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Las autoridades también plantean que el hecho podría ser por retaliación personal de un miembro del ‘clan del Golfo’ contra Hurtado. Fuentes del caso manifestaron que una expareja de la mujer habría estado vinculada a una banda delincuencial, hecho que es materia de investigación y que se convierte en una ficha para esclarecer el crimen. De esta manera, se piensa que podría existir un tema de ajuste de cuentas.

El comandante de la Policía Córdoba, coronel Jairo Baquero, respaldó esta versión: “El 2 de junio apareció un panfleto circulando en el municipio de Tierralta, donde amenazan a siete personas determinadas. Estas personas recibieron las medidas de protección de la Policía Nacional (…). La persona asesinada el día de ayer no está en este listado, creemos nosotros que esta no es la consecuencia de su muerte, tenemos cuatro hipótesis delictivas adicionales”.

Además, la emisora de la Universidad del Cauca, Unicauca Estéreo, publicó en su cuenta de Twitter apartes de una entrevista con Rocío Pérez, coordinadora de la Mesa Municipal de Víctimas de Puerto Tejada e integrante de la Mesa Departamental de Víctimas en el Cauca, donde asegura que Hurtado sí era lideresa y estaba amenazada también en el suroccidente del país.

Uno de los lotes en disputa es de propiedad del alcalde de Tierralta, Fabio Otero. El terreno está ubicado a un costado del barrio 9 de Agosto, en la vía que del casco urbano conduce a la hidroeléctrica Urrá, precisamente frente a la casa de María del Pilar Hurtado Montaño.

Andrés Chica Durango cuenta con medidas cautelares de la CIDH desde el 5 de mayo del 2018, es también director de Cordoberxia y coordina en el departamento de Córdoba varios escenarios de Derechos Humanos y Construcción de Paz territorial.