Con relación al asesinato de María del Pilar Hurtado, delante de sus hijos, ocurrido el día viernes 21 de junio en horas de la mañana en Tierralta Córdoba; hecho que lamentamos profundamente, nos solidarizamos con el dolor de patria en el que está el pueblo Colombiano con la impotencia que se siente al ver a su hijo inundado de desesperanza.

Desde luego rechazamos la muerte, condenamos la violencia y sobre todo las claras muestras de tergiversación que desde la institucionalidad local en cabeza del alcalde Fabio Otero Avilés han realizado para restar valor al hecho luctuoso, y, con ello se pretenda dañar la labor que ejerce el Defensor Andrés Chica Durango, quien es integrante de nuestra organización campesina y además el responsable nacional de Derechos Humanos para la ANZORC.

En hechos recientes, mediante el tweet el alcalde Fabio Otero Avilés señaló directamente a nuestro defensor como responsable de acciones “políticas” en su contra; con ello azuza a los violentos que se han perpetuado en Tierralta, para el caso las autodenominadas “Autodefensas Gaitanistas de Colombia” AGC o “Clan del Golfo” u otras a que determinen acciones en contra de la vida del Defensor Andrés Chica Durango o de su familia.

Andrés Chica Durango cuenta con medidas cautelares de la CIDH desde el 5 de mayo del 2018, es también director de Cordoberxia y coordina en el departamento de Córdoba varios escenarios de Derechos Humanos y Construcción de Paz territorial.

Por tanto condenamos la desviación de la verdad y justicia en la que se ha empeñado el Alcalde Fabio Otero Avilés.

Solicitamos a las organizaciones sociales y populares, a los organismos nacionales e internaciones de Derechos Humanos solidaridad para blindar y requerir garantías para la Vida e integridad de nuestro Defensor Andrés Chica Durango.

Hacemos responsable al Alcalde Fabio Otero Avilés por la realización o materialización de cualquier acto que agreda la vida e integridad del Defensor Andrés Chica o su familia.

Con información de Prensa Rural