Bajo el mando de los alias Mario y W, cerca de 300 paramilitares de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) imponen el terror en las comunidades que habitan los sectores de La Jagua, Santa Bárbara, La Soledad, Riosucio, Rogero y Santa Rosa, en Córdoba, y La Flecha, La Canturrona, La Esperanza y San Pablo, en Ituango, Antioquia. Para ello han decretado el confinamiento general de todas estas comunidades campesinas. También tienen dispuesta una serie de retenes en todos los caminos de esta amplia zona para no dejar salir a los pobladores, utilizándolos como escudo ante cualquier otro actor armado.
Además, con lista en mano, tienen un registro de por lo menos 50 personas para ser asesinadas, según estos, por ser auxiliadores de las estructuras del Frente 18 de las disidencias de las FARC, que también operan en la zona. Esa fue la única suerte que corrió Arcángel Pantoja, un joven campesino asesinado hace menos de un mes, luego de ser injustamente señalado por las AGC de colaborar con los grupos disidentes.
El Plan Mil de las AGC consiste en incursionar con mil hombres armados en zonas de influencia de las disidencias del Frente 18, enviando tropas de las estructuras Roberto Vargas Gutiérrez y Pacífico, del departamento de Chocó; de la estructura Zuley Guerra, desde Córdoba; y de las estructuras Juan de Dios Úsuga y Rubén Darío Ávila Martínez, desde el Urabá. Todas con la misión de apoyar a hombres armados de la estructura Carlos Vásquez.
Por su parte, las disidencias del Frente 18 han focalizado esta presencia paramilitar y están obligando a los campesinos de esas zonas a abandonar sus tierras porque van a enfrentar con toda su experiencia de guerra el avance de las AGC desde Juan José, La Rica, Riosucio y el cañón del San Jorge.
A pesar de la presencia de la Fuerza de Tarea Conjunta Aquiles y la Operación Artemisa del Batot 23, la base del ejército en el Alto de San Agustín y Alto de Monos, fuentes consultadas por la Agencia de Prensa Análisis Urbano, expresan que desde algunas de esas bases se podría estar observando el tránsito de caravanas armadas de las AGC, y los retenes que impiden la salida de las comunidades que advierten del peligro, eso significa que la comandancia de la Séptima División del Ejército, en cabeza del Mayor General, Juan Carlos Ramírez Trujillo, debe revisar los protocolos de seguridad en la zona y la posible omisión de algunos miembros del ejército acantonados en la zona.
Como antecedente, el 25 de marzo de 2019, desde el portal de Análisis Urbano denunciamos y emitimos el comunicado público de la Asociación Campesina del Sur de Córdoba (Ascscucor), que reflejaba el drama del desplazamiento forzado masivo de por lo menos 2.159 personas (732 familias) de estas mismas veredas. Pese a las denuncias, a la alerta del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, mediante Alerta Temprana, 083-18, 120 familias no han podido retornar; las pocas que quedaron siguen siendo víctimas de la imposición armada y del abandono del Estado.
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Mientras no exista la voluntad real del presidente Iván Duque Márquez para desmantelar o someter a estas estructuras y los vacíos institucionales entreguen territorios como estos a los grupos paraestatales, se seguirá sometiendo a estas comunidades empobrecidas al flagelo de la violencia.
Es claro el desinterés de todas las autoridades por llevar a estas zonas el papel de la democracia, y eso lo han entendido claramente los actores armados ilegales que siguen reclutando niños, niñas y adolescentes, continúan desplazando, asesinando líderes sociales y campesinos, desapareciendo, traqueteando con drogas y armas, robando las pertenencias de las comunidades e instaurando un peligroso nuevo orden social en todos los territorios.
Mientras tanto, el dueño de ese norte de Antioquia o ese sur Córdoba, seguirá siendo el que demuestre con más de mil hombres quién derrota a quién.
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