SANTANDER, COLOMBIA. (9 DIC 2024) – La Fiscalía General de la Nación logró que un juez de control de garantías impusiera medida de aseguramiento en centro carcelario contra Rodrigo U. T., alias El Mico, y Gabriel N. G., alias Boyaco, por su presunta participación en un hurto violento ocurrido el pasado 30 de noviembre.
Los hechos
Los investigados habrían interceptado a un ciudadano en San Vicente del Chucurí, quien transportaba 36 millones de pesos, producto de la comercialización de ganado. Según la investigación, los procesados dispararon en dos ocasiones contra la víctima para despojarlo del dinero y huyeron del lugar a bordo de motocicletas.
Pese a la gravedad de las heridas, la víctima logró identificar a los agresores y alertar a las autoridades, lo que permitió desplegar un operativo conjunto entre el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), la Policía Nacional y el Ejército Nacional para capturarlos.
Cargos y judicialización
Un fiscal adscrito a la Seccional Santander imputó a los detenidos los delitos de:
- Fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego
- Hurto calificado agravado
- Tentativa de homicidio agravado
Ninguno de los procesados aceptó los cargos. No obstante, el juez ordenó su detención preventiva en centro carcelario, mientras continúa el proceso judicial.
Esfuerzo conjunto por la seguridad
La Fiscalía destacó la coordinación entre las instituciones involucradas para esclarecer este hecho y garantizar justicia. Además, reiteró su compromiso con la lucha contra los delitos que afectan la seguridad ciudadana en la región de Santander.
A.U.
La información contenida en este artículo de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.