TURBO, ANTIOQUIA (7 AGO 2024) – Yuli Andrea García González, acusada de presunto lavado de activos por cerca de 13.000 millones de pesos provenientes de actividades de contrabando, ha sido enviada a la cárcel por orden de un juez de control de garantías de Turbo, Antioquia. La medida fue solicitada por una fiscal adscrita a la Delegada contra las Finanzas Criminales.
La Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales de la Fiscalía General de la Nación reveló que García González, entre 2018 y 2022, utilizó una empresa legalmente constituida, de la cual era representante legal y única accionista, para dar apariencia de legalidad a grandes sumas de dinero. Esta empresa fue utilizada para introducir al país cargamentos de artículos para el hogar, elementos deportivos, herramientas, gafas y confecciones provenientes de China.
Los análisis financieros demostraron que ni García González ni su empresa contaban con los recursos económicos necesarios para justificar los movimientos financieros que soportaron la importación de estos productos. Durante este periodo, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) realizó varias aprehensiones de mercancías a la empresa, algunas de las cuales superaron los 300 millones de pesos en valor, confirmando la naturaleza ilegal de las operaciones.
García González fue imputada por los delitos de lavado de activos y contrabando, cargos que no aceptó. Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario para la procesada, decisión que ha sido apelada por la defensa.
A.U.
La información contenida en este artículo de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.