El riesgo y la amenaza que padecen los líderes sociales, líderes comunales y defensores de Derechos Humanos en el territorio antioqueño van al alza, principalmente desde la firma del Acuerdo de Paz entre las Farc y el Gobierno Nacional en noviembre de 2016.
En el informe sobre el “Nivel de Riesgos de las y los Líderes Sociales y Comunales de Antioquia”, en el primer semestre de 2018, el Observatorio del Nivel de Riesgo a la labor de Defensores, Defensoras, Líderes, Lideresas Sociales y Comunales en Antioquia se plasma el difícil contexto en el que se desenvuelve la labor de estas personas.
En la publicación, de la Fundación Sumapaz en asocio con la Corporación Jurídica Libertad (CJL) para el Nodo Antioquia de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU) y el Proceso Territorial de Garantías de Antioquia 2018-1, se pueden leer algunos elementos que aportan desde la sistematización, la comparación y la cuantificación, el balance general del primer semestre y cierre al 30 junio de 2018.
Advierte el documento que aunque la construcción de la paz sigue vigente en el país, la nueva transformación de la presencia paramilitar en Antioquia es una realidad que no solo amenaza con violencia, sino que es la violencia misma.
Agrega que el 96% (121) de los municipios en Antioquia reportan presencia de al menos un grupo paramilitar, la reincidencia y permanencia de estas mutaciones armadas, la completa ausencia y la falta de coherencia de la institucionalidad colombiana para ejercer soberanía en los territorios, principalmente en aquellos donde yacía la guerrilla de las Farc-Ep.
Esta es una de las causas más poderosas que permitieron el fortalecimiento y expansión de estructuras como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia AGC, Los Caparrapos y otras organizaciones armadas funcionales a las anteriores, con el agravante de que mantienen toda esa estrategia de connotación paraestatal.
Aborda el texto las cifras alarmantes que entregó la Defensoría del Pueblo y que señalan que 311 personas que dedicaban su vida a la labor de los derechos humanos o de liderazgos fueron silenciadas entre el año 2016 y el 30 de junio del año 2018.
Según esa estadística, cada 3 días es asesinado un líder en el país. Los departamentos que más cerca están de este flagelo son Cauca con 78 homicidios (24.5% de los casos), Antioquia 43 homicidios (14.2%), Norte de Santander 21 asesinatos (6%), Nariño 18 casos (5.7%), Chocó 16 asesinatos (5.2%), Risaralda 14 homicidios (4.2%) y Arauca 13 homicidios (4%).
Las cifras denotan aumento. Mientras en el primer semestre del 2017 ocurrieron 117 agresiones (Sumapaz, 2017), este año en este reporte han ocurrido por lo menos 173 ataques, lo que representa un incremento del 48%. De la misma manera, las amenazas individuales aumentan en un 89%.
El documento hace referencia a un artículo publicado en el sitio web Contagio Radio (http://www.contagioradio.com/hay-sistematicidad-en-asesinatos-a-lideres-sociales-en-colombia-articulo-54538/) y que reseña el aumento de los asesinatos de líderes sociales en el país y la falta de acciones por parte del Gobierno para garantizar la protección de los mismos.
En el trabajo periodístico se consultó a Alberto Yepes, integrante de la Coordinación Colombia, Europa, Estados Unidos que agrupa a más de 300 organizaciones defensoras de derechos humanos, quien afirmó que la importancia de que se acepte una sistematicidad en los homicidios radica en un cambio en las investigaciones sobre estos hechos que podría dejar a la luz quienes son los responsables.
El artículo señala que el primer patrón que puede determinar la sistematicidad en el asesinato a líderes sociales, tiene que ver con las características de ese liderazgo que compartían las personas, ya que realizaban actividades de denuncia frente a violación de derechos humanos, eran víctimas de restitución de tierras, apoyaban la sustitución de cultivos de uso ilícito, entre otras actividades.
El escrito periodístico se refiere al modus operandi sobre cómo se comete el asesinato como la segunda medida, que según Yepes, generalmente es efectuado por hombres que hacen parte de grupos sicarales, que han realizado un plan previo de seguimiento al líder para determinar la mejor manera de llevar a cabo su cometido.
Para Yepes, si el Gobierno reconoce la sistematicidad detrás de los asesinatos a líderes en primera medida se podría investigar los casos conjuntamente y no por separado, como actualmente se hace. Además, señaló que podría existir un avance mucho más contundente sobre los responsables intelectuales.
“La sistematicidad lo que significa es que detrás de los asesinatos hay un plan, es decir hay unas estructuras que decidieron llevar a cabo un plan de exterminio a líderes sociales en el país” afirma Yepes.
El informe contiene las recomendaciones que diferentes observatorios, asociaciones y corporaciones de líderes sociales, campesinos y de defensores de derechos humanos, entre ellos Corpades, hacen al Estado colombiano para preservar la vida de los líderes.
Entre las recomendaciones está fortalecer todas las instituciones y entes de control del Estado colombiano y ponerlas al servicio de los ciudadanos.
Estos entes de control deben velar, hacer seguimiento e incidir en que el Gobierno aplique acciones eficientes por prevenir y proteger la vida de las y los defensores de Derechos Humanos.
Tanto Corpades como Análisis Urbano estamos de acuerdo en que, al igual que lo manifiestan las corporaciones y asociaciones de líderes campesinos, comunales y sociales del país, así como de defensores de Derechos Humanos, la paz debe ser el único camino para el fortalecimiento de la democracia.
Y también le pedimos al Estado colombiano que reanude lo más pronto posible los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional y que se elabore con prontitud una política de sometimiento de estructuras armadas urbanas, política que consulte la realidad, lo que realmente ocurre en las calles de ciudades como Medellín.
