Bogotá, 15 marzo de 2025.- El Gobierno Nacional condenó este sábado el asesinato de dos líderes sociales en el departamento del Cauca y exhortó a las autoridades a avanzar con celeridad en las investigaciones para dar con los responsables. Con estos homicidios, ya son 38 los líderes sociales asesinados en Colombia en lo que va del 2025, nueve de ellos en el Cauca.
Uno de los crímenes ocurrió el 12 de marzo, cuando fue asesinado Neisai Ramos, exsecretario de Gobierno y cofundador del municipio de Guachené. Ramos fue atacado por hombres armados en una carretera entre Guachené y Puerto Tejada. En el ataque también murió una menor de edad y otras dos mujeres resultaron heridas.
El segundo caso se registró el 13 de marzo, cuando el líder campesino Ernesto Muñoz Casamachín fue secuestrado en la vereda San Miguel, en Inzá. Su cuerpo sin vida fue hallado al día siguiente en una zona boscosa del municipio de Páez. Según testigos, Muñoz fue retenido y trasladado violentamente hacia los límites de Cauca y Huila.
El Ministerio del Interior rechazó los homicidios y solicitó la convocatoria de un Consejo de Seguridad para definir acciones urgentes que garanticen la protección de los líderes sociales y las comunidades vulnerables en el Cauca.
Ola de violencia contra líderes sociales en Colombia
Los homicidios de Ramos y Muñoz se suman a una creciente lista de crímenes contra líderes sociales en Colombia:
- Cristian Fernando Guanga, líder indígena del pueblo Awá en Tumaco, Nariño, asesinado el 9 de marzo. Era el líder número 34 asesinado en 2025.
- Ismael Borray, presidente de la Junta de Acción Comunal en Cartagena del Chairá, Caquetá, asesinado el 12 de marzo. Era el líder número 36 asesinado este año.
- Abel Martínez Barrios, líder cultural en San Onofre, Sucre, asesinado el 7 de marzo. Fue el líder social número 37 asesinado en 2025.
En el Cauca, la violencia se ha intensificado por la presencia de disidencias de las FARC, el ELN y otros grupos armados ilegales, que buscan el control del territorio y del narcotráfico. A pesar de operativos como la «Operación Perseo», lanzada en octubre de 2024 con más de mil soldados, el dominio de estos grupos persiste en zonas como El Plateado, bastión del grupo Carlos Patiño, facción del Estado Mayor Central (EMC).
El Gobierno reiteró su compromiso de fortalecer las medidas de seguridad y la presencia estatal en el Cauca y otras regiones afectadas por la violencia contra líderes sociales.
Exigencia de justicia y acción estatal
¿Dónde están las promesas del Gobierno en materia de prevención y protección? ¿Por qué, tras tantas reuniones, plataformas de derechos humanos, planes y protocolos, seguimos asistiendo al exterminio de aquellos que encarnan la resistencia pacífica en los territorios?
La organización Corpades hace un llamado urgente al Gobierno para que garantice investigaciones rápidas y efectivas que eviten que estos asesinatos queden en la impunidad. Asimismo, exige medidas concretas para la protección de líderes sociales, evitando que el miedo y la violencia silencien sus luchas.
La ONG reitera que no se puede permitir que la violencia contra quienes defienden los derechos humanos siga siendo un “elemento más del paisaje” en Colombia.
Un modelo de protección en crisis: la UNP y su falta de respuesta
La Unidad Nacional de Protección (UNP) arrastra una serie de fallos que comprometen la vida de los defensores de derechos humanos: vehículos en pésimas condiciones tanto en zonas rurales como urbanas, análisis de riesgos superficiales y presuntas presiones indebidas desde directivos de alto nivel para que los informes se enfoquen en el desmonte de esquemas de seguridad.
Estos informes, muchas veces carentes de un análisis contextual profundo, terminan siendo decisiones impuestas desde arriba, lo que genera un desmantelamiento masivo de esquemas de protección y deja a los líderes en absoluta indefensión. Mientras la entidad sostiene que la situación «no está tan mal», la realidad es devastadora: las vidas de quienes denuncian injusticias se desvanecen en medio de una violencia implacable.
Para la UNP, las cosas parecen marchar bien. Sin embargo, se les olvida que las estructuras armadas organizadas en Colombia han asesinado, durante el “Gobierno del Cambio” o el “Gobierno de las Oportunidades”, a 455 líderes sociales y defensores de derechos humanos. Lo más preocupante es que algunas de estas estructuras están vinculadas directamente a la llamada “Paz Total”.
Una burocracia que pone en riesgo vidas
No, señor presidente, las directivas de la UNP, su «gente de confianza», ven el país con ojos de mercaderes, con ojos de burócratas. Solo les interesa mantenerse en el juego del poder estatal para sacar rédito de ello, mientras la vida de los líderes sociales sigue en peligro.
En Antioquia, por ejemplo, cientos de líderes enfrentan trabas burocráticas para acceder a medidas de protección. Los vehículos asignados se encuentran en mal estado, y las resoluciones que deberían garantizar su seguridad no se cumplen, dejando brechas que son aprovechadas por los victimarios.
Lejos de ser un escudo, la UNP parece facilitar el camino a los asesinos, abandonando a su suerte a quienes luchan por la justicia en un país que no termina de protegerlos.
A.U.