Asesinos, los más beneficiados con decisión de la UNP de desmontar esquemas de seguridad a líderes sociales
La UNP está entregando ventajas para la destrucción total de líderes sociales en el país con el desmonte de esquemas de seguridad
Colombia, 20 noviembre de 2023.- La peligrosa decisión del Director de la Unidad Nacional de Protección de desmontar masivamente esquemas de seguridad de centenares de líderes y lideresas sociales en un país como Colombia, donde los asesinatos son constantes, es motivo de gran preocupación para las organizaciones sociales y los protegidos que siguen en alto riesgo.
La reducción o eliminación de los esquemas de seguridad de organizaciones sociales e integrantes de dichas organizaciones es una decisión temeraria de la UNP y su actual director que va en contravía de las garantías a la vida e integridad de personas defensoras de los derechos humanos en un país con unas características especiales en materia de seguridad por la persistencia de los fenómenos de violencia política.
La preocupación se argumenta en las altas tasas de personas defensoras de los derechos humanos asesinadas en el país, y preocupa que este Gobierno y su director de la Unidad Nacional de Protección estén recurriendo a peores estrategias que gobiernos anteriores.
El Gobierno de Gustavo Petro no puede permitirse que líderes sociales que están en alto riesgo sigan siendo asesinados porque no se toman las medidas de protección que se requiere.
Por su parte, el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, ha solicitado a la Unidad Nacional de Protección que revise con detalle el retiro de esquemas de seguridad y mantenga las medidas implementadas para proteger los derechos a la vida e integridad de las personas en situación de amenaza mientras los procesos de revaluación de riesgo se llevan a cabo.
La entidad encargada de promover y proteger los derechos humanos en Colombia ha evidenciado que se han retirado esquemas de protección a servidores o ex servidores públicos, lideresas o líderes sociales, defensoras y defensores de derechos humanos, miembros de grupos políticos y de oposición, sindicalistas, periodistas y personas que requieren especial protección del Estado.
Para Carlos Camargo Assis, es clave que el organismo de protección estatal revise y tenga presente las Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo y la información que recibe sobre quejas relacionadas con violaciones a los derechos humanos, ya que ayuda a facilitar la implementación de medidas de protección para quienes las necesitan.
La Alerta 019-23 y el riesgo para las personas defensoras de los derechos humanos
La Alerta Estructural 019-23 de la Defensoría del Pueblo destaca los riesgos que enfrentan las personas defensoras de DD. HH. y líderes sociales en diferentes regiones del país, poniendo en peligro su vida e integridad personal.
La Defensoría del Pueblo advierte sobre la persistencia de diversos riesgos que enfrentan las organizaciones defensoras de derechos humanos y sus integrantes. Cerca de 900 agresiones al año dejan un panorama preocupante del escenario y el subregistro debido a las particularidades territoriales y contextuales, plantean una amenaza significativa para la vida e integridad de los defensores de derechos humanos en primer lugar.
La Defensoría del Pueblo indica que el 70% de las conductas que afectan la labor de los defensores y defensoras de derechos humanos son amenazas, mientras que el 20% corresponde a casos de homicidio y el 5% a atentados. Además, son víctimas de desplazamiento forzado, estigmatización, extorsión, retenciones arbitrarias, desapariciones y otras situaciones que requieren una protección urgente.
Según la Defensoría del Pueblo, se registraron 1.200 casos de asesinatos de líderes y defensores de derechos humanos desde la firma de Acuerdo de Paz.
Estos casos representan un alto riesgo para estas personas. Los departamentos más afectados fueron Cauca, Antioquia, Nariño, Putumayo, Valle del Cauca, Chocó, Norte de Santander, Arauca, Caquetá, Bolívar, Huila, Meta, Cesar y La Guajira. Estos datos demuestran un riesgo generalizado en todos los departamentos del país.
El país no ha logrado superar la crisis debido al aumento de agresiones contra defensores de derechos humanos, especialmente aquellos que firmaron acuerdos de paz y las poblaciones en situación de vulnerabilidad. Por lo tanto, es crucial que la Unidad Nacional de Protección cuente con profesionales capacitados, con habilidades técnicas y cualidades que generen confianza, pero también que tengan un profundo conocimiento de los riesgos y realidades territoriales del país. De esta manera, se podrán tomar decisiones fundamentales que afectan la vida de miles de personas.
Es fundamental que las autoridades estatales en Colombia tomen en cuenta los análisis de riesgo y conflictividad del país al tomar decisiones sobre medidas de protección para personas amenazadas o en alto riesgo.
La Defensoría del Pueblo ha informado que hay 700 municipios en 32 departamentos del país que se encuentran en alto riesgo, y aunque el nivel de riesgo puede variar, existen características particulares en algunos sectores que muestran una situación sumamente compleja que requiere la atención del Estado para garantizar la vida de las personas que buscan protección.
Solicitudes de protección y personas protegidas por la UNP 2019-2022
La propia Defensoría del Pueblo está preocupada por las constantes denuncias e investigaciones que señalan deficiencias en la prestación del servicio de la UNP, corrupción interna y falta de transparencia en los procedimientos de evaluación del riesgo.
Estas denuncias se han intensificado recientemente, a pesar de los intentos de reestructuración de la entidad. La calidad del servicio y los costos para el país son motivo de extrema preocupación, considerando el papel clave de la UNP en la protección de las PDDH y líderes sociales.
Las cifras y hallazgos en los informes de rendición de cuentas de la UNP son desalentadores. A pesar del aumento significativo en su presupuesto, el número de personas protegidas y las órdenes de servicio no han crecido al mismo ritmo. Además, las rendiciones de cuentas son ambiguas en sus datos.
En los últimos 4 años, la UNP ha recibido más de 4.5 billones de pesos para proteger a un número reducido de personas frente a un alto volumen de solicitudes. Además, enfrenta investigaciones por corrupción y amenazas a sus funcionarios.
La supresión del Grupo de Valoración Preliminar es una preocupación para la Defensoría del Pueblo, ya que se eliminó un espacio importante para evaluar el riesgo de las poblaciones beneficiarias.
Es evidente que la UNP necesita una intervención integral para garantizar eficiencia y transparencia en su trabajo para que esta cumpla con un mandato del que depende la vida de miles de personas.
La Defensoría del Pueblo ha hecho diversos llamados al Gobierno Nacional para que se armonicen y racionalicen las políticas públicas existentes, se implementen mejores mecanismos de protección y se fortalezcan las condiciones para garantizar la seguridad de los defensores de derechos humanos.
Asimismo, se exige que se cumplan los compromisos suscritos en los Puestos de Mando Unificados MUV del 2022, y se agilicen las investigaciones contra servidores públicos adscritos a la Unidad Nacional de Protección (UNP) o cualquier entidad encargada de otorgar medidas de protección, que estén relacionados con denuncias, corrupción o vínculos con grupos armados ilegales y estructuras criminales.
Es importante señalar que la alta vulnerabilidad a la que son expuestas las personas defensoras de los Derechos Humanos en el país ha sido reconocida y documentada por varias organizaciones, como la oficina del Relator Especial de la ONU para la situación de defensores, la CIDH, la Comisión de la Verdad de Colombia, HRW y Amnistía Internacional.
Estas preocupantes decisiones también han sido examinadas por las propias PDDH y líderes sociales como la base de todas las violencias en su contra y como un escenario que propicia la persistencia de dicha violencia.
Mientras existan escenarios donde se estigmatice la labor de las PDDH y líderes sociales, y se profundice la polarización política con injerencias de grupos armados ilegales y del crimen organizado, el riesgo para las PDDH se incrementará.
En medio de la temeraria y peligrosa decisión del director de la Unidad Nacional de Protección que contradice la función constitucional de salvaguardar la seguridad y garantizar el derecho a la vida e integridad de las personas y organizaciones, es imperativo que el presidente de la República, Gustavo Petro, reoriente sus esfuerzos y se comprometa de manera integral en la defensa de los defensores de derechos humanos.
El peligroso contexto que enfrenta nuestro país, caracterizado por escenarios de aguda violencia sociopolítica tan fuertes, es esencial que las decisiones retrógradas en la UNP recobren la base en la Constitución, la ley y el principio de realidad para asegurar una protección efectiva.
La importancia de esta reorientación radica en reconocer que la labor de los defensores de derechos humanos es fundamental para mantener un equilibrio democrático y promover la justicia social.
Como líderes y agentes del cambio, enfrentan amenazas constantes debido a su valiente trabajo en favor de los más vulnerables. En este sentido, el presidente Petro debe asumir su responsabilidad como líder máximo del país y garantizar que se implementen políticas integrales que fortalezcan la protección de estos defensores, brindándoles seguridad y respaldo necesario para que puedan continuar con su valiosa labor sin temor a represalias.
Las alarmas se vuelven a encender debido a las decisiones retrógradas tomadas por la Unidad Nacional de Protección, las cuales tendrán como resultado un recrudecimiento de la violencia política en nuestro país.
En este sentido, el máximo dirigente de Colombia deberá ponerse al frente de este delicado tema, antes de que se registre un desangre de lamentables proporciones.
Es crucial reconocer que estas decisiones ponen en riesgo la seguridad y la vida de aquellos defensores de derechos humanos y líderes sociales que luchan incansablemente por la justicia y la equidad en nuestra sociedad.
El líder máximo del país debe tomar medidas urgentes para revertir esta situación y garantizar que se implementen políticas que fortalezcan la protección de estos valientes individuos, evitando así una escalada de violencia política y asegurando un ambiente seguro y respetando su ejercicio constitucionalmente protegido y respaldado por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
A.U.
