Alianza de instituciones exige atención estatal para los huérfanos por feminicidios en Bolivia

FECHA:

La Paz, 23 de enero de 2024.- Más de cincuenta instituciones civiles formaron una alianza en Bolivia para promover una ley que garantice la atención gubernamental para los niños y adolescentes que quedan huérfanos como consecuencia de un feminicidio, ante el «abandono» en que aseguran que el Estado les ha tenido en los últimos 11 años.

La Alianza Nacional por los Niños, Niñas y Adolescentes Huérfanos de Feminicidio nació ante la necesidad de unir esfuerzos para «exigir al Estado que cumpla su deber de atención con las víctimas del feminicidio, que son estos niños», dijo a EFE la representante de la Fundación Voces Libres, Mercedes Cortez.

«Algunos de ellos han sido testigos incluso del propio delito, otros han vivido durante muchos años en estos círculos de violencia que han ido evolucionando», alertó Cortez, cuya institución es parte de la alianza.

En muchos casos, los padres o padrastros de los menores son los perpetradores del delito, por lo que acaban en prisión o algunos se suicidan, y los hijos terminan perdiendo a ambos progenitores.

Según Cortez, en un primer momento, «todos los familiares quieren hacerse cargo de ellos, pero después de que pasa la mediatización y la consternación», los menores son vistos como una «carga».

Las entidades agrupadas en la alianza vieron con preocupación que ni el Código Niña, Niño y Adolescente, ni la ley contra la violencia hacia las mujeres promulgada en 2013, ni la Constitución boliviana «hablan de qué se debe hacer para estos niños», agregó.

«Son once años de abandono de los niños huérfanos de feminicidio», un abandono tal que estos menores «ni siquiera son un dato oficial del Estado», pues no hay una entidad que se encargue de llevar un registro oficial, lamentó.

Cifras

A falta de datos oficiales, las organizaciones civiles han hecho sus propias estimaciones de la cantidad de huérfanos por feminicidio, que desde 2014 a la fecha superan el millar, sin tener en cuenta los casos que no se conocen públicamente.

La Fiscalía boliviana reportó que en 2023 hubo en el país 81 feminicidios.

El Observatorio para la Exigibilidad de los Derechos de las Mujeres, que también integra la alianza, llevó registro de 93 menores que quedaron huérfanos como consecuencia de los feminicidios entre enero y los primeros días de diciembre de 2023.

Recordó que antes hubo tres proyectos de ley que buscaban protección para los huérfanos por feminicidios, pero que fueron rechazados, uno de la Defensoría del Pueblo, otro de la carrera de Trabajo Social de la estatal Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y el tercero de un grupo de diputados.

Según la abogada, estos proyectos no prosperaron por la oposición del Ministerio de Economía, que en su momento dijo «que no había recursos», y el de Justicia por un tema de competencias, y como no hubo un movimiento masivo que reclame por el asunto, «esto ha quedado en el abandono».

La propuesta

Una delegación de estas entidades sostuvo el miércoles una reunión con diputadas de la Comisión de Derechos Humanos quienes les expresaron «su predisposición» para retomar el tratamiento de la norma.

A partir de sus propias experiencias con estos casos, la alianza plantea que la ley otorgue a los menores una beca económica que no sea menor al 20 % de un salario mínimo nacional, que actualmente es de 2.362 pesos bolivianos (unos 339 dólares), explicó Cortez.

El Estado también deberá darles becas alimenticias, atención en salud totalmente gratuita, un plan de vivienda, acceso prioritario a educación «en cualquier momento del año y sin restricción», además de facilidades para que puedan continuar sus estudios superiores.

La abogada señaló que para cubrir estos beneficios, se calcula que se requerirán unos 3 millones de dólares anuales, que no son «una cifra exorbitante» si se tiene en cuenta el gasto que realiza el Estado en otras áreas.

La alianza se volverá a reunir con las diputadas el próximo 1 de marzo, para cuando esperan tener elaborado el anteproyecto de ley que reúna «lo mejor» de los proyectos ya presentados y las nuevas propuestas de todas las organizaciones, que en esta ocasión no aceptarán un no de las autoridades, concluyó.

EFE

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