Una de las más grandes preocupaciones que tenemos en Colombia es que reaparecieron los asesinatos selectivos. Aunque el Proceso de Paz entre el Estado y las Farc disminuyó las tasas de homicidios en los últimos 4 años, en este mismo periodo aumentó la violencia focalizada contra líderes sociales, sindicales, defensores de Derechos Humanos, funcionarios del gobierno, ambientalistas, políticos, periodistas e incluso contra los mismos exguerrilleros de las Farc, ya sin armas.

Según la Defensoría del Pueblo, por ejemplo, no menos de 462 líderes sociales y defensores de Derechos Humanos han sido asesinados en el tiempo comprendido desde que se firmó el Acuerdo de Paz con las Farc hasta febrero de 2019. Mientras tanto, el gobierno no ha ofrecido soluciones de protección.

Defensores de Derechos Humanos: «Valen menos que la bala que los mata»

La preocupación de cifras como esta radica en que estas personas asesinadas no empuñan armas y no hacen parte de facciones criminales. Tampoco, como se dijo de parte del gobierno en un momento, los asesinatos corresponden a «líos de faldas» o «problema de linderos».

Estas personas tienen trabajos comunitarios y de activismo en temas que, en muchas ocasiones, incomodan a los sectores más tenebrosos y asesinos que aún existen en Colombia. También, entonces, el derecho fundamental a la vida de estas personas en riesgo debería ser amparado por la ley y el gobierno. La tendencia viene en aumento: si no se hace algo radical y urgente, será difícil prevenir futuras muertes de colombianos que trabajan por sus comunidades en paz.

En ese caso, tal vez, será más «fácil»para el gobierno lamentar sus muertes que haberlos protegido desde un principio.

Las grietas de la UNP ponen en peligro a los colombianos

Las modalidades de los asesinatos que describiremos en este especial son en modalidad sicarial, de atentado. La última vez que tuvimos una ola de este tipo de asesinatos fue a finales de los 80 y en los 90 con el recordado y trágico «baile rojo”, que fue como se le denominó al exterminio de la Unión Patriótica. La UP surgió por unos acuerdos de paz entre las Farc y el gobierno de la época, pero terminó muerta luego de que la gran mayoría de sus miembros fueran exterminados u obligados a exiliarse por algunas de las más cruentas masacres que se recuerden en nuestra historia reciente.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tiene folios que podrían documentar hasta 6.328 homicidios considerados dentro de este exterminio –político y de asesinatos selectivos- que sucedió con la UP. Lo que menos queremos es que algo así se vuelva a dar en nuestros tiempos, cuando las agendas de sustitución de cultivos ilícitos y causas comunitarias van en contra de los intereses de las mafias en nuestro país, mafias que poseen territorio y hombres armados.

El gobierno hoy en día tiene una entidad encargada de dar protección a los colombianos que la soliciten. Otorgan chalecos antibalas, botones de pánico, celulares y, si consideran que el riesgo es «extraordinario o extremo», escoltas y vehículos blindados. Esta institución se llama  Unidad Nacional de Protección (UNP), y aunque sus escoltas sí trabajan en la seguridad de muchas en personas en Colombia, no dan abasto para atender las solicitudes de protección que llegan a la entidad día a día.

Si a esto le añadimos que la UNP está en el ojo del huracán por falta de recursos, problemas administrativos, de subcontratación, corrupción y huelgas, nos topamos con un panorama oscuro para quienes requieren la protección.

Con el ánimo de visibilizar esta situación, Análisis Urbano les presenta un listado de 30 personas asesinadas en Colombia en relación con la ausencia de protección estatal por parte de la UNP. Lamentamos sus muertes y queremos el gobierno actúe para evitar próximos homicidios.

Líderes y escoltas, ¿además de amenazados, mal protegidos?

El formato será de información de una víctima cada día.

William García Cartagena

William García era un abogado que se oponía a un proyecto de minería en Segovia, Antioquia. Fue asesinado el 15 de septiembre de 2016 mientras estaba en Medellín: dos sicarios le dispararon desde una moto en el momento en que se encontraba en una calle del barrio Santa Fe. García dejó una hija que este año cumple 17 años.


El trabajo de litigación de García lo había convertido en un hombre incómodo para uno que otro sector en Antioquia. Además de oponerse al proyecto minero de la multinacional Gran Colombia Gold, García Cartagena representaba a víctimas en procesos judiciales, litigaba en procesos de restitución de tierras y era abogado de la Defensoría del Pueblo.

En un cruce de versiones, la UNP negó de manera rotunda que García hubiera solicitado un esquema de protección, mientras que la Confederación Nacional de Mineros manifestó que él sí lo había hecho tras haber recibido amenazas en su contra.