El extranjero habría aprovechado su condición de propietario de un hostal para retener en un cuarto a la víctima, a quien además, se cree, sometió a maltratos físicos.
Fiscalía General de la Nación, FGN
SANTA MARTA, COLOMBIA. (13 ENE 2025) – Andy Asselin, un ciudadano canadiense y propietario de un hostal en Santa Marta, fue judicializado por el presunto secuestro simple agravado y tortura de una menor de 13 años. Según las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación, el hombre habría retenido ilegalmente a la víctima en una habitación de su hostal, donde la sometió a maltratos físicos.
Los hechos investigados ocurrieron el 26 de abril de 2024, cuando la menor, supuestamente, fue llevada por la fuerza a una de las habitaciones del establecimiento tras ser acusada de tomar objetos del hostal sin permiso. En el lugar, la víctima habría sido amarrada de pies y manos, y sometida a tratos degradantes.
Captura en Cartagena gracias a cooperación internacional
La detención de Asselin, de 29 años, se realizó durante un procedimiento de rutina en un puesto de control de la Policía de Turismo en la terminal de transportes de Cartagena. Los uniformados detectaron la existencia de una circular azul y una orden de captura expedida por Interpol en su contra.
Tras su captura, el extranjero fue presentado ante un juez de control de garantías, quien impuso medida de aseguramiento en centro carcelario. Durante la audiencia, Asselin no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía.
Avance en la lucha contra delitos hacia menores
La investigación fue liderada por la Seccional Magdalena y la Unidad Especial de Delitos Contra Niños, Niñas y Adolescentes de la Fiscalía. Las autoridades destacaron que el material probatorio recaudado fue determinante para judicializar al presunto responsable y reafirmaron su compromiso con la protección de los derechos de los menores.
A.U.
La información contenida en este artículo de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.