Antioquia, Colombia, 20 septiembre de 2022.- El Nordeste de Antioquia ha sido y sigue siendo un epicentro de violencia extrema, sembrada por todos los actores armados que hostigan a la población.
Producto de las violaciones a los derechos humanos se siguen disparando los casos de homicidios, desplazamientos forzados, desapariciones, amenazas, extorsiones, reclutamientos forzados, ataques contra la fuerza pública, violencias basadas en género y una crisis humanitaria sin control.
Para entender estas dinámicas, es necesario mirar aquellos aspectos que determinan el interés de los grupos armados por las rentas de la explotación de los recursos naturales, los corredores estratégicos de movilidad y una lamentable historia de ingobernabilidad por ausencia de un Estado que debería ser garante de las comunidades.
Hay preguntas para cuestionar el papel de la fuerza pública, de la Fiscalía General de la Nación, del Ministerio Público, la Gobernación de Antioquia y el Estado colombiano.
¿Qué grupos armados hay en el Nordeste de Antioquia?
- Grupo guerrillero del Ejército de Liberación Nacional ELN:
Frente De Guerra Darío Ramírez Castro, Frentes José Antonio Galán, Compañero Tomás, Héroes y Mártires de Anorí, Capitán Mauricio, Guamocó (Anorí), Edgar Amilkar Grimaldo (Magdalena Medio y Nordeste), Compañía María Eugenia Vega (Amalfi, Remedios, Segovia) y compañía Móvil Anorí.
- Grupos de Disidentes de las FARC-EP:
Bloque Magdalena Medio Frente 36 y Frente 4º
- Paramilitares de las AGC:
AGC – Frente Jorge Iván Arboleda Garcés, AGC –Bloque Roberto Vargas Gutiérrez (con Bajo Cauca).
- Otros grupos armados:
Libertadores del Nordeste (LDN), Bloque Virgilio Peralta Arenas (Caparrapos), Los Urbanos.
El dominio territorial de los municipios del Nordeste es disputado por fuertes grupos paramilitares, guerrilleros, disidencias y estructuras armadas organizadas, que también vulneran los derechos humanos de las comunidades.
Esta situación que se viene presentando con mayor intensidad desde el año 2020, fue recogida por el Informe de Alerta Temprana de la Defensoría del Pueblo N°023-2022, poniendo en evidencia una crisis humanitaria e institucional constante.
No ha sido la primera vez que la Defensoría se refiere a esta región. Los informes 052-18, 004-22, muestran un panorama complejo en materia de derechos humanos en la que líderes y lideresas sociales, comunales, integrantes de Juntas de Acción Comunal, sindicalistas, mineros ancestrales e informales, firmantes del acuerdo de paz en proceso de reincorporación y sus familiares, líderes políticos, campesinos y campesinas, integrantes del PNIS, comerciantes formales e informales son las principales víctimas.
El dominio de los actores armados es muy alto. Son muy conocidas las instalaciones de varios retenes y vías de acceso desde y hacia la ruralidad.
Retenes ilegales de las AGC
- Retén en la vía Puerto López- Segovia a la altura de Las Negritas.
- Retenes ilegales en la vía que conduce desde Segovia hacia Cañaveral y Carrizal. En el sector las Cachameras, El Aporriado, El Diamante.
- En el sector La Y.
- Podrían existir otros retenes que no se hemos logrado identificar pero son referenciados por algunas fuentes.
- En las diferentes vías de acceso y veredas tienen instalados los denominados “Puntos” que hacen labores de inteligencia para las AGC.
Integrantes de la estructura paramilitar “Jorge Iván Arboleda Garcés” de las AGC tenían ubicado desde hace varios meses el retén en la vía Segovia-Carrizal, a la altura de la vereda el Aporreado (a 20 minutos de Segovia). El 18 de agosto fue secuestrado el líder comunitario Elmer Lenin Guerra en compañía de otra lideresa comunal. Ella fue dejada en libertad.
Ante la llamada de auxilio de las comunidades a la Policía Nacional y el Ejército Nacional la respuesta de sus comandancias fue: “no podemos hacer nada porque no tenemos condiciones de seguridad”.
El 19 de agosto, un día después de haber sido raptado por los paramilitares de las AGC, fue hallado el cadáver del líder comunal Lenin Guerra. Su cuerpo mostraba signos de tortura.
En el Nordeste de Antioquia la Fuerza Pública hace presencia con la Brigada XIV, el Batallón de Infantería N° 42, Batallón Bomboná, Batallón Vial y Energético N° 8.
Ataques a la fuerza pública
El poderío armado de los grupos le permite a estas estructuras gran movilidad y alcanzar objetivos militares de alto valor.
Ser amos y señores del territorio le da el poder suficiente para decidir cómo, cuándo, dónde y a quién atacar, esta razón se demuestra completamente con cada uno de los hechos denunciados en este portal de noticias.
- Ataque a Policía (Segovia) – Marzo de 2022
- Ataque a Policía en el ETCR La Plancha (Anorí) – Enero de 2022
- Ataque a estación de Policía (Remedios) –Enero de 2022
- Ataque Policía en el ETCR Carrizal (Remedios) –Enero de 2022
- Hostigamiento al Batallón Bomboná en cabecera municipal de Anorí – Diciembre de 2021
- Hostigamiento al Ejército en zona rural de Anorí – Diciembre de 2021
- Hostigamiento a Policía en Anorí – Enero de 2021
Masacres en El Nordeste
Siete masacres en 3 años es un saldo doloroso para una región tan golpeada por la violencia. En 2021 ocurrieron 4 masacres, el municipio con más casos de masacres es Segovia, dejan entrever un poder armado de grandes proporciones que está dispuesto a hacer cualquier cosa contra la población y con capacidad militar.
El riesgo latente sobre la potencial capacidad de los armados por cometer más masacres en la zona.
Homicidios año 2021- 2022 (corte al 31 de agosto 2022)
Las disputas territoriales han logrado que las cifras de homicidios continúen en ascenso.
Durante el 2021 se cometieron 232 homicidios en la subregión de Nordeste, en los primero 8 meses del 2022 se han presentado 170 casos.
En solo 8 meses del año 2022 los municipios de Remedios, San Domingo y Cisneros ya superan el acumulado del 2021.
Durante el 2022 el 87% de los homicidios se cometieron con arma de fuego, el 9,4% con arma blanca y el 3,6% con un objeto contundente.
El 93,5% de los casos las víctimas eran de sexo masculino, el 6,5% de sexo femenino. (Se conocen varios casos de homicidios a población LGTBIQ+).
En el 95,3% de los homicidios las víctimas eran adultos, en los 4,5% de los casos adolescentes. Sin embargo, la población un gran porcentaje de los homicidios se concentran contra personas entre los 16-28 años de edad.
Recurren a la tortura y el desmembramiento de las personas como lo ocurrido el 2 de febrero en el barrio El Hueso y la Piedra del Diablo.
Tasa 2021 y tasa estimada 2022
La tasa regional promedio para los municipios del Nordeste en el 2021 fue del 112,9 casos por cada cien mil habitantes, para el 2022 se proyecta una tasa de 123,8 para el 2022 que mostraría por tercer año consecutivo en aumento en la subregión de Antioquia con tasa más alta.
Los municipios que proyectan una tasa por cada cien mil habitantes más alta son Remedios que pasa de 162,8 a 248,5. Vegachí de 139,0 a 183,5, Anorí de 103,1 a 138,7, Santo Domingo de 71,9 a 119,5, Cisneros de 59,5 a 118,6.
El municipio de Segovia se reduce de 130,0 a 119,7, pero son tasas muy altas comparados con la tasa nacional de cerca de 26,8 por cada cien mil habitantes.
Cifras desaparecidos en Nordeste 2021
Durante el 2021 ocurrieron 18 casos de personas dadas por desaparecidas en el Nordeste de Antioquia.
En los primeros 7 meses del 2022 ya se han presentado 11 casos de desapariciones. En los municipios de Remedios se concentra el 30% de los casos, seguido de Amalfi 20%, Segovia 20% Vegachí 11%, Anorí 11%.
132 Amenazas 2022 (corte 31 de agosto)
Este año se han reportado 132 amenazas en los municipios del Nordeste, el subregistro reina campante debido a circunstancias de desconfianza en las autoridades que no siempre atienden con la diligencia necesaria un problema de intimidación constante de los grupos armados y otras organizaciones del crimen.
En Segovia, Remedios, San Roque y Yolombó las amenazas son una constante. Generalmente las autoridades locales no investigan estos actos, algunas fuentes aseguran que la gente se cansa de ir a denunciar porque la impunidad es muy alta.
Desplazamiento forzado 2021-2022
En cifras de la Unidad de Victimas, se reportaron 583 casos de desplazamientos individuales durante el año 2020. Durante el 2021 ocurrieron 945 casos que mostraron un incremento del 62% en cifras.
Los municipios en los que el aumento ha sido más considerable son Amalfi 356%, Anorí 174%, Remedios 58% y Segovia 8%.
En el municipio de Vegachí se redujo en un 32%.
Delitos sexuales (Corte 31 de agosto)
Los delitos sexuales y violencias de género son una constante en zonas con una alta cultura patriarcal y con algunos factores sociales que mantienen prácticas hacia la violencia sexual.
En la base de datos de la Policía se encuentran relacionados 72 casos de delitos sexuales, la mayoría ocurren principalmente contra mujeres jóvenes y menores de edad.
Extorsiones
El año 2022 ha dejado una cifra de 29 extorsiones en los 10 municipios de esta región. Como se muestra en la gráfica, el municipio de Amalfi tiene más casos de este flagelo, seguido están Segovia, Remedios y Yolombó.
Al igual que en las amenazas, se cree que la ciudadanía no denuncia por los mismos factores de desconfianza y pesimismo en la institución.
¿Qué hacer?
Es claro que los casos de violencia en el Nordeste vienen ascendiendo con gran preocupación y hay que contener cualquier asomo de riesgo a la población. En este aspecto será fundamental el avance en conversaciones que adelanta el Gobierno Nacional con grupos armados para su sometimiento o negociación.
Sin embargo, si no hay un cambio en las estrategias y las capacidades de la Fiscalía General de la Nación, si la Fuerza Pública no depura la posible relación de algunos miembros con grupos armados, si el Ministerio Público no cumple con las funciones encomendadas por la Constitución Política de Colombia, el país seguirá rumbo al precipicio.
El papel de la Gobernación de Antioquia, de las alcaldías municipales y todas las dependencias del Estado colombiano no pueden seguir siendo contemplativas, debe requerir un esfuerzo con todas las capacidades necesarias para mitigar todas las variables que influyen en la generación de la violencia, las condiciones socioeconómicas de las comunidades, la impunidad, el poder armado, la minería ilegal que afectan el orden público y la violación a los derechos humanos de esta ciudadanía ansiosa por la paz.
Estas comunidades merecen un Estado fuerte, coordinado, con planes de prevención y protección para las comunidades, un Estado que busque impedir que los armados sigan violentando los derechos humanos.
No puede existir una vía diferente a que el Estado recupere los territorios con acciones claras sobre la seguridad humana, la reivindicación de los derechos humanos, económicos y políticos, como debe ser en cualquier democracia.
Otro aspecto fundamental es mejorar los mecanismos de protección para la seguridad de líderes sociales, pero también acabar con todos los escenarios de peligro, porque el ideal es que se puedan expresar libremente sin que esto genere riesgos.
Indudablemente, las recomendaciones de las Alertas Tempranas deben ser vinculantes, vigiladas por la Procuraduría General de la Nación y aquellas instituciones que no cumplan con las recomendaciones deben ser sancionadas.
La demagogia derrama mucha tinta en los escritorios, derrama mucha sangre en el territorio.
A.U.
