BARRANCABERMEJA, SANTANDER (27 MAR 2024) – En un giro importante dentro de las investigaciones sobre robos de infraestructura en Barrancabermeja, Santander, la Fiscalía General de la Nación ha logrado asegurar a cuatro hombres acusados de sustraer más de 200 metros de cable de cobre, valorados en más de 72 millones de pesos. Los implicados, identificados como Jorge Leonardo Navarro Reales, Jorge Luis Rivera Vera, Wilmer Farid Acosta Blanco, y Gustavo González Pinto, enfrentan cargos por presuntamente hurtar material de propiedad de la compañía Movistar.
De acuerdo con la Unidad de Reacción Inmediata de Barrancabermeja, los hechos investigados ocurrieron entre febrero y agosto de 2023, con incidentes específicos el 24 de febrero, 27 de mayo y 14 de agosto. Los acusados, quienes trabajaban como contratistas para OPEGIN, una empresa encargada del mantenimiento de las redes de telefonía e internet de Movistar, habrían utilizado su posición para llevarse 290 metros de cable desde las recámaras subterráneas en los barrios La Libertad, La Planada del Cerro y Versalles.
Los fiscales argumentaron que los detenidos tenían un conocimiento profundo del sistema de cableado y utilizaban sus uniformes de trabajo como una fachada para evitar ser detectados por la comunidad y las autoridades mientras cometían el hurto.
A pesar de la solidez de las evidencias presentadas, los acusados optaron por no aceptar los cargos de hurto calificado y agravado y concierto para delinquir imputados por la Fiscalía. Este caso resalta el impacto negativo del hurto de infraestructuras en la prestación de servicios esenciales y la importancia de las medidas judiciales para contrarrestar estos delitos.
A.U.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
