Edgar Felipe Vargas, abogado de 30 años, fue víctima de amenazas antes de su asesinato.
SANTANDER, COLOMBIA (24 NOV 2024) – La noche del sábado 23 de noviembre se tiñó de tragedia en el barrio La Universidad de Bucaramanga. Edgar Felipe Vargas Escudero, un abogado de 30 años, fue asesinado en un ataque a tiros cuando se encontraba en la carrera 27 con calle 9, frente a un establecimiento comercial.
Informa el medio Vanguardia. De acuerdo con testigos, Vargas se reunió con una amiga cerca de las 8:00 p.m. para conversar y relajarse tras las tensiones de su trabajo, marcadas por amenazas recibidas en relación con un caso que llevaba como abogado. La reunión fue interrumpida por el sonido de una motocicleta que se detuvo a pocos metros. El conductor, vestido con un buzo negro y jean azul, sacó un arma y disparó en repetidas ocasiones contra el abogado, impactándolo siete veces en el pecho, cuello y brazo.
A pesar de los intentos de su acompañante y la intervención de agentes del cuadrante, Vargas llegó sin signos vitales al Hospital Universitario de Santander.
Amenazas previas bajo investigación
Las autoridades confirmaron que Edgar Felipe había denunciado amenazas semanas antes de su muerte, lo que apunta a una posible relación entre su profesión y el móvil del crimen. Sin embargo, el abogado tenía una anotación judicial en el Sistema Penal Oral Acusatorio por el delito de fraude procesal durante el 2023, lo que amplía las líneas de investigación.
En la escena del crimen fueron halladas tres vainillas y un proyectil, los cuales serán clave para rastrear el arma utilizada. Además, la motocicleta NKD negra, de placa DJC50H, usada por el atacante, fue incautada como evidencia.
El asesinato de Vargas Escudero ha generado consternación en el gremio jurídico y entre los residentes de Bucaramanga, quienes piden justicia y medidas para proteger a quienes enfrentan riesgos debido a su labor profesional.
A.U.
La información contenida en este artículo de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.