina Café, municipio de Morales (459 personas, 112 familias) y El Paraíso, municipio de Montecristo (100 personas, 21 familias) se desplazaron hacia Mina Viejito (Arenal) y Mina Gallo (Morales). Otras 65 personas (16 familias) de estas mismas comunidades se desplazaron hacia el sector conocido como La Y de San Luquitas (Santa Rosa del Sur).
EN CONTEXTO
Desde el 27 de julio se presentan fuertes enfrentamientos entre dos grupos armados. Retenes ilegales, restricciones a la movilidad, contaminación de minas antipersonas, incursiones y amenazas contras las comunidades y líderes de las Juntas de Acción Comunal encendieron las alertas de toda la población.
La estrategia de expansión territorial de estas organizaciones armadas por la zona alta de la Serranía de San Lucas ha agudizado esta violencia armada en la cual la población civil es la más afectada, aumentando el temor ante amenazas y homicidios.
Algunas de estas comunidades se están desplazando hacia el municipio de Santa Rosa del Sur, ya que este cuenta con una oferta institucional más amplia, una infraestructura para la adaptación de un alojamiento temporal y mejores capacidades para la atención humanitaria.
La Alerta de Inminencia 018-21 de la Defensoría del Pueblo había diagnosticado que el escenario de riesgo en esta región se configura por la disputa territorial que sostiene el grupo armado ilegal de las disidencias del frente 37 de las extintas Farc EP y el ELN contra las incursiones armadas realizadas por el accionar de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia AGC.
El riesgo se concentra contra personas en proceso de reincorporación, niños y niñas, adolescentes, jóvenes, comerciantes, docentes, mineros, personas defensoras de Derechos Humanos, líderes y lideresas sociales, integrantes de las Juntas de Acción Comunal, mujeres y población migrante.
A.U.
