MEDELLÍN, COLOMBIA (6 ABR 2024) – En una decisión que refleja el firme compromiso de la justicia colombiana con el castigo a los crímenes violentos, Angie Michell Mazo Castañeda ha sido condenada a 32 años y 11 meses de prisión por su participación en el brutal asesinato de Blanca Inés Giraldo Castrillón, una taxista de 52 años. Este lamentable suceso ocurrió en la madrugada del 28 de septiembre de 2022, en el barrio La Asomadera de Medellín, marcando profundamente a la comunidad y a la ciudad.
Mazo Castañeda, junto con un adolescente de 17 años, perpetraron un ataque con arma blanca contra Giraldo Castrillón con el objetivo de robarle sus pertenencias. La investigación, llevada a cabo por la Unidad de delitos contra la vida de la Fiscalía, reveló que la víctima sufrió 39 heridas en diferentes partes del cuerpo, además de ser despojada de aproximadamente 500.000 pesos.
La severidad de la pena impuesta a Mazo Castañeda es testimonio de la gravedad del crimen, por el cual fue condenada por homicidio agravado, hurto calificado y agravado, y uso de menores para cometer delitos. Esta sentencia se dictó luego de que la acusada aceptara los cargos en la audiencia de acusación, enfrentando así las consecuencias de sus acciones.
En un caso relacionado, el adolescente involucrado ya ha sido sancionado a más de 5 años de privación de la libertad en un centro especializado, procesado por homicidio agravado y hurto calificado y agravado, destacando el enfoque de la justicia colombiana en responsabilizar a los jóvenes infractores de manera adecuada.
Este fallo no solo procura cerrar un capítulo doloroso para la familia de Blanca Inés Giraldo Castrillón, sino que también envía un mensaje contundente sobre la intolerancia de la sociedad ante la violencia y el robo, y abre un debate sobre la judicialización de criminales y delincuentes menores de edad, y cuándo deberían ser impuestas medidas más severas para ellos.
Es necesidad abordar con urgencia la violencia juvenil en las comunidades, así como también reforzar el papel de las instituciones en proveer rehabilitación y oportunidades de reintegración social para los jóvenes infractores.
Se espera que este caso sirva de advertencia para aquellos que contemplen cometer actos similares.
A.U.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.