Hace un año, el viernes 2 de junio de 2023, se instaló el espacio dialógico en la cárcel La Paz de Itagüí. Mientras los enemigos de la paz siguen atacando la iniciativa, las estructuras armadas del Valle de Aburrá continúan dando muestras de reconciliación. Sus voceros piden celeridad por parte del Gobierno del presidente Gustavo Petro para que la Paz Urbana se consolide. En Medellín se registra hoy una reducción del 9 % en la cifra de homicidios.
Medellín, Antioquia, Colombia, 4 junio de 2024.- Este domingo 2 de junio se cumplió un año de la instalación de la Mesa de Diálogo Sociojurídico en la cárcel La Paz, del municipio de Itagüí, donde dos veces por mes se reunían 18 voceros de grupos armados ilegales -con presencia en el Valle de Aburrá- y delegados del Gobierno Nacional, cuyo objetivo es conseguir una Paz Urbana y Rural en la subregión, que sirva como piloto de la política de Paz Total que lidera el presidente Gustavo Petro.
A pesar de los altibajos -y las voces en contra-, los números son alentadores: en Medellín, la variación porcentual en la cifra de homicidios está en menos el 9 %, mientras que, en el Valle de Aburrá, la disminución es del 7,73 %. Este año, la cifra de homicidios asociados a grupos delincuenciales organizados -aquellos que se registran en un contexto de enfrentamientos, disputas o actuaciones de estructuras criminales-, está en 20 casos, mientras que el año pasado a la fecha, iba en 38, una disminución del 47 %.
Los detractores, sin embargo, consideran que, después de un año, estos guarismos son poca cosa y que delitos como el hurto y la extorsión siguen al alza. Eso es cierto, en parte.
Según el Distrito de Medellín, la extorsión ha bajado un 52 % frente a 2023 y las denuncias reportadas van en 67, mientras que el año pasado iban en 140. Guayabal, con el 83 %; Castilla, con el 85 %; y Buenos Aires y El Poblado, con el 86 %, son las comunas que registran mayor reducción. En cuanto a corregimientos, el de Santa Elena presenta una disminución de 100 %. No obstante, y lo reconoce la misma Administración Distrital, el subregistro es grandísimo. La comunidad no denuncia por temor o porque al hacerlo no encuentra soluciones o su situación empeora. Y acá es donde pedimos a las estructuras armadas mayor compromiso en lo que a ellos corresponde y no solo silenciar las armas para pacificar la subregión.
Asimismo, asegura el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia, Sisc, que en Medellín, de los 134 homicidios que se han documentado entre el 1 de enero y el 2 de junio de 2024, 15 están asociados a hurtos, es decir, son los asesinatos que ocurren en medio de un robo y en el que resulta muerto el delincuente, la víctima, un agente de la Policía o un tercero que intenta ayudar o que estaba en el lugar equivocado. El año pasado, en igual periodo, iban 13 casos, lo que representa un aumento del 15 %. Sin embargo, no necesariamente quien comete el hurto pertenece a un combo o banda de las que actúan en Medellín y el Valle de Aburrá y lo hizo, tal vez, presionado por el hambre o por el desempleo.
Los homicidios asociados a hurtos, convivencia, violencia de género y violencia intrafamiliar, requieren de un diligente trabajo en el que deben participar corresponsablemente la sociedad, el Estado, la familia y el sistema educativo.
En este sentido, la tarea es, entonces, para las autoridades, que como bien dice la Constitución en su artículo segundo, están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades. A ellas corresponde redoblar esfuerzos para que disminuyan delitos como el homicidio, el hurto, la extorsión, el desplazamiento, etc. También para la empresa privada, que puede contribuir a la paz apoyando los proyectos encaminados a terminar con el conflicto y, además, generando empleo.
Si la responsabilidad de nuestra seguridad está en manos de las autoridades, entonces no está bien que una iniciativa nacional, que busca abordar la problemática de las estructuras armadas organizadas, para brindar oportunidades a sus integrantes (cerca de 14 mil personas que hacen parte de unas 350 bandas y combos que se espera sean desmantelados) y acabar con el conflicto urbano y rural, sea atacado por administraciones territoriales, que parecieran preferir una guerra de la que todos saldremos perdedores. Ninguna de las alcaldías de la capital antioqueña ha podido acabar con los grupos ilegales. La actual tampoco podrá hacerlo a punta de críticas destructivas.
Del alcalde distrital, Federico Gutiérrez, hemos escuchado críticas punzantes y posiciones radicales. Por ejemplo, ha señalado que se trata de un diálogo que solo involucra al Gobierno Nacional y a voceros de grupos al margen de la ley, por lo que, tanto él como su administración, no participarán de la mesa.
El concejal Andrés Tobón ha sido también contrario a la iniciativa y ha pedido a las autoridades que actúen sin pretender que sean las bandas y combos las que resuelvan el flagelo de la inseguridad, pues, dice, las comunidades le han manifestado que viven temerosas, que sienten limitada su libertad y que son esas estructuras quienes tienen el control social tanto en las 16 comunas y 5 corregimientos de Medellín, como en todo el Valle de Aburrá.
Inclusive, líderes sociales de la comuna 13, una zona que ha sufrido durante décadas la violencia armada urbana, han dicho recientemente que el espacio dialógico es disfuncional y que su único propósito es conseguir la paz, pero para los ilegales, mientras que la comunidad sigue padeciendo la inseguridad proveniente del accionar criminal de bandas y combos asentados en los barrios.
Para conseguir la Paz Urbana se requiere de la participación de todos, de la academia, de la empresa privada, de la iglesia, de la comunidad internacional, del Consejero Comisionado de Paz, Otty Patiño, de todos los alcaldes del Valle de Aburrá, de la Gobernación de Antioquia, del Congreso, la Fiscalía, la oposición, la sociedad, entre otros. No esperen a que el proyecto fracase para intervenir. Claro, el Gobierno tiene que poner de su parte y permitir esa participación. La paz requiere de diálogos, se construye lentamente, es una intricada conquista, no se decreta, no se impone, mientras que la guerra se instala de inmediato, no necesita conversaciones y es un negocio que deja ganancias millonarias a quienes le apuestan a la confrontación.
Así están Medellín y el Valle de Aburrá en el tema de homicidios
Ya pasó un año desde el inicio de los diálogos sociojurídicos en la cárcel La Paz de Itagüí y así están las cifras de homicidios en los diez municipios que hacen parte del Valle de Aburrá.
En Medellín, entre el 1 de enero y el 15 de mayo de 2024 se cometieron 121 homicidios (9 mujeres entre las víctimas), mientras que en igual periodo de 2023 se registraron 133 hechos (12 mujeres), para una diferencia de 12 casos y una disminución del 9 %.
A su vez, el Valle de Aburrá, en igual periodo, presenta una valiosa reducción del 7,73%, al pasar de 194 asesinatos en 2023 (23 mujeres), a 179 en 2024 (12 mujeres).
Aunque el consolidado tiene en cuenta cifras hasta el 15 de mayo de 2024 -facilitadas por la Policía Nacional para todo el Valle de Aburrá-, el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia de Medellín, Sisc, tiene guarismos actualizados hasta el 2 de junio de 2024.
Así las cosas, se tiene que entre el 1 de enero y el 2 de junio de 2024 se cometieron 134 asesinatos en Medellín, mientras que en igual periodo de 2023 se registraron 148 homicidios, para una reducción del 9 %. Asimismo, se presenta una disminución en la tasa de asesinatos, que pasó de 5,39 en 2023 (2 de junio), a 5,05 en 2024 (2 de junio).
Aunque lamentamos cada muerte ocurrida, la noticia de la disminución ilusiona y refleja el decidido trabajo de las estructuras armadas del Valle de Aburrá en su intención de cesar las disputas que por años han sostenido en la subregión y de, en consecuencia, contribuir a la pacificación de Medellín y sus municipios vecinos.
A.U.