Bogotá, 14 julio de 2023.- Varias organizaciones de derechos humanos colombianas presentaron este viernes una serie de recomendaciones para modificar el modelo de protección estatal hacia las personas defensoras de derechos humanos en Colombia, que en estos momentos «no se adecua a las necesidades».
La situación de los líderes sociales en Colombia requiere de una profunda reflexión, ya que entre 2010 y el 2022 el registro de agresiones contra personas defensoras de derechos humanos ascendió a 5.361 amenazas y a 1.346 homicidios, según los datos obtenidos por el Programa Somos Defensores, la Corporación Sisma Mujer, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y la Coordinación Colombia–Europa–Estados Unidos.
Para reducir esas cifras, entre las distintas recomendaciones destacaron una reestructuración del aparato estatal, que depende de la Unidad Nacional de Protección (UNP), el desmantelamiento de las organizaciones criminales, la aplicación de políticas de paz total, una mayor labor de investigación y mayores sanciones a los responsables de las agresiones a las personas defensoras.
Además, se debe aplicar «unas medidas de protección distintas» en función de las zonas territoriales y también en función de si se tratan de grupos étnicos, campesinos, mujeres, personas con orientación sexual e identidad de género diversas o firmantes de paz.
«El modelo de protección existente en el país no se adecua a sus necesidades y hace que la respuestas de las autoridades competentes sea tardía, inadecuada e inexistente», indicaron en una rueda de prensa conjunta.
Las recomendaciones propuestas llegan tras una investigación en la que se han puesto de manifiesto los problemas existentes en Colombia para proteger a las personas defensoras de derechos humanos.
Según las organizaciones presentes en el acto, los principales problemas en el país son el alto índice de impunidad de las agresiones, la desatención del Estado a comunidades que han desarrollado sistemas de autoprotección o la invisibilización que sufren las mujeres y las personas con orientación sexual e identidad de género diversos.
A pesar de esta crítica, tienen confianza en que la llegada de Gustavo Petro al poder sea «una ventana de oportunidad para que se amplíe el marco de la protección de los derechos y posibilite la materialización de reformas», algo que será «crucial» para ver avances a corto plazo.
Colombia es uno de los países más peligrosos para ejercer liderazgos sociales o de defensa de los derechos humanos o el medioambiente, y en lo que va de año ya han sido asesinadas 91 personas por ello, según el conteo de Indepaz.
En 2022, Colombia marcó el «lamentable récord» de homicidios de líderes y defensores con 215 asesinados, según los datos de la Defensoría del Pueblo.
Los líderes sociales agredidos buscar defender sus territorios de actividades ilícitas como la minería ilegal o el narcotráfico, que queda en manos de grupos armados ilegales, además de querer reivindicar derechos humanos o ejercer liderazgos políticos y sociales.
EFE
