Johannesburgo, 19 feb – Tras dos años de larga espera desde la aprobación de la despenalización de las relaciones entre personas del mismo sexo por parte del Parlamento de Angola, la comunidad LGTB angoleña respira, por fin, aliviada gracias a la entrada en vigor este mes del nuevo código penal del país.
«Aliviados. Estamos aliviados (…). En Angola, hasta ser aprobado el código han pasado dos años de espera, pero ahora que ya ha salido la idea es de que ‘finalmente han cumplido’, que era lo más importante», explica a Efe por teléfono desde Luanda, Carlos Fernandes, activista pro derechos LGTB (lesbianas, gays, transgénero y bisexuales) y líder de la Asociación Iris Angola.
La aprobación de la despenalización de las relaciones homosexuales se remonta a febrero de 2019, cuando el Parlamento del país africano aprobó su primer código penal desde la independencia de Portugal en 1975.
El retraso de dos años hasta la entrada en vigor de esta histórica medida lo ha provocado, paradójicamente, la lucha contra la corrupción, ya que desde entonces las leyes tuvieron que ser debatidas de nuevo para aumentar las penas contempladas inicialmente por este tipo de delitos, muy extendidos en Angola.
LEYES QUE DATABAN DE HACE 135 AÑOS
La espera de la comunidad LGTB angoleña terminó oficialmente el pasado 11 de febrero, cuando, al fin, entró en vigor la nueva normativa.
Anteriormente, Angola se regía aún por un corpus de leyes que databa nada menos que de 1886 y que castigaba, con penas de seis meses a tres años de cárcel, a quienes practicasen «actos contra natura».
Esta es una fórmula muy utilizada en las legislaciones africanas para criminalizar las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo.
Si bien en Angola no había, en la práctica, una persecución legal real contra los homosexuales -de hecho, importantes personajes públicos, incluso uno de los hijos del anterior presidente, José Eduardo dos Santos (1979-2017), reconocen públicamente su homosexualidad-, para la comunidad esta ley supone la «oportunidad» de empezar a luchar contra otras barreras estructurales.
Sobre todo, activistas como Fernandes hablan de combatir la «discriminación» que, aunque no se vea tanto en la esfera pública, sí que se da en los ámbitos privados, especialmente en las zonas más rurales y menos desarrolladas del país.
«Hay respeto, pero las cosas cambian un poco cuando el gay está en tu casa. Mientras sea en las casas de los otros no hay problema», explica el líder de la Asociación Iris, grupo que no solo fue uno de los principales impulsores de la despenalización, sino que en 2016 había hecho ya historia convirtiéndose en la primera organización LGTB reconocida oficialmente en el país austral africano.
Ahora, Iris centrará sus objetivos en «ocupar espacios» sociales nuevos, explica Fernandes, para que la comunidad LGTB deje de ser considerada un «grupo al margen» en temas como la educación o la salud, pero también para concienciar a la población en general.
«El principal problema es la familia, cómo entablar diálogos con las familias para que sean un soporte», opina el activista angoleño.
«(La despenalización) no significa que los problemas vayan a desaparecer, significa que ahora van a tener un mecanismo legal para defender sus derechos», declara a Efe, en el mismo sentido, la investigadora de Human Rights Watch (HRW) Zenaida Machado.
PENALIZACIÓN DE LA HOMOFOBIA
El nuevo código penal angoleño no sólo elimina las menciones potencialmente discriminatorias de los «actos contra natura», sino que, en un giro de 180 grados, pasa a castigar la homofobia.
«Esta es una de las herramientas más importantes que podrán tener para poder conseguir una carrera, oportunidades de trabajo (…)como cualquier otro angoleño», recalcó Machado.
«Con suerte, esto incentivará a la comunidad LGTB a continuar peleando por sus derechos, por una sociedad más justa que los mire de la misma forma que mira a los demás», agrega la investigadora.
Con la despenalización de la homosexualidad, Angola se suma al club de países del sur de África que en los últimos años han estado demostrando al continente que, pese a los prejuicios que todavía impregnan buena parte de sus sociedades, el Estado puede diseñar sociedades más inclusivas y tolerantes.
En esa lista figuraban ya naciones como la pionera Sudáfrica (que en su primera Constitución democrática de 1996 ya especificaba el derecho de la comunidad LGTB a no ser discriminada), Mozambique (despenalización en 2015) o Botsuana (en 2019).
En el lado opuesto de la balanza figuran todavía más de la mitad de los países de África, con casos como Tanzania o Zambia, donde la ley criminaliza expresamente la homosexualidad.
Angola, sin embargo, aún tiene mucho que trabajar en otras áreas como la protección de la comunidad trans, que sigue sin tener reconocimiento oficial incluso respecto al cambio de nombre legal.
«Para la comunidad trans es muy pesado (duro), porque no tiene casi ningún soporte. Hasta sus tratamientos hormonales los tienen que hacer de formas no apropiadas, con gente que no son técnicos», detalla Fernandes.
Este grupo es, además, blanco frecuente de violencia y, solo en diciembre pasado, Angola tuvo que lamentar el asesinato de un hombre y una mujer trans en distintos puntos del país.
Por el momento, no hay, sin embargo, cambios previstos a corto plazo para este vulnerable sector social.
