Serían las responsables de darle apariencia de legalidad a algo más de 4.800 millones de pesos.
Valle del Cauca, Colombia, 17 de abril de 2025.- La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, logró la judicialización de Tania Melissa Fonseca Preciado y María Cristina Preciado Pazmin, señaladas de participar en una estructura criminal que habría manipulado el mercado de huevos en Buenaventura mediante amenazas y constreñimiento a comerciantes.
Según la investigación, ambas mujeres habrían prestado sus cuentas bancarias para mover recursos ilícitos provenientes de esta red delictiva y, posteriormente, habrían adquirido bienes para ocultar el origen de los fondos, dándoles apariencia de legalidad.
Los elementos materiales probatorios indican que las imputadas realizaron transacciones por más de 4.826 millones de pesos, a pesar de no contar con ingresos financieros estables ni actividades económicas lícitas que justificaran dicha cantidad de dinero.
Fonseca Preciado y Preciado Pazmin fueron capturadas por la Policía Nacional durante diligencias de registro y allanamiento realizadas en Cali. La Fiscalía les imputó los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares.
Ninguna de las procesadas aceptó los cargos, pero un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en el lugar de residencia, mientras avanza el proceso judicial.
Esta información se divulga por razones de interés general.
A.U.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.