BOGOTÁ, COLOMBIA (21 FEB 2024) – La Fiscalía General de la Nación ha procedido a la imputación de Edwin José Besaile Fayad, exgobernador de Córdoba, ante un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá por el presunto delito de enriquecimiento ilícito de particulares. Besaile es acusado de haber recibido 2.100 millones de pesos, supuestamente provenientes de actos de corrupción, para financiar su campaña política.
De acuerdo con la investigación, estos fondos serían parte de las coimas pagadas al también exgobernador Alejandro José Lyons Muskus, relacionadas con el escándalo del ‘Cartel de la Hemofilia’, donde se reconocieron recobros excesivos por servicios médicos no prestados a pacientes con esta condición.
Las pruebas recolectadas indican que durante el segundo semestre de 2015, Besaile Fayad, siendo candidato a la Gobernación de Córdoba, habría recibido personalmente la suma mencionada de manos de Lyons Muskus y de un tercero. Como parte del acuerdo, Besaile habría firmado dos letras de cambio por montos de 2.100 y 1.900 millones de pesos respectivamente.
La Fiscalía sostiene que Besaile Fayad estaba plenamente consciente del origen ilícito de estos recursos y, pese a ello, los habría utilizado para incrementar su patrimonio personal y para financiar su aspiración política, lo que constituye una grave violación de la ley y un atentado contra la integridad de los procesos democráticos.
El caso ha generado considerable atención pública, subrayando la necesidad de transparencia y legalidad en el financiamiento de campañas políticas, así como de sanciones ejemplares ante cualquier práctica de corrupción.
A.U.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
