Naciones Unidas, 22 septiembre.- El presidente de Chile, Sebastián Piñera, defendió este martes su polémica gestión en la ola de protestas contra la desigualdad de hace un año, con una treintena de muertes, miles de heridos y denuncias por violaciones a los derechos humanos, y prometió combatir la impunidad.
«Durante esos meses difíciles y violentos (…) nuestro Gobierno tomó todas las medidas y todas las precauciones posibles y necesarias para garantizar el respeto a los derechos humanos de todos nuestros compatriotas», dijo el mandatario conservador ante la Asamblea General de la ONU.
En un discurso grabado debido a las restricciones derivadas de la pandemia, Piñera distinguió entre los manifestantes que salieron pacíficamente a la calle para demandar mejores servicios básicos y los «grupos minoritarios que provocaron una enorme explosión de violencia, con incendios, disturbios, destrucción y delincuencia, que no respetaron a nada ni nadie».
El pasado 18 de octubre estalló en Chile la crisis más grave desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) e imágenes de jóvenes con los ojos ensangrentados tras recibir en el rostro disparos de balines de goma de la policía dieron la vuelta al mundo y provocaron críticas de organismos internacionales como la propia ONU o Human Rights Watch (HRW).
Según el independiente Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), 460 personas resultaron con lesiones oculares, de las cuales 2 se quedaron totalmente ciegas.
Piñera aseguró en su discurso que «toda evidencia de abusos o uso excesivo de la fuerza fueron puesta a disposición de la Fiscalía» y que su Gobierno hará «todos los esfuerzos para que no haya impunidad, ni para los que vulneran los derechos humanos ni para los violentistas».
«En democracia no podemos tolerar ninguna forma de violencia, la violencia y las amenazas son incompatibles con una sociedad democrática», añadió el gobernante, en el poder desde marzo de 2018.
La principal apuesta política para descomprimir la crisis es el plebiscito del próximo 25 de octubre, inicialmente convocado para abril pero pospuesto por la pandemia y donde los chilenos podrán decidir si reemplazan o no la actual Constitución y que órgano redactaría el eventual nuevo texto.
Heredada de la dictadura militar, la Carta Magna es vista por parte de la sociedad como el origen de las grandes desigualdades socioeconómicas del país por su corte neoliberal y por darle un papel secundario al Estado en la provisión de servicios básicos.
«Esta crisis representa una oportunidad para lograr un acuerdo constitucional que permita que nuestra Constitución sea un gran marco de unidad, estabilidad y proyección hacia el futuro», apuntó Piñera, a menos de un mes del aniversario del estallido y de la celebración del referéndum.
Las protestas, multitudinarias en octubre y noviembre, fueron perdieron fuelle durante el verano austral y se suspendieron por la pandemia, aunque en las últimas semanas ha habido concentraciones minoritarias en Plaza Italia, una rotonda de Santiago convertida en epicentro de la revuelta.
EFE
