El día de su captura, el ahora condenado fue seguido por las autoridades que ya tenían información de una fuente humana en la que daban cuenta del dinero que llevaba consigo.
Bogotá, Colombia, 24 enero de 2025.- En un operativo conjunto entre la Fiscalía General de la Nación y el Gaula del Ejército Nacional, fue capturado Néstor Julián Moreno Martínez, conocido con los alias de Néstor, el Gordo o El Calvo, en la localidad de Fontibón, al occidente de Bogotá. El hombre deberá cumplir una condena de 5 años de prisión como cómplice del delito de lavado de activos.
La sentencia fue emitida por un juez penal especializado del circuito de Bogotá, luego de que la Fiscalía demostrara que Moreno Martínez transportaba, al momento de su captura en el norte de Bogotá, más de 525 millones de pesos en efectivo, cuya procedencia lícita no pudo justificar.
Pruebas del caso
Interceptaciones telefónicas y otras labores de policía judicial revelaron que Moreno Martínez coordinaba, vía telefónica, el movimiento de dinero relacionado con una organización criminal. Esta red ilegal estaba involucrada en delitos como secuestro, extorsión y tráfico de estupefacientes, enviando cargamentos desde Colombia hacia España y México.
Sanciones adicionales
Además de la condena a prisión, el juez impuso una multa de 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. También se decretó la inhabilitación para ejercer derechos y funciones públicas por el tiempo equivalente a la duración de la sentencia.
Las autoridades reiteraron que la captura de Moreno Martínez es un paso importante en la lucha contra las redes de crimen organizado que afectan la seguridad nacional e internacional.
A.U.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.