Tras 25 años, la justicia ordinaria colombiana no ha sido capaz de determinar los responsables materiales de la muerte de Manuel Cepeda, exdirigente de la Unión Patriótica. Hoy sus familiares, en calidad de víctimas, piden que este caso sea tratado por la Justicia Especial para la Paz (JEP).

Manuel Cepeda Vargas fue un abogado, periodista y político quien llegó a ocupar una curul en la Cámara de Representantes de Colombia por el partido Unión Patriótica. Antes de esto integró el Partido Comunista Colombiano (PCC), e incluso fue encarcelado por su militancia.

No obstante fue liberado y continuó con su carrera política, con la que se erigió como uno de los dirigentes políticos de izquierda más importantes del país para la época. Llegó al congreso colombiano e hizo parte del Senado.

Cepeda vivió en una época turbulenta en la que pertenecer a un movimiento de izquierda ya significaba tener una persecución en su contra, e hizo parte del movimiento Unión Patriótica que fue cazado desde finales de los 80 hasta terminar casi en su extinción.

Para julio de 1993, cuando Cepeda ya hacía parte de la Unión Patriótica, este dirigente junto con otros del mismo movimiento denunciaron ante el gobierno de la época un plan de exterminio que se conoció como el “Golpe de gracia”, que pretendía asesinar y exterminar a aquellas personas que hicieran parte de los movimientos de izquierda en Colombia.

El gobierno de César Gaviria, no obstante, desestimó cualquier denuncia que se hizo de este supuesto plan con el argumento de que se trataba de una estrategia de la izquierda para acrecentar su votación en las elecciones de 1994.

Por esta época fue que asesinaron a José Miller Chacón, en ese momento presidente de la Unión Patriótica. Luego atentaron con un misil contra el vehículo de Aída Avella, quien reemplazó a Chacón en el cargo al frente del movimiento. Avella salió ilesa de este atentado, pero fue obligada a exiliarse fuera de Colombia.

El asesinato de Manuel Cepeda ocurrió el 9 de agosto de 1994. Varios sicarios que aún no han sido identificados abordaron un vehículo Renault 9 y atacaron a Cepeda a escasos metros de su residencia en el occidente de Bogotá.

Este crimen, parte de la ola de violencia contra la Unión Patriótica, fue declarado como crimen de lesa humanidad y se sabe que hay funcionarios del Estado que estuvieron involucrados en él. Justo Gil Zúñiga y Hernando Mejía, agentes del Estado, fueron condenados a 41 años de prisión por formar parte de los autores intelectuales del asesinato de Cepeda.

Hay otra declaración del líder paramilitar don Berna que vincula a Carlos Castaño y al exdirector del DAS José Miguel Narváez con la muerte de Cepeda. Según don Berna, existió una reunión entre Castaño y Narváez en la que se habló del homicidio de Jaime Garzón y de Cepeda. Una de las razones de la muerte de este último fueron las denuncias que hizo por el plan “Golpe de gracia”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos consideró que en el momento el Estado colombiano no fue diligente con la investigación de homicidio de Manuel Cepeda al no proceder de manera correcta con las investigaciones pertinentes, obstruir la justicia y no haber reparado a los familiares por el hecho. Estas razones hicieron que el crimen fuera referido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Este alto tribunal, luego de una deliberación, declaró culpable al Estado colombiano por el asesinato del líder de la Unión Patriótica. En 2011 el ministro del Interior Germán Vargas Lleras admitió en público ante el Senado y la Cámara que en el homicidio de Manuel Cepeda participaron agentes del Estado y que este tuvo responsabilidad en el hecho.

En 2014 la Fiscalía declaró a este y a otros crímenes como delitos de lesa humanidad, por lo que no puede prescribir ante la justicia ordinaria.

Aunque este crimen no ha prescrito, los abogados de la familia Cepeda le están solicitando a la JEP que el caso entre a este tribunal para que sea juzgado allí y se conozca la verdad de los autores materiales del hecho. Piden que los hijos del difunto congresista sean reconocidos como víctimas y que funcionarios del Estado en ese entonces comparezcan ante la JEP.

Mientras todo esto se resuelve, se conmemoran 25 años de la muerte de uno de los dirigentes políticos de izquierda más reconocidos de la historia reciente colombiana.