(La Agencia de Prensa Análisis Urbano publica este trabajo con la autorización de la revista mexicana Proceso)
MEDELLíN (Proceso).- La funcionaria de la gobernación de Antioquia, Tatiana Gutiérrez, tiene una tarea monumental: implementar los acuerdos de paz con la exguerrilla de las Farc en el departamento de Colombia donde más víctimas ha dejado el conflicto armado interno y donde hay más excombatientes.
Ella, quien como gerente de paz de Antioquia es la encargada de coordinar las acciones institucionales para aplicar en este departamento los acuerdos con las Farc –desde los programas de reintegración hasta la sustitución de cultivos de hoja de coca–, se ha topado con un obstáculo desalentador: los carteles mexicanos de la droga.
De acuerdo con Tatiana Gutiérrez, lo que ha ocurrido en Antioquia a casi dos años de la firma de la paz con las Farc es lo que varios expertos en solución de conflictos advirtieron que iba a ocurrir: que si el Estado no ocupaba con todas sus instituciones los espacios dejados por la exguerrilla, estos serían ocupados por actores armados al servicio de los grandes carteles mexicanos, como el de Sinaloa, el de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Los Zetas.
“A pesar de todos los esfuerzos que se han hecho –señala Gutiérrez–, el Estado no puede sustituir de la noche a la mañana una economía ilegal tan poderosa, como la de la coca, y los territorios que tenían las Farcfueron copados por grupos armados que están financiados por organizaciones mexicanas”.
Y esto en los hechos significa, indica la abogada antioqueña, que los carteles mexicanos de la droga se han convertido “en un factor que desestabiliza los esfuerzos de construcción de paz”.
Esta situación, que se repite en todas las regiones colombianas donde se siembra hoja de coca, se expresa con especial claridad en el Bajo Cauca antioqueño.
Y no sólo porque la oferta institucional y la presencia de la fuerza pública en los territorios abandonados por las Farc casi siempre resultan insuficientes para llenar los vacíos, sino porque sustituir la economía de la coca requiere eficacia estatal, financiamiento sostenido y una mirada de largo plazo.
La gerente de paz de Antioquia, Tatiana Gutiérrez, quien es una experimentada funcionaria en procesos de reintegración de excombatientes –ella lideró la desmovilización del paramilitar Bloque Cacique Nutibara en Medellín en 2003— sabe que coordinar la oferta institucional para hacer frente a rezagos históricos requiere de múltiples estrategias en las que deben confluir un sinnúmero de actores estatales que no siempre caminan en una sola dirección.
“Lamentablemente en un país tan diverso, tan complejo, con tantas carencias –explica Gutiérrez–, no siempre es fácil coordinar que lleguen a estos territorios, en la dimensión que se requiere, la fuerza pública y la institucionalidad… entonces estos territorios fueron copados por actores diferentes, como estos grupos mexicanos”.
Situación “crítica”
Antioquia, cuya capital es Medellín, la segunda ciudad más importante de Colombia, es una muestra ilustrativa de la disputa que se presenta en este país entre los esfuerzos de consolidación de la paz y el peso de los intereses que hay detrás de la coca y de su economía criminal, de la cual, además de generar enormes rentas a las mafias, dependen 107 mil familias colombianas.
Un informe de inteligencia militar que hace una “georreferenciación” de la presencia de los carteles mexicanos de la droga en Antioquia ubica a representantes de esas organizaciones en “al menos” un tercio de los 125 municipios del departamento y afirma que la situación es “crítica” en el Bajo Cauca antioqueño.
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Esa subregión localizada al nororiente del departamento es precisamente el punto de la geografía colombiana donde más aumentaron los cultivos de hoja de coca en los últimos tres años.
En 2015, los plantíos en esa zona fueron estimados en 2.402 hectáreas en un informe de la ONU. En diciembre de 2017, cuando ya había cumplido su primer aniversario el acuerdo de paz con las Farc, la cifra llegó a 13,681 hectáreas, lo que significa un incremento del 469 por ciento en tres años.
Detrás de este inusitado repunte están el Cartel de Sinaloa y Los Zetas, que tienen delegados en el Bajo Cauca antioqueño y una red de representantes que se extiende por casi todo el departamento y otras regiones del país.
Ambas organizaciones criminales, según el reporte de inteligencia militar, han hecho de Medellín una de sus principales bases operativas en Colombia.
“Desde Medellín coordinan muchos de sus envíos”, asegura el reporte, y señala que las zonas periféricas de la capital de Antioquia son utilizadas cada vez más como centros de procesamiento de pasta base en clorhidrato de cocaína.
Esto coincide con el repunte de los cultivos cocaleros en el Bajo Cauca. En 2013, esa zona apenas tenía una capacidad potencial para producir en promedio 5,500 toneladas de hoja de coca. Hoy, su capacidad potencial es de 76,600 toneladas, según estimaciones de la oficina contra las drogas de la ONU.
Un oficial de inteligencia de la Policía Nacional que pidió la reserva de su nombre señala que los carteles mexicanos financiaron a las bandas criminales del Bajo Cauca para “llenar de cultivos ilícitos” esa subregión, desde la cual les resulta más fácil transportar la pasta base de coca a Medellín para procesarla o moverla desde allí mismo hacia el mar caribe o el Pacífico, pues desde esa zona tienen acceso hacia los dos océanos.
“Los (carteles) mexicanos convirtieron el Bajo Cauca antioqueño en una retaguardia estratégica. Hoy pueden producir con los plantíos que hay ahí más de 100 toneladas de cocaína al año”, dice el oficial.
Esto, a pesar de que el programa de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos previsto en el acuerdo de paz con las Farc ha sido exitoso en Antioquia, donde familias campesinas han erradicado a mano unas 2,500 hectáreas de plantíos de hoja de coca.
Pero los grupos armados que operan en la zona presionan a los campesinos para que no erradiquen, o los extorsionan.
De acuerdo con el oficial de inteligencia consultado, lo que se observa en el Bajo Cauca es un aumento importante de la violencia y una dificultad para la implementación de los acuerdos de paz.
“Este año la violencia dio un salto porque estalló una guerra en esa región entre el Clan del Golfo (la banda criminal más grande de Colombia), Los Caparrapos (el grupo delictivo con más presencia en la región), las disidencias de las Farc y el (guerrillero) Eln. Los carteles mexicanos son los que arman y financian a todos ellos”, indica la fuente.
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La excongresista Rocío Arias, una política del Bajo Cauca antioqueño, afirma que los narcotraficantes mexicanos han hecho crecer el poder criminal de los diferentes grupos que trabajan para ellos y “los han vuelto más sanguinarios”.
Arias dice que la Fundación Semillas y Progreso, que ella dirige en esa zona, ha recibido varias denuncias que indican que “muchas personas con acento mexicano están teniendo un liderazgo en las estructuras que ya existen” y que estas “se han convertido en ejércitos que están a su servicio”.
La excongresista, quien estuvo dos años en la cárcel por sus nexos con grupos paramilitares y hoy es una activista a favor de la paz, señala que los informes que recibe de la comunidad ubican a Los Caparrapos en alianza “con el Cartel de Sinaloa”, aunque también se menciona la presencia del Cartel de Jalisco Nueva Generación y de Los Zetas.
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“La gente habla de que los carteles están trayendo métodos mexicanos que ya se comienzan a ver. En el corregimiento de Guarumo hay una casa de pique. En Cáceres y Tarazá están usando a menores de edad para el tráfico de drogas, hay muchas niñas violadas y muchas familias desplazadas por la violencia”, señala.
Los Caparrapos y las disidencias de las Farc, agrega, “están muy fortalecidos por las armas que les dan los (carteles) mexicanos y están construyendo una economía ilegal de un tamaño que no se había visto antes”.
Rocío Arias está amenazada de muerte por las denuncias que ha formulado y ha sufrido dos atentados, el último de ellos en abril pasado en Medellín, por lo que ha solicitado a las autoridades mantener y reforzar su esquema de seguridad.
La gerenta de paz de la Gobernación de Antioquia, Tatiana Gutiérrez, dice que la creciente presencia de las organizaciones mexicanas en el departamento es un tema que “preocupa enormemente” a las autoridades locales porque su capacidad para financiar y dotar de moderno armamento a los grupos a su servicio está creando “poderes criminales muy superiores a los que teníamos aquí”.
Para Gutiérrez, todo se trata de la economía de la coca.
“Esto hace que la paz no tenga un camino más fácil, más allanado”, asegura.
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RC