Los presuntos responsables llevaron a la víctima a una finca, supuestamente, para presionar el pago de una deuda de 100 millones de pesos.
Policía Nacional
NARIÑO, COLOMBIA. (9 ENE 2025) – La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a 11 personas por su presunta participación en el secuestro extorsivo de una mujer en Tumaco, Nariño. Según las investigaciones, los implicados habrían llevado a la víctima a una finca con el objetivo de presionar el pago de una deuda de 100 millones de pesos.
Los hechos ocurrieron el pasado 28 de diciembre, cuando varios individuos que se movilizaban en motocicletas ingresaron al establecimiento comercial de la víctima y le informaron que sería retenida. Posteriormente, fue trasladada en contra de su voluntad en una camioneta hasta un muelle, donde otra parte del grupo la esperaba en una lancha. Fue llevada a una finca, donde supuestamente la obligaron a cooperar para que los delincuentes pudieran acceder a bienes de valor en su residencia.
La investigación reveló que la mujer fue coaccionada para abrir una bodega que contenía motores avaluados en aproximadamente 120 millones de pesos. Los presuntos secuestradores fueron capturados en flagrancia por el Gaula Militar y la Policía Nacional en el lugar.
Un fiscal de la seccional imputó a los 11 detenidos el delito de secuestro extorsivo agravado. Al acoger la solicitud de la Fiscalía, el juez impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra los implicados, identificados como Edwin José O. C., Luis Pastor V. C., Jhon Fabio A. C., Julio César P. H., C. J., Pablo César C. J., Harold Alexánder O. E., Jerson Q. O., Ángel Enrique P. E., Jeider Alfonso T. P. y Duván Felipe S. P.
A.U.
La información contenida en este artículo de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.