Colombia, 28 enero de 2024.- Este viernes 26 de enero de 2024, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cartago, Valle del Cauca, declaró que el ingeniero Augusto Rodríguez Ballesteros, director general de la Unidad Nacional de Protección -UNP- y superior jerárquico del abogado Daniel Augusto Jorge El Saieh Sánchez, jefe de la oficina asesora jurídica de la UNP, incurrieron en desacato de una orden emitida en sentencia de tutela mediante la cual se ampararon los derechos fundamentales de una protegida.
La solicitante manifestó a la UNP que el vehículo asignado para su seguridad fue ingresado al taller el 30 de noviembre de 2023, quedando sin esquema y con dos escoltas con los que tenía que movilizarse a pie o en taxi, aumentando el riesgo durante sus desplazamientos para cumplir con sus labores. La defensora de Derechos Humanos agregó que dos hombres de seguridad sin vehículo es un esquema insuficiente, lo cual pone en peligro su integridad física y su vida.
Pero la UNP no atendió positivamente su solicitud y responsabilizó de este hecho a un tercero con quien contrató los servicios de arrendamiento y alquiler de equipo automotriz, la empresa Neorenting SAS, y añadió que la subdirección de protección de la UNP estaba realizando todas las gestiones administrativas para que se le sustituyera el vehículo a la solicitante.
No obstante, el Juzgado determinó que la orden que dirigió a la UNP debe cumplirse precisamente por esa entidad, que es quien debe garantizar el cumplimiento de la misma, pues su responsabilidad NO termina por la vinculación contractual que tenga con terceros. Para el 6 de enero de 2024, es decir, 37 días después, la UNP hizo entrega de un vehículo sustituto para la efectividad del esquema de seguridad que, sin embargo, resultó defectuoso, por lo que hubo que enviarlo al día siguiente al taller. Para el 19 de enero de 2024 seguía sin vehículo asignado.
Adicionalmente, el chaleco antibalas que le fue entregado en 2021 a la defensora de Derechos Humanos es un chaleco para hombres talla S que solo puede llevar en la mano, pues ella es una mujer talla XL. La solicitud de cambio ha demorado dos años, tiempo en que la solicitante ha tenido que desplazarse sin protección, pues el chaleco blindado es indispensable para la protección de su vida y su integridad física, es el elemento que se encarga de proteger su humanidad.
Al respecto, la UNP explicó que se estaban adelantando las gestiones necesarias y solicitó un término para la entrega del chaleco. El 23 de enero de 2024 le enviaron un chaleco que le quedó pequeño a la defensora y pidieron más tiempo para enviarle a la beneficiaria un chaleco de talla más grande.
Para el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cartago, la UNP, aunque ha tratado de solucionar la entrega del chaleco, no fue diligente a la hora de tener la previsión de tomar la medida de la talla del chaleco requerido antes de enviarlo, por lo que continúa la vulneración. Así, la orden de restablecer el esquema de seguridad asignado a la solicitante, compuesto por un vehículo convencional, dos hombres de protección, un medio de comunicación y un chaleco blindado para mujer, no fue cumplida ni hubo celeridad en la entrega de manera prioritaria.
Por estas razones, el Juzgado antes mencionado accedió al incidente de desacato y ordenó sancionar con arresto domiciliario de tres (3) días al director general de la UNP, Augusto Rodríguez Ballesteros, y a su jefe de la oficina asesora jurídica, abogado Daniel Augusto Jorge El Saieh Sánchez.
Asimismo, les impuso multa de $430.000 a cada uno. Y la obligación de que aún les asiste acatar la orden.
También les fueron compulsadas copias de la decisión a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación, para que se investiguen las conductas penales y disciplinarias en las que pudieron incurrir los mencionados funcionarios.
Recientemente, la periodista de investigación y defensora de Derechos Humanos, Claudia Julieta Duque, corresponsal de Radio Nizkor en Colombia, dio a conocer que se abrió incidente de desacato contra la UNP por incumplir una orden de la Corte Constitucional relacionada con su caso. Esta vez, los implicados son Miguel Ángel Quiroga Ruiz, subdirector de protección de la UNP, y Johana Patricia Reyes Marciales, subdirectora de evaluación de riesgo de la UNP, quienes desatendieron la disposición de la Corte de dar cumplimiento inmediato a la sentencia.
La UNP no protege, no cumple, no obedece
En los últimos meses del año 2023 y en enero de 2024, la Unidad Nacional de Protección ha venido disminuyendo gradual y peligrosamente la composición del esquema de medidas de seguridad de líderes sociales, periodistas y defensores de Derechos Humanos en Colombia.
Esto ha ocurrido aun cuando los grupos armados ilegales que profirieron las amenazas, así como los actores que lideran esas estructuras, no han desaparecido y, por el contrario, se fortalecen con el paso de los días.
Autores y amenazas se han mantenido en la misma cantidad e intensidad y, en algunos casos, los enemigos han aumentado, pues el trabajo de los líderes sociales y defensores de Derechos Humanos crece, conforme los ilegales vulneran derechos fundamentales de la población, incrementan las desapariciones forzadas, intensifican el desplazamiento forzado, elevan el número de niños, niñas y adolescentes que son reclutados a la fuerza, agudizan la trata de personas, extienden sus territorios para la producción y tráfico de estupefacientes, añaden a la nómina a funcionarios públicos corruptos que facilitan sus tareas ilícitas, mejoran sus técnicas para hurtar combustible, suman comerciantes a la extorsión y recrudecen los homicidios selectivos.
Colombia no es un paraíso, debería serlo, pero no es así. La violencia y la criminalidad se ha tomado cada rincón del territorio y la tarea de los líderes es denunciar eso, incluso cuando existe el contubernio entre sectores de la institucionalidad y criminales. A los ilegales no les gusta su quehacer y por eso amenazan los líderes sociales y defensores de Derechos Humanos. Y en muchos casos, cumplen sus ultimátum.
El Estado tiene la obligación de adoptar las medidas de protección necesarias para proteger a aquellos individuos que son amenazados. El incremento de los ataques contra líderes sociales y defensores de Derechos Humanos ha sido analizado por la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación y la Organización de Naciones Unidas, entidades que han hecho un llamado de atención al Gobierno Nacional para que adopte las medidas necesarias para proteger la vida de estas personas.
La Unidad Nacional de Protección es la entidad encargada de brindar esa protección y sí, cuando ello ocurre, los ilegales se abstienen de consumar sus intimidaciones. No significa esto que los enemigos se hayan marchado y que las amenazas desaparecieron, no, lo que denota es que, gracias a la protección brindada por la UNP, los agresores refrenan sus intenciones de hacer daño.
Es por ello, que constituye una infracción a su obligación de identificar los riesgos que presenta el protegido y adoptar las medidas necesarias para conjurarlos cuando la UNP disminuye el esquema de seguridad de un líder que ha sido amenazado en un contexto de violencia que no ha desaparecido y que, por el contrario, se reinventa cada día y sus actores siguen vigentes.
La UNP comete muchos errores. Al realizar las reevaluaciones constantes de cada caso, para poder ajustar los medios adoptados para conjurar las amenazas que se presenten, está menguando los esquemas de seguridad de líderes sociales, periodistas y defensores de Derechos Humanos activos, vigentes, visibles, vulnerables y odiados por sus detractores.
Si un protegido solicita cambio de escoltas porque estos no cumplen con sus deberes, la UNP lo ignora; si se le insta que gestione ante las secretarías de movilidad la exención de la medida de Pico y Placa para facilitar el desplazamiento del líder social por el territorio nacional, la UNP lo desatiende; si se le informa que los vehículos asignados a la seguridad tienen desperfectos mecánicos, la UNP lo desecha; si se le indica que el recurso económico para el combustible ya no alcanza, porque la gasolina ha subido de precio, lo cual no es un secreto, la UNP no presta atención; si el defensor, líder o periodista sufre un atentado, no es importante para la UNP, le parecen súplicas caprichosas, demandas carentes de motivación y no evalúa con mayor detenimiento las peticiones del protegido.
El protegido, entonces, tiene que recurrir a derechos de petición, recursos de insistencia, acciones de tutela, a diversos recursos jurídicos para que la UNP tome medidas y brinde respuestas efectivas ante situaciones de concreción del riesgo y se abstenga de adoptar decisiones que propicien su consumación.
Sin embargo, su director y sus jurídicos hacen todo lo contrario. De hecho, no les importa que un juez o magistrado les ordene actuar. Por el contrario, incumplen de manera frentera, sin temor, tanto sus deberes como las órdenes judiciales que favorecen a protegidos sometidos a niveles de amenaza extraordinaria y extrema. Muchos han tenido que irse del país, por no contar con las garantías necesarias para ejercer su labor como líderes sociales, periodistas y/o defensores de Derechos Humanos.
Según Indepaz, entre el 1 de enero y el 14 de diciembre de 2023, 185 líderes sociales y defensores de DDHH fueron asesinados. Ningún líder social y defensor de Derechos Humanos quiere pertenecer a esa cifra.
¿Es eso lo que quiere la UNP, que los líderes sociales y defensores de Derechos Humanos se vayan de Colombia? ¿Que los maten? ¿A quién favorecen esas decisiones que van en contra de la ley y que no atienden órdenes de jueces y magistrados?
A.U.
