El escándalo por el espionaje del Ejército colombiano a periodistas, políticos y defensores de derechos humanos ha sacado del letargo de la pandemia del coronavirus al país, que exige explicaciones al Gobierno y sanciones para los responsables.
La revelación de la revista Semana sacudió a los colombianos el pasado viernes y desde entonces van en aumento las voces que reclaman castigo para los implicados y que el estamento militar deje de usar la inteligencia y la contrainteligencia para espiar a los periodistas y ciudadanos del común y más bien utilice esos recursos contra criminales y grupos al margen de la ley.
«Es una práctica de vieja data y ahí hay un problema que es serio: en todos los países hay servicios de inteligencia, pero en todos hay controles a sus sistemas y el hecho de que esto sea reiterativo en Colombia es una muestra de que esos controles o no funcionan bien o no son suficientes», dijo a Efe Pedro Vaca, director ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP).
En el pasado, la Policía y las Fuerzas Armadas colombianas desarrollaron con la ayuda de Estados Unidos y de otros países potentes servicios de inteligencia para combatir a grupos guerrilleros y de narcotraficantes pero luego cayeron en la tentación de usar esa capacidad para espiar a la oposición.
ESPIONAJE CON FINES POLÍTICOS
El primer gran escándalo de ese tipo fue revelado en 2009 por Semana, que sacó a la luz las «chuzadas», interceptaciones telefónicas del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) a magistrados, periodistas y opositores en el segundo mandato de Álvaro Uribe (2002-2010).
Luego, en 2014, fue el turno de la «Operación Andrómeda», con la cual miembros de inteligencia militar espiaban a los negociadores del Gobierno en los diálogos de paz con las FARC y otras veces a políticos y a periodistas.
El caso que ahora espanta al país ocurrió entre febrero y diciembre de 2019 y había sido revelado también por Semana a comienzos de año, pero la descripción detallada de la forma como operaban los militares, hecha en su última edición, fue la gota que llenó la copa.
Vaca dijo estar sorprendido por el universo de periodistas espiados, pues hay desde corresponsales extranjeros de medios como The New York Times y The Wall Street Journal, hasta colombianos, muchos de ellos jóvenes recién salidos de las universidades, como los miembros de los medios alternativos La Liga Contra el Silencio y Rutas del Conflicto.
«Es como algo dirigido, más que obedecer a un objetivo, es como si dijeran (vamos a espiar a) este y este otro, y este otro», agregó el director ejecutivo de la FLIP, quien nada más conocer la denuncia de Semana publicó un duro comunicado exigiendo respuestas al Gobierno.
ACCIONES OFICIALES INSUFICIENTES
La nueva trama de espionaje fue tachada de «inadmisible» por el presidente colombiano, Iván Duque, quien prometió castigo para los implicados.
Esta fórmula no satisface sin embargo a la prensa, que no quiere respuestas prefabricadas sino acciones concretas, demanda que cuenta con el apoyo de sectores políticos y de la sociedad en general.
«Es un tipo de respuesta que hemos escuchado en el pasado. Hay un manifiesto de rechazo pero es insuficiente aún», añadió Vaca.
El pasado viernes, horas antes de que Semana hiciera pública la investigación titulada «Las carpetas secretas», el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, anunció el retiro del Ejército de once oficiales y la baja voluntaria de un general, lo que lejos de zanjar la polémica la avivó porque dio la sensación de que solo se tomaron medidas por la presión de la denuncia.
CRÍTICAS DE PARTIDOS
Al respecto, el expresidente César Gaviria, director del Partido Liberal, dijo estar preocupado «con la lentitud y la falta de diligencia con la que el Gobierno nacional ha tomado las medidas» contra los militares, pues «de esa manera se está subestimando la gravedad de los hechos, que son gravísimos delitos».
Pese a elogiar la actitud de Duque, de respaldo a la decisión del Ministerio de Defensa de hacer una depuración en sus filas, Gaviria cree que el presidente «también tiene una responsabilidad», y es hacer «que esto se corrigiera con más severidad».
«Esto no se resuelve con un número: 11 oficiales retirados, se resuelve con una explicación detallada de lo que ocurrió, pero estas reacciones aún no llegan a ese punto; uno agradece que haya un rechazo pero en sí no hay una explicación cuando han transcurrido cuatro meses» desde la denuncia inicial, agregó Vaca a Efe.
Hasta ahora no se sabe quién está detrás de esta trama, pero las sospechas apuntan hacia el comandante del Ejército en la época del espionaje, el cuestionado general Nicacio Martínez, quien pidió la baja del servicio en diciembre pasado alegando «motivos familiares».
DEBATE EN EL CONGRESO
Pese a que están haciendo sesiones virtuales debido a la cuarentena por el coronavirus, congresistas de diversos partidos no han dejado pasar por alto la gravedad de la denuncia y comienzan a mover fichas para llamar a un debate de control político al ministro de Defensa y a la cúpula militar.
La intención es que expliquen quién da las órdenes sobre los objetivos de inteligencia y cuál es el criterio para seleccionarlos.
Sin embargo, la cúpula militar parece no tener mucho interés en ayudar al esclarecimiento porque en una entrevista con la directora de noticias de RCN Radio, Yolanda Ruiz, una de las personas mencionadas en las carpetas, los generales Luis Fernando Navarro y Eduardo Zapateiro, comandantes de las Fuerzas Militares y del Ejército, respectivamente, dijeron no saber dónde están esos documentos.
«El general Zapateiro dice que cree que las carpetas las puede tener la Corte Suprema después del allanamiento a las instalaciones de inteligencia (del Ejército) en Facatativá. El general Navarro nos precisa que no saben con certeza quién las tiene. Complicado no saber dónde está esa información», comentó Ruiz.
La respuesta de los jefes militares dejó «sorprendido» al director ejecutivo de la FLIP, quien considera que «eso preocupa porque ya ha transcurrido un tiempo razonable para que den respuestas más detalladas».
EFE
